¿Quiénes son los responsables de la crisis eléctrica?

La renuncia del ministro de Minas, Tomás González, ocurrida la semana pasada, como consecuencia de la crisis eléctrica, despertó toda clase de reacciones. Algunos la justificaron pues esperaban que rodaran cabezas, en especial del alto gobierno; otros opinaron que su salida no es suficiente y exigen que caigan más responsables; y finalmente hubo quienes consideraron que Tomás González fue un chivo expiatorio y que su retiro en nada cambia las cosas, pues el sector enfrenta un problema estructural que viene de años atrás y que está en mora de ser corregido.

Más allá de la emotividad de los comentarios que inundaron las redes sociales, hay que decir que en un país donde pocos renuncian a sus cargos para asumir la responsabilidad política - por el desempeño del sector que dirigen- y, por el contrario, abundan los que se hacen los desentendidos -cuando las cosas no marchan bien- al ministro González se le abona haber puesto el pecho y responder con su puesto. “Mi deber es asumir la responsabilidad política de esta situación, porque estoy convencido de que los ministros tenemos que responder con nuestros cargos por el desempeño de los sectores que dirigimos”, dijo en su carta de renuncia.

Pero la verdad sea dicha, la responsabilidad por tener al país al borde de un apagón va mucho más allá de la caída de quien fuera el quinto ministro de minas en los 6 años que van de la administración de Juan Manuel Santos.

Si bien hasta ahora no ha habido racionamiento y, a pesar del estrés al que se ha sometido el sistema energético, se ha podido abastecer a los hogares, comercios e industrias, quedan muchas preguntas sin respuestas.

Por ejemplo, por qué el sector eléctrico llegó hasta el filo de la navaja cuando se ha dicho que Colombia es una potencia en esta materia no solo dentro, sino fuera del país. Su capacidad hídrica, ha sido destacada en el mundo entero y muchas de las compañías del sector, traspasaron fronteras, y hoy son líderes en Centroamérica y en varios países de Suramérica.

O cómo explicar, también que, hace dos semanas, el Foro Económico Mundial (FEM) en un estudio sobre el estado de los sistemas energéticos en 126 países, destacó a Colombia como el octavo mejor del planeta. El informe señala que Colombia tiene un sistema fuerte, que ha aumentado la cobertura de energía y gas y ha expandido la generación eléctrica y en hidrocarburos.  El índice que compara los países tiene en cuenta tres aspectos: aporte al crecimiento, sostenibilidad medioambiental y seguridad y acceso. “El sistema energético colombiano es bastante fuerte y a pesar del Fenómeno de El Niño el país va muy bien. La imagen que yo tengo del sistema energético colombiano es como la de un Ferrari, qué es muy bueno,  y que  debe seguir preparándose, ir a pits y seguir evolucionando”, dijo Roberto Bocca, director de industrias energéticas y miembro del comité ejecutivo del FEM.

A cualquier ciudadano de a pié le suena ilógico que le digan que el país tiene un sector eléctrico fuerte y robusto -como anota el FEM- y al mismo tiempo le pidan que ahorre energía, si no quiere que haya un apagón. Tampoco es compresible para los consumidores qué, después de pagar en sus facturas una cantidad, para garantizar el suministro del servicio eléctrico, le adviertan que si no baja el consumo le cobrarán el doble.

Pues bien, las respuestas a los anteriores interrogantes no son para nada sencillas, porque no todo en este asunto es blanco y negro. Hay demasiadas aristas. El debate es muy técnico, y, como si fuera poco, en la actual coyuntura el tinte político ha polarizado la discusión.

También hay que reconocer que nunca antes habían coincidido tantos líos para el sector eléctrico, como en esta ocasión. Como bien lo han dicho muchos, se ha dado la tormenta perfecta. Este es el fenómeno de El Niño más fuerte de la historia por intensidad y prolongación. El caudal de los ríos y el nivel de los embalses comenzaron a descender aceleradamente.

