Primer capturado por la Operación Lezo en Colombia acepta su responsabilidad

Las declaraciones de un testigo estella, se convirtieron en el detonante para que las autoridades detuvieran este miércoles en Barranquilla a Ramón Navarro Pereira, quien durante 11 años fue presidente de Triple A en Colombia. La prestadora del servicio de acueducto de Barranquilla, filial de Canal de Isabel II, está enredada por millonarios desvíos de capitales que comienzan a abrirse camino en los tribunales colombianos. 

Las evidencias recogidas por la Fiscalía fueron tan contundentes que Navarro Pereira aceptó los cargos por enriquecimiento ilícito de particulares, administración desleal y falsedad en documento privado. En la diligencia concentrada, que se realiza en la sala de audiencias número 13 del Centro Judicial de Barranquilla -ante el juez 15 penal municipal, Daniel Corrales- el ente acusador sustenta por qué considera que Navarro debe ir a la cárcel.

La audiencia de legalización de captura, imputación de cargos e imposición de medida de aseguramiento se instaló a las 9:30 de la mañana en el centro cívico de Barranquilla. Ramón Navarro Pereira fue gerente financiero de la empresa de servicios públucos desde el 2005, cuando el presidente era Carlos Alberto Ariza. Luego lo reemplazó a finales del 2008 y renunció en el 2016, año en que estalló el escándalo de corrupción en España. 

En contexto: Por qué capturan al expresidente de Triple A y llaman a indagatoria a 11 ejecutivos

A la audiencia también fue citada en calidad de imputada la abogada Julia Serrano Monsalvo, quien fue gerente financiera durante más de 15 años y ejerció como gerente encargada de la Triple A, cuando Navarro Pereira renunció. Sin embargo, cuando en España las investigaciones llevaron a la captura de Ignacio González, expresidente de la Comunidad Autónoma de Madrid (CAM), Julia Serrano se retiró de la empresa. Fue reemplazada a mediados de 2017 por Ramón Hemer Redondo, actual gerente.

A Serrano Monsalvo le imputaron los mismos cargos que a Navarro Pereira, sin embargo, ella negó su responsabilidad. Podrá continuar en libertad compareciendo al proceso que se adelanta en su contra. 

La Fiscalía los acusa de la presunta apropiación de 27.897 millones de pesos, mediante la creación de 54 órdenes de pedido de bienes y servicios que –según la Fiscalía- no fueron adquiridos. A lo anterior, la fiscalía informa que celebraron cuatro contratos de consultoría con los que pretendieron justificar solicitudes de tarifas de acueducto y alcantarillado ante la Comisión de Regulación de Agua Potable.

El ente investigador intentará demostrar que los gastos fueron acreditados como operaciones normales de la Triple A S.A., registrados en su base contable y en las declaraciones de renta durante los años 2012 a 2015. También fueron usados para calcular los dividendos de los accionistas: Inassa S.A., el Distrito de Barranquilla y los particulares.

Indagatoria el 4 de abril

En Bogotá fueron citados a rendir indagatoria un grupo de exdirectivos y directivos de la Triple A y de Inassa, por otra investigación abierta por la Fiscalía dentro de la Operación Acordeón Fase 1.

Entre los citados a indagatoria está Francisco Olmos Fernández, quien acaba de iniciar como operador del Acueducto Regional del Sur del Atlántico y fue el primer gerente de Triple A., cuando los socios colombianos compraron las acciones a Unión Fenosa, multinacional española que llegó a Barranquilla como socio operador. A Paco Olmos, como le dicen coloquialmente, lo remplazó en la gerencia Luis Fernando Arboleda, quien permaneció dos años en el cargo y hasta 2017 se desempeñó como presidente de FONADE. De este cargo se retiró para aceptarle al alcalde Alejandro Char la dirección del proyecto del tren ligero por la calle 30 de Barranquilla. Los otros gerentes citados a indagatoria son Carlos Alberto Ariza, bajo cuya gerencia la ciudad terminó de perder la mayoría accionaria; a Ariza lo remplazó Ramón Navarro Pereira, quien ya aceptó los cargos que le imputó la Fiscalía.

Además de los gerentes de la Triple A también fueron llamados a indagatoria los principales directivos de Inassa S.A. y Recaudos y Tributos, los señores Luis Nicolella de Caro, colombiano, quien ejerció como presidente de la junta antes de que compraran Canal de Isabel II; Edmundo Rodríguez Sobrino, quien fue presidente de Inassa desde el 2006 hasta el 2016, año en el que fue capturado; Francisco Javier Maliá, expresidente de Inassa; Germán Saravia Huyke, gerente administrativo de Inassa, y Carlos Roca García, actual gerente general de Inassa, quien remplazó a Diego García Arias.

Este último, colombiano, ejerció durante seis años como gerente de expansión y nuevos negocios de Inassa y fue quien dirigió la operación de compra de la empresa brasileña Emissao, adquirida por un precio cuatro veces su valor. Estuvo varios meses detenido en el pabellón de extraditables de La Picota, en Bogotá, sin embargo, fue dejado en libertad y su trámite cancelado por la colaboración que están rindiendo con las autoridades. Sus delaciones derivaron en la primera captura en Colombia en el marco de la operación Lezo.