Reconciliación judicial: si le roban su celular, el ladrón tendría que dárselo nuevo y pagarle seis meses de factura

Sin duda los colombianos están cansados de la inseguridad. A diario se conocen casos de hurtos de celulares, vehículos, bicicletas, carteras y cualquier elemento que los amigos de lo ajeno ven la oportunidad de robar.

Una de las mayores quejas de la ciudadanía es que las denuncias no son efectivas y que pierden tiempo haciendo trámites y, en muchas ocasiones, el ladrón queda en libertad rápidamente.

Por esa razón, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, lanzó una propuesta que, aunque no se ha presentado al Congreso y se está elaborando, generará polémica por tratarse de una especie de reconciliación judicial entre la víctima y el victimario.

Según el ministro, sería una especie de justicia restaurativa para crear mecanismos complementarios a las leyes existentes del país.

“La justicia puede buscar la forma de reparar a las víctimas y eso puede ser más importante que el castigo penitenciario. Queremos buscar formas de mezclar el castigo tradicional con formas restaurativas donde la víctima propone cómo sería restablecida. Se lograría un acuerdo y, si eso restablece a la víctima, agresión o patrimonio, pues debe darse”, explicó Osuna.

En sentido estricto lo que la idea del ministro crearía en el país es una opción para que la víctima y el victimario lleguen a un acuerdo y pueda existir una rebaja de pena por el delito cometido.

“Por ejemplo, una persona que le roban el celular se siente restablecida si le devuelven su celular, el agresor tendría que darle un celular nuevo e indemnizarlo con seis meses de factura del celular”, explicó el ministro.

Sin embargo, reconoce que esta propuesta podría no caer bien en la sociedad, pero pidió a los colombianos entender que podría haber otras alternativas como el trabajo social para que el victimario pague por su delito.

La propuesta del ministro de Justicia surgió durante un debate en el Congreso de la República sobre la crisis carcelaria que se está viviendo en el país. Sobre ese tema quedó claro que en Colombia hay grandes problemas por el hacinamiento aunque el presidente Gustavo Petro ha dicho que no destinará recursos para construir más centros penitenciarios.

El ministro aclaró que este tipo de arreglos entre las partes aplicaría únicamente para delitos menores, pero que ese asunto se aclararía más adelante cuando se presente la propuesta formalmente al Legislativo.

Por ahora, los congresistas no han querido referirse directamente a la propuesta al considerar que deben esperar que se presente oficialmente un texto para poder opinar con base en el articulado, aunque reconocieron que seguramente habrá una amplia discusión porque no sería sencillo que una víctima logre una reparación con la persona que cometió el hurto o le hizo daño.

Desde hace más de un mes unos 50 senadores le propusieron a Roy Barreras, presidente del Senado de la República, crear una comisión accidental con el fin de evaluar la crisis carcelaria.

La iniciativa tiene como fin atender las consideraciones y recomendaciones de la Corte Constitucional al declarar estado de cosas inconstitucionales en el sistema carcelario del país.

De acuerdo con la proposición, la comisión accidental estaría compuesta por cinco senadores que designe la mesa directiva.

Junto a ellos, se conformaría una mesa interinstitucional con el ministro de Justicia y del Derecho; el presidente de la Corte Suprema de Justicia; el presidente de la Sala Penal de la Corte; el presidente de la Corte Constitucional; el presidente del Consejo de Estado; la procuradora; el defensor del pueblo; el director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec); el director de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec;) y un representante de los jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad.