Reconstrucción de San Andrés se hizo con afán y se construyeron casas incapaces de proteger de otro huracán: Corte Constitucional

La Corte Constitucional determinó que el proceso de reconstrucción integral de las islas de Providencia y Santa Catalina no ha terminado, y está lejos de estarlo, por lo que es necesario adoptar varias soluciones judiciales con el fin de garantizar el núcleo esencial de los derechos fundamentales a la vivienda digna, salud, agua potable y saneamiento básico del pueblo raizal.

En una decisión reciente, el alto tribunal señala que se debe asegurar que la reconstrucción de su territorio sea acorde a su identidad cultural y fortalecer la resiliencia de las islas ante los efectos del cambio climático.

El pronunciamiento fue hecho al estudiar la tutela que presentó Josefina Hiffington Archbold, en representación del pueblo raizal, al considerar que la Presidencia de la República, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), el Ministerio del Interior, el Ministerio de Vivienda y la Alcaldía de Providencia y Santa Catalina habían vulnerado los derechos de los habitantes de estas dos islas durante la planeación y ejecución del plan de acción específico para su reconstrucción integral (PAE), después de que el paso del huracán Iota las destruyera en un 98 % en noviembre de 2020.

Según la Corte, en síntesis, el Gobierno (del entonces presidente Duque): “incumplió los acuerdos sobre las características básicas que debían tener las nuevas viviendas, lo que llevó a que se entregaran casas incompletas e incapaces de proteger a sus habitantes ante un nuevo huracán, sin cisternas para almacenar las aguas lluvias y con graves defectos en los sistemas individuales de saneamiento básico”.

La Sala Séptima de Revisión, con ponencia de la magistrada Cristina Pardo Schlesinger, encontró que, si bien el Gobierno nacional ha avanzado en la reconstrucción y rehabilitación integral de las islas, este proceso no ha terminado y ha estado marcado por un enfoque ágil, unilateral, arbitrario y efectista en el que se desconocieron las necesidades básicas del pueblo raizal y no se garantizaron plenamente sus derechos fundamentales.

Así mismo, señala la sentencia, “se demostró que los terrenos utilizados durante la emergencia para el acopio temporal de escombros se han convertido actualmente en botaderos de basura permanentes, sin el cumplimiento de normas técnicas, que ponen en riesgo la salud pública y el ambiente sano del pueblo raizal”.

Lo que encontró el nuevo Gobierno tras su visita al archipiélago

El presidente Petro viajó hace varias semanas, como parte de la agenda que tenía programada, y tras evaluar las obras afirmó que es necesario abrir una investigación por los costos de las viviendas que se construyeron en Providencia, luego del paso del huracán Iota, que dejó gran parte de la isla destruida.

El jefe de Estado se mostró sorprendido por el costo de cada vivienda y dijo que cada una valió en promedio 600 millones de pesos.

“Son edificaciones, para los que no pueden ver la foto, de aproximadamente 70 metros cuadrados. En promedio, esto da casi diez millones de pesos por metro cuadrado. Entonces, por qué un valor tan sorprendente, cómo puede valer en Providencia una casa en concreto, con tejas de zinc muchas veces, algo de estructura de acero, 600 millones de pesos”, dijo puntualmente el presidente Petro en rueda de prensa, culminada la visita a la isla.