Cuando se encendieron las térmicas para apoyar la generación hidráulica, diezmada por la sequía, salió a flote una crisis financiera en las plantas que trabajan con combustibles líquidos (diésel). Para evitar que un problema caja se volviera una crisis energética, el gobierno debió atender la situación de manera urgente, con medidas que implicaron aumento en tarifas para todos, lo que levantó un avispero y cuestionamientos a la figura del cargo por confiabilidad, hoy en el ojo del huracán y sobre el que más adelante se ahondará en este artículo. Por esta misma circunstancia, y para agregarle una tensión más al sistema, Termocandelaria, planta ubicada en Cartagena, entró en crisis. El 17 de octubre del año pasado paró, argumentando que no era rentable de operar, por lo que debió ser intervenida por la Superintendencia de Servicios Públicos y obligada a generar, aún a pédida.

El 2015, cerró con otra noticia fatal para el sistema. La central hidroeléctrica de El Quimbo, que aporta el 5 por ciento de la demanda diaria nacional de energía, tuvo que apagar sus máquinas, durante casi un mes, por orden de un juez, ante los cuestionamientos ambientales en el Huila donde está ubicada.

Y como para completar la tormenta, el 2016 comenzó con lo más inesperado. Un incendio en la central hidroeléctrica de Guatapé, de propiedad de EPM, sacó del sistema a esta importante generadora. El coletazo fue peor, pues afectó directamente a dos centrales, Playas y San Carlos, con lo que se perdió el 11 por ciento de la generación del sistema interconectado nacional. Lo peor es que mientras el agua de los embalses bajaba de niveles del 30 por ciento, apareció otro daño inesperado en una turbina de Termoflores, lo que puso a trabajar a media máquina esta térmica.

A todo lo anterior se sumó que Venezuela no cumplió el acuerdo por medio del cual la petrolera Pdvsa se comprometió a entregarle a Colombia 40 millones de pies cúbicos de gas por día, lo que ayudaría a las térmicas.

Aunque muchas de las circunstancias descritas atrás, eran imposible de prever, y por ello no es responsable hacer cacería de brujas para llevar a todos a la horca, si amerita hacer una reflexión sobre lo que ha pasado. Evaluar si el país debió estar mejor preparado para enfrentar estos riesgos inesperados; si ha habido fallas en la ejecución de obras; si las medidas que se han tomado para mitigar el impacto de El Niño llegaron demasiado tarde; y si las alarmas no sonaron a tiempo. Por supuesto, hay que revisar los roles de los involucrados en toda la cadena energética y conocer quiénes son los responsables, porque definitivamente no todas los males pueden atribuirse a la mala suerte.

En un debate que organizó la Universidad del Rosario, Luis Ignacio Betancur, experto en el sector eléctrico nacional, dijo que “no es mala suerte lo que tuvimos, fueron errores del Estado”. Según el analista, desde hace mucho tiempo eran conscientes de los daños que podrían venir a futuro y nunca lo trataron de evitar.

También algunos creen que a alguien hay que pasarle la factura de cobro por la menor disponibilidad de gas que tiene Colombia, lo que es parte importante de todo este problema. En este tema hay demoras, muchas injustificadas y que vienen desde el anterior gobierno.

En la distribución de responsabilidades hay discrepancias entre los técnicos, los operadores del sistema, los observadores económicos y los políticos.

Angela Montoya, presidenta de la Asociación Colombiana de Generadores de Energía (Acolgen), insiste en que el sector eléctrico es robusto, contrario a lo que afirman otros analistas y opina que las planta térmicas han hecho las inversiones para garantizar el suministro de energía, o de lo contrario el país estaría con racionamiento desde hace tiempo. “Lo que sucede es que el sector no es infalible”, dice. Para Montoya, buscar un responsable o pedir que rueden cabeza, no arregla el problema. “Las discusiones están migrando del tema técnico al político y no creo que eso sea lo más conveniente”, anota.

