POLÍTICA
¿Quiénes son los políticos que están detrás del escándalo de Centros Poblados y el MinTIC?
En medio de su renuncia al ministerio de las TIC, Karen Abudinen reiteró que ha venido denunciando quiénes son los responsables.
La exministra de las TIC renunció en la noche de este jueves luego de que el presidente Iván Duque le hiciera la solicitud. “Haber trabajado con disciplina y entrega en el Gobierno me llena de orgullo. Hoy me retiro adolorida por las circunstancias que el país conoce, pero con la tranquilidad del deber cumplido”, aseguró Karen Abudinen.
En medio de su discurso reiteró que venía haciendo una serie de denuncias sobre quiénes son los responsables de la Unión Temporal y que habría políticos detrás de estos contratos. “La sociedad colombiana contará con los suficientes elementos de juicio que le permitirán poner su mirada sobre los verdaderos responsables, unos ya identificados, otros todavía mimetizados tras sus protectores y patrocinadores políticos”, dijo la entonces ministra.
Pero, ¿de quiénes se trata? A pesar de que no se ha revelado toda la información, por las investigaciones que adelantan los entes de control y de justicia, Abudinen ha venido hablando de ellos en diferentes espacios. En el Congreso, en medio de un debate de control político hace unos días, dio a conocer quiénes integran la Unión Temporal Centros Poblados, a los que calificó de “tramposos”.
La Fundación de Telecomunicaciones, Ingeniería, Seguridad e Innovación, que representa el 35 % de la unión, está a cargo de Robert Antonio Gómez Cuello; ICM Ingenieros S.A.S., con el 35 % de representación, es de Herles Rodrigo Ariza Barragán; Intec de la Costa S.A.S., con el 15 %, es de Hugo Armando Canabal Hoyos, y Omega Buildings Constructora, con el 15 %, es de Rafael Enrique Romero Payares.
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Abudinen señaló que algunos de estos contratistas han logrado obtener proyectos del Estado con diferentes administraciones en todo el país. “Estamos hablando de 4 billones de pesos en total que han contratado en los últimos años”, afirmó la ministra.
En medio del debate de moción de censura se conoció que la Alcaldía de Bogotá tiene un contrato activo con Intec, pero también hay otras administraciones y entidades que han suscrito contratos con estas firmas como la Gobernación de Norte de Santander, Invías, la Alcaldía de Valledupar, entre otros.
En medio del escándalo también se ha conocido que hay vínculos con condenados por el escándalo del Carrusel de la contratación en Bogotá. Allí se menciona a Emilio Tapia, el exdirector del IDU Inocencio Meléndez y el exgobernador de Cundinamarca Álvaro Cruz.
En el caso de Tapia, se ha conocido que tiene estrecha cercanía con Intec, ya que el fundador de esta firma fue José Fernando Lorduy, cuñado del contratista vinculado al Carrusel. Asimismo, ha trascendido que Tapia es cercano a Herles Rodrigo Ariza, director de ICM Ingenieros, cargo que ostenta desde el 10 de diciembre de 2020, posterior a la firma del contrato.
Con respecto al exgobernador de Cundinamarca Álvaro Cruz, ha trascendido que el representante legal de ICM Ingenieros es Jorge Iván Rozo, hermano de Zoraida Rozo, esposa de Cruz. A eso se le suma que luego de unos cambios en la composición de la firma, quedó como integrante Luis Guillermo Mesa, socio de Cruz en la compra del 25 % de un lote de 7,5 millones de dólares en Estados Unidos.
El abogado Inocencio Meléndez, condenado por el Carrusel, también terminó relacionado en este caso por un correo electrónico enviado por Luis Fernando Duque, representante legal de Centros Poblados. Duque ha explicado que se debe a que se están asesorando de una firma en la que trabaja Meléndez.
Estos relacionamientos también fueron revelados por la congresista Katherine Miranda en medio del debate de moción de censura contra la MinTIC en el Congreso. Según dijo la congresista, la hermana de José Fernando Lorduy tuvo una relación con Emilio Tapia.
La congresista agregó que Karen Estefanía Pupo Benito, quien actualmente es la suplente del representante legal de Omega, perteneció al equipo legislativo de la senadora Dayra Galvis, de Cambio Radical.
Además, habría otros congresistas involucrados sobre los que se espera mayor contundencia en las pruebas para conocer de quiénes se trata.
En medio de todos los relacionamientos, la justicia y los entes de control adelantan las investigaciones para esclarecer quiénes están detrás de estos polémicos contratos y los políticos que estarían involucrados.
La ministra Abudinen señaló que se va con la esperanza de que la administración de justicia tome las decisiones pertinentes contra quienes defraudaron al país. “Los autores de este episodio tienen que ser sancionados ejemplarmente. Abundan todas las evidencias que confirman el actuar ilegal de unos actores privados que se conectaron con algunos servidores públicos, hechos que denuncié oportunamente”, comentó.
Dijo que su misión en medio del escándalo habría sido “desenmascarar” a quienes han cometido estos abusos y actos de corrupción y que por eso tomó decisiones como la caducidad del contrato, los embargos y atender las solicitudes de las autoridades y de los entes de control.
“Procedí con honradez y transparencia. Los que hoy se satisfacen lanzando humillaciones en mi contra, algún día cuando se imponga la verdad en todo su esplendor, reconocerán su error”, comentó Abudinen.
