Ramiro Suárez, exalcalde de Cúcuta y condenado por parapolítica, fue admitido en la JEP

A través de un auto de 42 páginas la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP aceptó el sometimiento de Ramiro Suárez Corzo, exalcalde de Cúcuta y quien está en la cárcel condenado por nexos con grupos paramiltares. Ramiro –como lo conoce todo mundo en la capital de Norte de Santander– fue alcalde en el periodo 2004 y 2007. Durante su mandato el paramilitarismo tuvo el periodo de mayor crecimiento en ese departamento, al punto de que el Bloque Catatumbo fue una de las estructuras más temidas del país.

La ascendencia ‘para’ de Suárez era vox pópuli e incluso su alcaldía se truncó por nueve meses en los que estuvo detenido por presuntos pactos con los ejércitos privados de extrema derecha, pero logró burlar la Justicia y retomar las riendas de Cúcuta. En su momento el senador Gustavo Petro jugó un papel importante denunciando los nexos de Suárez. En la pasada campaña presidencial, cuando Petro era candidato y visitó Cúcuta ocurrió el delicado episodio en que su vehículo fue atacado. Petro aseguró que el responsable era el exalcalde quien seguía manejando los hilos de la ciudad desde su prisión.

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"Este es el exalcalde de Cúcuta Ramiro Suárez Corzo. Los indicios lo muestran como el autor del atentado en mi contra. Lo denuncié por genocida del Norte de Santander. Es dueño del gobierno de Cúcuta desde la cárcel. El gobierno de Santos lo deja gobernar", aseguró en ese momento Petro. Aunque el exalcalde de Cúcuta está recluido hace seis años en la cárcel La Picota de Bogotá –a más de 700 kilómetros de la capital de Norte de Santander– se dice que su influencia es cotidiana y que César Rojas, el actual mandatario, acata sus instrucciones.

La relación entre el ex y el alcalde actual es de vieja data. El entonces alcalde Suárez nombró a César Rojas como secretario de Tránsito, cargo que este ocupó entre 2004 y 2007. Fue un despacho altamente cuestionado por líos de contratación. Pero esos impases no afectaron la proyección política del secretario, mucho menos ser reconocido como discípulo incondicional de Ramiro, incluso cuando este fue capturado en 2011 y condenado a 27 años de cárcel por el crimen del abogado Alfredo Enrique Flórez Ramírez.

César Rojas decidió lanzarse en búsqueda de la alcaldía en 2015 y estimó que la mejor forma de persuadir al electorado era poniendo su foto en las piezas publicitarias junto a la imagen del condenado Ramiro Suárez. Y debajo de la foto de este agregó una frase que rezaba: “Sí puede progresar”, lo que muchos en Cúcuta leyeron como que Ramiro Suárez, aunque en prisión, ‘Sí puede regresar’. Efectivamente fue la fórmula del éxito.
Eso no fue todo. A la receta del afiche se sumó un ser en carne y hueso, Paola Suárez, hija de Ramiro Suárez, quien manifestó en varias intervenciones la complacencia de que Rojas aspirara a la alcaldía y al cierre de campaña anunció, en tarima y junto al candidato, que traía un mensaje especial de su padre: “¡La mejor opción es César Rojas a la Alcaldía!”.

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La Jurisdicción Especial de Paz acaba de admitir a Ramiro Suárez.  Su defensa solicitó el beneficio anticipado de la libertad condicional pero los magistrados la negaron. Suárez seguirá en prisión. 

Los crímenes de Ramiro, ante la JEP

El 6 de octubre de 2003 el abogado Alfredo Enrique Flórez Ramírez, contradictor del entonces aspirante a la alcaldía Ramiro Suárez, manejaba su carro hacia su domicilio, en el área metropolitana de Cúcuta, cuando fue interceptado por una motocicleta “ocupada por dos sujetos, cuyo parrillero disparó contra Flórez haciéndole perder el control del automotor al punto de estrellarse por fuera de la vía, sitio al cual se acercaron los agresores para disparar nuevamente sobre la humanidad de la víctima”.

El anterior es un aparte del documento que presentó la defensa de Ramiro Suárez a la Jurisdicción Especial de Paz, JEP, para solicitar los favorecimientos penales que contempla la justicia transicional.

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Suárez argumentó que el crimen por el que está condenado a 27 años de cárcel fue un episodio del conflicto y con fundamento en ello solicita la libertad provisional inmediata, y que su expediente pase a la JEP a fin de confesar y pagar una pena mucho menor. “El homicidio (de Flórez Ramírez) se ha atribuido a miembros pertenecientes a las AUC con influencia en la zona, quienes, de acuerdo con las conclusiones del fallo de segundo grado, actuaron por instigación de Ramiro Suárez Corzo”, dice el texto.

La argumentación de Ramiro Suárez fue más allá. El exalcalde trajo a cuento otro hecho que probaría que efectivamente su alcaldía fue producto de un acuerdo criminal entre él y los paramilitares: el crimen del veedor ciudadano Pedro Durán Franco, perpetrado también en Cúcuta, dos meses antes del de Flórez.

“El día 12 de agosto de 2003, en Cúcuta, siendo aproximadamente las 3 de la tarde, cuando el señor Pedro Durán, veedor ciudadano, en compañía de su esposa, se movilizaba en una buseta de transporte público con destino al Palacio Municipal, de un momento a otro recibe en su humanidad dos disparos de arma de fuego, los cuales fueron propinados por un joven miembro de las Autodefensas, lo que le causó la muerte de forma instantánea”.
Tras el relato de los hechos, sobre este “homicidio agravado”, Ramiro Suárez argumentó a la JEP que existe un expediente en etapa de juicio en el que aparece señalado “en calidad también de determinador”, y que hasta ahora la Justicia le ha impuesto detención preventiva sin beneficio de excarcelación, estando aún pendiente una decisión de fondo.

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Parecía de no creer: Ramiro Suárez documenta dos crímenes en los que está implicado e insiste a los magistrados de la JEP que estos son producto de su alianza con los paramilitares. El exalcalde confesó que es un parapolítico pura sangre. Y para convencer dijo que ahí están los testimonios tanto de Salvatore Mancuso como de Iván Laverde Zapata, alias el Iguano, quienes lideraron el Bloque Catatumbo y también han explicado los dos homicidios que Suárez reivindica.

Además, Suárez citó el fallo condenatorio en su contra en el que se lee: “Puede inferirse que el bloque de las Autodefensas Unidas de Colombia, que se puso al servicio de Ramiro Suárez Corzo, para apoyarlo con todo lo que necesitara en su pretensión política, campeaba alguna suerte de parámetro de silencio, cuya desatención acarreaba serios problemas para quien desatendiera tal pauta. De ese modo en parte se podría explicar la sucesión y cantidad de asesinatos cometidos por ellos mismos en contra de sus propios miembros o militantes”.

En el fólder que Suárez remitió a la JEP también está el acta de compromiso firmada por él en la cárcel y que acredita su voluntad de someterse al tribunal de paz (ver abajo). Además, hay otros documentos que soportan su solicitud de libertad condicional inmediata en virtud la Ley 1820 que desarrolla aspectos jurídicos del acuerdo de paz pactado en La Habana.