Reaparece el exministro Diego Palacio: así busca tumbar su condena por “yidispolítica” ante la Corte Suprema

Este martes, la defensa del exministro de Protección Social, Diego Palacio, presentó un documento de poco más de 95 páginas ante la Corte Suprema de Justicia para impugnar la condena que recibió en el caso de la yidispolítica. SEMANA conoció los detalles del documento.

Cabe recordar que Palacio, médico de profesión, vive y trabaja desde hace varios años en República del Congo, en África, luego de pagar su condena de seis años.

Uno de los apartes del documento conocido por SEMANA señala que la cartera en la cual fungía como ministro durante el gobierno de Álvaro Uribe, la de Protección Social, era totalmente ajena al trámite de la reelección presidencial y a la votación de los congresistas. Otro argumento presentado en la misma línea es que la conducta imputada no tiene relación con las funciones que Palacio desempeñaba como ministro de la Protección Social.

De hecho, uno de los párrafos de la impugnación que busca tumbar la condena señala lo siguiente: “La Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia ha considerado, desde su comienzo, que la investigación de la yidispolítica es de carácter político. La Corte Suprema tal y como estaba compuesta en mayo de 2008, aun sin yo haber enfrentado el juicio, ya estaba adelantando su posición de cómo censurar o reprochar la investigación en caso de que el resultado fuera un preclusión a mi favor”.

Un dato no menos importante que conoció SEMANA es que el magistrado Gerson Chaverra será el encargado de definir el futuro judicial de Palacio. Lo curioso del asunto es que este es el mismo ponente que deberá decidir si “tumba” o no la condena de 17 años de prisión contra el exministro Andrés Felipe Arias.

Otro aparte de la impugnación y de la sustentación de la misma señala lo siguiente: “Los conjueces que me condenaron, en mi caso y por la “coincidencia” de actuar en un proceso en donde quienes los nombraron están denunciados penalmente por una de las partes o son los magistrados que fallarán en otros negocios en los que actúan como abogados litigantes, generan, cuando menos, inquietud en cuanto a su independencia e imparcialidad. Es obvio que su inclinación hacia una decisión ampararía a sus colegas”. Y agrega que para garantizar la independencia del magistrado, juez o conjuez es necesario aislarlo de “la influencia indebida de los jerarcas del propio Poder Judicial, lo cual no ocurrió en el presente caso”.

El argumento de la defensa de Palacio se centra en que debe existir imparcialidad en la Corte Suprema. Por esa razón, por ejemplo, se señala: “Para nadie es un secreto que existió entre la Corte Suprema de Justicia y el Gobierno del presidente Álvaro Uribe un claro y abierto enfrentamiento, el cual se hizo más evidente en el segundo mandato (2006-2010). Este enfrentamiento, que fue público, llevó a que la corporación actuara como “cuerpo” y que, tal y como se dijo anteriormente, considerara que muchas de sus decisiones debían ser en legítima defensa”.

De acuerdo con la impugnación, una “prueba irrefutable de esta situación fue presentada en el punto referente a la designación del vicefiscal como la persona encargada de reemplazar al fiscal general, Dr. Mario Iguarán, quien se había declarado impedido”. Y luego se advierte: “Recordemos que en las decisiones de impedimento proferidas por la Sala Plena los días 1° de julio de 2018 y 10 de febrero de 2011 participaron los magistrados de la Sala Penal que ya habían sido denunciados por mí desde el 27 de junio de 2018; es decir que se encontraban impedidos, pero optaron por participar en un debate que tenía repercusiones en mi contra, como se constata en las diferentes irregularidades que he venido exponiendo a lo largo de este recurso”.

De esta manera, la impugnación ya está radicada en la Corte y se espera que entonces el caso pase a manos de la sala penal que definirá el futuro del exministro.