El presidente de Naturgas, Eduardo Pizano, afirma que ante una situación de emergencia como la que vive el  país las autoridades debieron actuar más rápidamente. “Para tratar de solucionar los problemas de Guatapé en el menor tiempo posible, el gobierno debía, incluso, mandar aviones de la fuerza aérea para traer los cables que necesita EPM”.

Para el senador del Centro Democrático, Iván Duque, uno de los más estudiosos del tema energético y crítico en la actual coyuntura, al país no se le ha dicho toda la verdad sobre lo que pasa con el sistema eléctrico. Según el parlamentario el gobierno actuó con desidia, le faltó concentrarse en una gestión técnica y ser más propositivo para encontrar solución a las dificultades, más allá de cualquier cálculo político.

El senador Duque lideró una proposición en el Congreso, que fue aprobada por el Senado, en la que se les pide la renuncia a los miembros de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) “debido a su actitud indiferente frente a la situación alarmante que atraviesa el sector energético del país”.

Mientras algunos creen esta entidad encargada de la regulación de los servicios de electricidad y gas, tiene muchas velas en este entierro, otros operadores de la industria eléctrica señalan que pedir la cabeza de todos los comisionados es puro populismo, lo que no significa que no consideren necesario hacerle ajustes a este organismo para que actúe más rápidamente acorde con las circunstancias. 

Los de agache

Lo que ha pasado con el sector eléctrico, ha generado tanta indignación, como el mismo caso de Reficar. Comentaristas en medios afirman que los consumidores no pueden pagar por los errores de los verdaderos responsables y piden sanciones.

En la polémica por el cargo por confiabilidad, las acusaciones van y vienen. En los últimos diez años, el país ha pagado por este concepto cerca de 16 billones de pesos que se les ha entregado a los inversionistas (distribuido casi por iguales partes entre el sector térmico y el hídrico) para garantizar la oferta de energía en condiciones críticas, como las actuales.

En palabras más sencillas, este cargo, es como si los colombianos pagaran por tener un taxi disponible para cuando llegue el momento de necesitarlo para una carrera. El conductor cobra por estar ahí parqueado, al pie de la casa y sin ocuparse, solo esperando que lo reclame el cliente.

En el caso del sector eléctrico, las térmicas por ejemplo, son como el taxi del símil anterior. El cargo por confiabilidad es un ingreso muy importante para hacer inversiones nuevas y mantenimiento y cumplir con el compromiso de suministrar energía en el momento en que llega la sequía.

La controversia sobre este punto surgió, porque algunas térmica (las que trabajan con combustible líquido) al entrar a operar a plena capacidad, se quejaron de estar al borde de la quiebra y ahí fue donde se armó Troya. El gobierno tuvo que intervenir y apoyarlas. Aunque ellas tendrán que asumir una pérdida importante (más de dos billones de pesos) para cumplir su compromiso, también a los consumidores les pusieron su cuota de 1,1 billones, a través de tarifas, lo que para muchos es injusto.

Esto desató un gran debate sobre si se ha usado bien el dinero pagado por el cargo por confiabilidad y dónde está la plata. La respuesta de las empresas generadoras es que está invertida. Se han construido 9 centrales hidroeléctricas y tres plantas térmicas. Adicionalmente en 2018 o 2019 entrará a operar Hidroituango, proyecto que se logró gracias a estos recursos, así como Quimbo.

Las respuestas no deja a todos satisfechos, en especial al ver la situación de ciertas plantas, como Termocandelaria. Y es aquí donde algunos se preguntas dónde ha estado la Superintendencia de Servicios Públicos, encargada de la vigilancia y control de estas plantas. La entidad se defiende con el argumento de que su función es vigilar que se cumpla la regulación en materia de suministro de energía pero no hacer seguimiento de los proyectos. La Superintendente, Patricia Duque, dice que en el caso de Termocandelaria, cuando no cumplió con la entregad de energía, se les intervino. “Nosotros hicimos una evaluación a toda la cadena de prestación del servicio. Visitamos 17 generadores térmicos que estaban suministrando la energía, con excepción de Termocandelaria”.

