Reclutamiento forzado de menores por parte del ELN y Clan del Golfo ha generado deserción escolar y suicidios en Chocó, advierte Procuraduría

La comisión especial de la Procuraduría General que llegó a Chocó reveló una alarmante situación de reclutamiento forzado de menores de edad por parte del ELN y el Clan del Golfo, que se siguen enfrentando en medio de su disputa territorial en el departamento. Esta problemática ha provocado un elevado índice de deserción escolar y un preocupante aumento en los casos de suicidio entre los jóvenes de la región, de acuerdo con el órgano de control.

Según los informes recibidos de la Secretaría Departamental de Educación, solo en el año 2022, 6.019 estudiantes de todo el departamento abandonaron sus colegios. Más del 54 % de ellos provenían de la zona de San Juan, epicentro de la actual crisis humanitaria. Las razones de la deserción están relacionadas con el desplazamiento de las familias y el temor a ser reclutados durante el trayecto hacia las escuelas y colegios.

Aunque no se cuenta con un registro preciso de los menores reclutados en el departamento, la Policía Regional ha informado que en lo que va del año 2023 se han rescatado 58 menores de edad de las filas de estos grupos armados. Sin embargo, se estima que existe un considerable subregistro en relación con este flagelo.

Jefferson Mena, asesor delegado por la Procuradora para liderar la comisión especial en Chocó, destacó que “una de las graves consecuencias que está dejando el incremento de reclutamiento forzado es el suicidio de jóvenes por temor a ser cooptados para la guerra”.

Además, durante la reunión con las entidades encargadas de atender a los afectados, la Procuraduría constató que las comunidades denunciaron que nunca recibieron los alimentos y otros artículos de primera necesidad que conforman la ayuda humanitaria. Aunque la Unidad para la Atención de Víctimas (UARIV) desestimó esta denuncia, contrastando la información con la Defensoría del Pueblo y las entidades de cooperación internacional presentes en la región, el Ministerio Público confirmó que, efectivamente, la ayuda mencionada por la UARIV nunca llegó, lo que ha agravado la situación de desabastecimiento para más de 9.000 personas en Istmina, Nóvita, Sipí y medio San Juan.

A pesar de la reciente decisión del ELN de supuestamente levantar el paro armado en la región y la normalidad reportada en los centros urbanos de estas poblaciones, el Ministerio Público ha recomendado no bajar la guardia en cuanto a las precauciones en las zonas rurales hasta que las unidades militares en terreno confirmen la seguridad en la movilidad de los ciudadanos por ríos y carreteras.

La Procuraduría también solicitó a las entidades del orden nacional, como el Ministerio del Interior, la Unidad de Víctimas, el ICBF, así como a las Fuerzas Militares y autoridades locales, que se articulen y presenten un plan de choque para llevar la institucionalidad a esa subregión y garantizar los derechos fundamentales de estas comunidades, incluyendo la vida, la alimentación, la salud y la libre movilidad.

El asesor Mena, de igual forma, aseguró, que se presentará un informe a la procuradora general, Margarita Cabello Blanco, basado en los resultados de esta visita al territorio, con el fin de evaluar las acciones preventivas y disciplinarias correspondientes frente a los incumplimientos de los funcionarios responsables de proteger a estas comunidades.

Precisamente, sobre la inquietante situación en Chocó, el defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, hizo un llamado de atención sobre la necesidad de un trabajo conjunto y eficaz de todas las instituciones para mitigar la difícil situación que enfrentan las comunidades. Aunque reconoce los esfuerzos realizados por los entes nacionales y territoriales, advierte que las problemáticas que afectan a la región son de larga data y es inaceptable que la población continúe siendo víctima de violaciones constantes a los derechos humanos.

“¿Hasta cuándo se hará realidad un trabajo conjunto y eficaz de toda la institucionalidad que permita mitigar lo que viven los habitantes del Chocó? Si bien valoramos los esfuerzos de los entes nacionales y territoriales y reconocemos que las problemáticas son de vieja data, no puede ser que la población del departamento tenga que seguir siendo víctima de toda clase de vulneración de los derechos humanos”, aseguró el defensor Camargo.