“Quiero que el nombre de mi hijo quede limpio”: víctimas en Huila de ‘falsos positivos’ claman por dignidad

Los familiares de las víctimas de asesinato o desaparición forzada que fueron presentados como bajas en combate por agentes del Estado en Huila expusieron sus demandas de verdad, de reconocimiento de responsabilidad y una serie de observaciones a las más de 100 versiones de miembros de la Fuerza Pública por estos crímenes investigados en el denominado Caso 03 de la JEP.

La audiencia de observaciones del subcaso Huila, en el que se estima un universo de cerca de 130 crímenes perpetrados entre 2005 y 2008, conjugó el escenario judicial con lo simbólico. A través de tejidos, fotografías y testimonios sobre las víctimas quedaron registrados sus sueños truncados y el impacto en la vida de madres, padres, hermanas, esposas e hijos después de padecer estos crímenes.

Allí las familias reiteraron que buscan que se recupere el buen nombre de sus seres queridos y se restablezcan sus derechos vulnerados. También esperan que, además de conocer la verdad de los hechos, puedan comprender la razón por la que sus familiares fueron asesinados de esta manera: ¿por qué los escogieron a ellos si eran campesinos, recolectores de café, ayudantes de construcción, comerciantes o artistas que no tenían ningún tipo de vínculo con grupos ilegales?, se preguntan las víctimas.

“Yo quiero que el nombre de mi hijo quede limpio, que esto no le siga sucediendo a nadie. Es doloroso, este hijo era el que veía por nosotros, era nuestra mano derecha para todo”, dijo Dioselino Charry, padre de Dagoberto Charry, quien fue asesinado en un falso retén militar que él mismo calificó como una “emboscada” durante su declaración en la audiencia.

Los magistrados Alejandro Ramelli, Catalina Díaz y Óscar Parra, relatores del Caso 03 de la JEP, destacaron la intervención de las víctimas en estos espacios propios de la justicia transicional. Con las observaciones y reacciones de las familias a lo dicho por los comparecientes será posible también determinar con precisión el lugar, los autores y las circunstancias en las que se perpetraron las violaciones, como también esclarecer las motivaciones de sus perpetradores y el contexto o plan en el que se insertaron los ataques. “Esta es una oportunidad para que ustedes le cuenten al país lo que pasó en Huila, los daños que esto causó, lo que se necesita para reparar ese daño, lo que esperan de este proceso, de los comparecientes y de la sociedad”, dijo el magistrado Ramelli.

Por su parte, la magistrada Díaz y el magistrado Parra valoraron la valentía de las víctimas y el camino que han recorrido para encontrar maneras de sanar y superar la ausencia de sus seres queridos. El magistrado Parra añadió la importancia de comprender las distintas magnitudes que tuvieron estos crímenes. Por ejemplo, los casos en los que se intentó ocultar la identidad de las víctimas. Por ello, destacó que en el Caso 03 se tenga en cuenta la desaparición forzada como parte del patrón criminal.

Esta audiencia recoge un largo proceso de acompañamiento a las víctimas en el que se ha garantizado su participación en el subcaso Huila. Dicho proceso incluyó la entrega de informes consignados en el expediente judicial, así como el traslado a las víctimas de las versiones de los comparecientes. En ese período de preparación fue importante el acompañamiento jurídico y psicosocial de los equipos de atención a víctimas de la JEP, la Red de Tejedoras del Huila, el Observatorio Sur Colombiano de Derechos Humanos Paz y territorio (Obsurdh) y el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar), organizaciones que actuaron en representación de las víctimas.

Los testimonios de estas familias, de Hilda Guzmán Perdomo, madre de Andrés Mauricio Duarte Guzmán; de la señora Claudia Rocío Lugo, esposa de Óscar Javier Moreno Urazán; de Esther Julia Trujillo, madre de Wynther Jackson Trujillo; de María Vargas Velasco, hermana de Elí Delio Velasco; de la señora Elsa Díaz Astudillo, esposa de Saúl Ortiz Muñoz; de Isidro Rincón, padre de Giancarlo Rincón Cabrera, y de todas las víctimas de este departamento, fueron considerados por la justicia transicional como valiosos aportes.

Según informó la JEP, la información suministrada por las víctimas en esta audiencia de observaciones será clave en la contrastación de la información dada por los comparecientes en sus versiones. Esto conducirá a la determinación de hechos y conductas, con las respectivas imputaciones por los crímenes perpetrados en esta región priorizada.