Cuando se analiza la situación de las térmicas, la Creg pasa al banquillo. La razón es que el precio al que las térmicas pueden vender su energía, cuando llega la sequía, está determinado por una fórmula diseñada por la Creg y que se conoce como “precio de escasez”. Los operadores afirman que esta regla se ha quedado desfasadas frente a la realidad del mercado y la Creg se ha demorado en actualizarla. Resolver el problema de puntual de las térmicas, no es fácil. Es como buscar la cuadratura del círculo. Que no se quiebren las térmicas, pero que tampoco se afecten los consumidores con tarifas más elevadas.

Lo cierto es que a la Creg le ha llovido el agua sucia por todos lados. El senador Iván Duque ha cuestionado la gestión de la entidad y sostiene que, entre otras, no alertó  sobre la fragilidad en el suministro de gas.

Precisamente, el gas es la otra pata de la discusión en la actual coyuntural. Una verdadera política energética, incluye resolver un tema tan crítico como el gas. Aunque en el gobierno algunos sostienen que el país podría estar nadando en gas y la actual estrechez del sistema sería igual, expertos dicen que el real problema del sector está en la menor disponibilidad de gas que tiene Colombia.

Llama la atención que escasee es gas, pues siempre se ha dicho que el país tiene reservas suficientes para ocho años. Es decir, no debería haber restricciones en la oferta, como sucede hoy.

Si bien una de las causas es la declinación de Chuchupa y Ballena, los grandes campos de gas de La Guajira, que abastecían gran parte de la demanda nacional, no menos cierto es que la red de gasoductos se quedó pequeña para transportar el energético. Esto ha tenido demoras que muchos atribuyen a la Creg que no toma decisiones oportunamente.

Uno de los proyectos más importantes, y del que se viene hablando desde el gobierno Uribe, ha sido las plantas de regasificación. Después de muchos tropiezos hace dos años comenzó la del Caribe  -está prevista para finales de 2016.- que permitirá importar gas licuado. Este proyecto se ha demorado más de lo previsto, según técnicos del sector, por la lentitud de la Creg que tiene que actuar decisiones más rápidas, pero también se ha visto afectada por temas ambientales. Según la Unidad de Planeación Minero Energética (Upme) de no entrar en operación en el tiempo previsto el país se vería enfrentado a serios problemas en la atención de la demanda.

Para el presidente de Naturgas, Eduardo Pizano, si bien la capacidad de gas está a su límite se puede aumentar con los proyectos de expansión de Canacol, los planes de explotación de gas costa afuera y con la citada planta de regasificación. 

Como se ve, en esta crisis las responsabilidades están muy compartidas. El ministerio como cabeza del sector, es el director de la orquesta que tiene que hacer que todos sus músicos lean bien la partitura. El hecho de que este gobierno lleve 6 ministros de minas (contando a María Lorena en calidad de encargada) dice mucho en esta coyuntura tan difícil. Es como si un equipo de fútbol cambiara de entrenador cada año. Eso dificulta la continuidad de las políticas, el seguimiento a los proyectos y la respuesta a los desafíos que se van presentando.

Ahora bien, si de responsabilidades se trata también hay que hacer un llamado a EPM. Si bien a esta empresa todos le reconocen el nivel de excelencia con el que opera, frente al episodio del incendio, quedan varios interrogantes. Algunos relacionados con los sistemas de control que tiene la empresa para prevenir eventos de esta magnitud; también sobre el adecuado mantenimiento a los equipos y los inventarios que dispone para atender circunstancias como las presentadas o incluso sobre el plan de respuesta rápida a estos siniestros. Al fin y al cabo, EPM es el guardián de una de las plantas de generación más importante del país.

