Radican solicitud para aplicar extinción de dominio a bienes del gobernador Carlos Caicedo

El 26 de junio de 2020, la Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, inscribió ante la Oficina de Instrumentos Públicos las medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo impuestas a 11 bienes del gobernador de Magdalena, Carlos Eduardo Caicedo Omar, y del exalcalde de Santa Martha, Rafael Alejandro Martínez.

Los inmuebles, avaluados en más de 766 millones de pesos, y de acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, habrían sido adquiridos con dineros producto de las irregularidades detectadas en los contratos de demolición, construcción y adecuación de cinco centros de salud, de los cuales solo uno fue terminado.

La Fiscalía General de la Nación investiga a Caicedo Omar porque durante su gestión como alcalde de la ciudad (2012-2015), tanto él como su sucesor, Rafael Alejandro Martínez (2016-2019), suscribieron contratos que fueron cuestionados y representaron una renta ilícita de $4.129 millones de pesos.

Los bienes afectados con medidas cautelares con fines de extinción de dominio están representados en dos predios en Barranquilla y un local comercial en Soledad (Atlántico), además de dos casas, un apartamento, un garaje, dos depósitos y dos lotes en Santa Marta (Magdalena).

En aquel 26 de junio, la Fiscalía informó que las propiedades, que figuran a nombre de los exalcaldes y terceros, serían ocupados una vez terminara el aislamiento preventivo decretado por el Gobierno nacional con motivo de la covid–19. Ahora, la Fiscalía 21 Especializada de Extinción de Dominio de Bogotá radicó la demanda ante el Juzgado 10 Penal del Circuito Especializado en Extinción de Dominio de Barranquilla para que se pueda adelantar dicho procedimiento.

El 26 de junio de 2020, Caicedo dijo en Vicky en SEMANA que la decisión de la Fiscalía es un complot político y no es un caso jurídico de fondo. “Este embargo lo había adelantado la Fiscalía desde el año pasado, pero entonces parece una ‘fake new’ o un refrito”. Según el gobernador, los cargos y delitos señalados por el ente acusador no son los correctos. “Aquí no hay enriquecimiento ilícito, esa no es la figura, ni tampoco peculado por apropiación, sino a favor de terceros. No firmé ningún contrato y por eso nunca estuve privado de la libertad”, recalcó. Asimismo, explicó que cuando fue alcalde de Santa Marta solo hizo una recomendación para la remodelación de los centros de salud para atender a la población vulnerable, pero no firmó contratos. Además, insistió en que de los cinco centros de atención, cuatro se terminaron y están en uso para la población, pero uno quedó pendiente por la intervención de la Secretaría de Salud.

Caicedo aclaró que esta lista de inmuebles no está a su nombre y son solo tres los que le corresponden. “Los bienes son tres inmuebles, de los cuales uno tiene asociado cuatro bienes más. Tengo un apartamento de 80 metros cuadrados, el cual fue comprado sobre planos en 2003 y el cual iba pagando a cuotas. Este tiene bodegas de dos metros cuadrados y un parqueadero, pero lo presentan como si yo fuera dueño de bodegas o parqueaderos”, detalló el gobernador de Magdalena.

De otra parte, explicó que el segundo inmueble es una casa de 70 metros cuadrados ubicada en un barrio popular, donde vive su mamá, de 87 años; el tercero es un apartamento de sus hijos, el cual, según Caicedo, fue comprado tras la venta de otra casa, una sucesión y dos créditos hipotecarios. Caicedo insistió en que este proceso es una “persecución judicial (...) Por mis manos han pasado miles de millones de pesos y puedo estar tranquilo. La Fiscalía me privó de la libertad por casi cinco años, luego un tribunal de Santa Marta revocó la decisión y ahora casualmente toman esta decisión para seguir atropellándome”.

Previamente, en 2018, la Fiscalía Seccional Magdalena radicó la solicitud de audiencia de imputación y medida de aseguramiento en contra del exalcalde de Santa Marta Carlos Eduardo Caicedo Omar, por el delito de celebración de contratos sin el lleno de los requisitos legales, relacionado con la Red de Parques de esa ciudad.

De acuerdo con la investigación por parte del ente acusador, Caicedo Omar, en su condición de alcalde para el año 2015, habría quebrantado el principio de planeación en los Contratos 390 y 413 de 2015, al adicionar los dos contratos por valores de $25.443.324.330 y $13.476.017.575, respectivamente, cuyo objeto era la adecuación de 25 parques en el Contrato 390 y 15 en el Contrato 413.