Las autoridades ambientales también tienen su cuota de responsabilidad en esta crisis por las demoras  en la aprobación de las licencias para proyectos claves para el futuro, como  fue el caso de Quimbo. Y por supuesto también los gobiernos que tiene que apoyar mucho a las empresas cuando se meten en estos proyectos. Cabe recordar que EPM tuvo que suspender Porce IV por la presencia de grupos armados ilegales  y porque las exageradas indemnizaciones de la población asentada en la zona.

En conclusión ahora, cuando baje la marea de esta crisis, es importante sacar muchas lecciones. Si bien es  justo reconocer que el mercado eléctrico nacional lleva en vigencia de 20 años y ha demostrado tener un funcionamiento confiable y eficiente y que a pesar de que se juntaron todos los males, en esta coyuntura el país no se apagó, no hay que dormir sobre los laureles. Aunque en dos meses, el fenómeno de El Niño se ira, hay que estar preparados porque con el cambio climático, el país podría verse en  condiciones más extremas que las actuales. El tiempo dirá si de esta crisis saldrá un sector mucho más fuerte. Ojalá que así sea.

Apagando las luces

Los colombianos acogieron el llamado del gobierno y voluntariamente comenzaron a ahorrar energía.

Con el fin de incentivar el ahorro, el gobierno lanzó el plan “Apagar Paga”. Por cada peso que ahorre un hogar del consumo promedio de energía, recibirá otro peso como incentivo. Esto se traduce en que por cada kilovatio/hora ahorrado los usuarios residenciales y comerciales recibirán 450 pesos. Pero si el consumo es mayor al del mes de febrero tendrán que pagar 450 pesos adicionales por cada kilovatio extra que consuman.    

Para las grandes empresas como industrias cementeras, mineras, petroleras y grandes superficies comerciales, que son los que más consumen energía, el gobierno anuncio que les entregará una remuneración económica si utilizan sus propias plantas de generación y no hacen uso del sistema interconectado nacional.

Para demostrar que “el ahorro comienza por casa”, el gobierno anunció que todas las entidades públicas tendrían que apagar las luces a partir de las 6 de la tarde. La medida comenzó a regir desde el pasado lunes.

Esta intensa campaña de ahorro se oficializó el lunes 7 de marzo, después de la visita sorpresiva que hizo el presidente Juan Manuel Santos a la hidroeléctrica de Guatapé y de hablar con Jorge Londoño, gerente de Empresas Públicas de Medellín, (EPM). En ese momento el mandatario  comprendió que el país estaba abocado a un inminente racionamiento.  

Su preocupación aumentó cuando XM, operador del sistema interconectado, envió una carta al Ministerio de Minas y Energía, al Consejo Nacional de Operación y a la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), para que se establecieran cortes programados de energía durante las próximas cinco o seis semanas. Dichos cortes debían ser equivalentes al 5 por ciento de la demanda de energía, es decir, nueve gigavatios hora/día. A ello se sumó la propuesta del ex ministro de Minas, Amylkar Acosta, de adelantar en 60 minutos la hora oficial del país, una medida que se tomó durante el apagón de 1991.

El gobierno optó la cruzada voluntaria que comenzó a dar resultados. El lunes de la semana pasada el consumo bajó 1,7 por ciento; el marte 1,98, el miércoles se redujo 4,4 por ciento y el jueves el ahorro llegó al 4,26 por ciento. Los departamentos que más han contribuido a la campaña son Antioquia y Cundinamarca. Todavía no se ha logrado la meta de ahorro del 5 por ciento, como mínimo, por lo que los llamados al ahorro serán permanentes. A pesar de las lluvias de los últimos días los embalses siguen en niveles cercanos al 28 por ciento.