Recta final para elección de la nueva fiscal: Corte Suprema escucha propuestas de las candidatas en audiencia pública

Este jueves 23 de noviembre comienza la recta final para la elección de la nueva fiscal general de la nación. Desde las 9:00 a. m. se llevará a cabo la audiencia pública en la que la Corte Suprema de Justicia escuchará las propuestas de las tres candidatas postuladas por el presidente Gustavo Petro para reemplazar a Francisco Barbosa.

Además, las juristas Amelia Pérez, Ángela María Buitrago y Luz Adriana Camargo deberán responder los cuestionamientos de los 21 magistrados que conforman, actualmente, la Sala Plena.

De acuerdo con el cronograma, después de la audiencia pública, los magistrados se tomarán 15 días para estudiar los argumentos y respuestas de las ternadas, para realizar una reflexión profunda y analizar el caso de cada una de ellas. Está previsto que la primera votación para la elección se haga el próximo 7 de diciembre.

Luego de la primera votación y elección, se tienen 15 días para realizar una nueva evaluación del perfil de la elegida para darle el visto bueno para su posesión ante el presidente de la República. Para la elección de la nueva jefe del ente investigador son necesarios 16 de los 21 votos de la Sala Plena.

Desde el pasado 31 de octubre se inició formalmente el proceso de elección, momento desde el cual el presidente Gustavo Petro ya no podía volver a cambiar la terna para el cargo de fiscal general de la nación para el período 2024-2028.

La Corte ya realizó el estudio de las hojas de vida de cada una de las postuladas y “ha encontrado que cumplen con los requisitos constitucionales y legales para ejercer el cargo”.

A partir de ahora, la terna solamente podría ser modificada en situaciones extremas, como por ejemplo, debido al fallecimiento de una de las ternadas o la renuncia de una de ellas. En ese último caso, la renuncia tendría que ser presentada directamente ante la Corte Suprema de Justicia con copia al jefe de Estado.

Luz Adriana Camargo Garzón

Es abogada y tiene amplia trayectoria en el ámbito legal y político. Sin duda, se trata de una figura cercana al actual ministro de Defensa, Iván Velásquez, y por consiguiente es la que suena más fuerte para el cargo.

Desde hace casi 20 años, cuando se conocieron en la Corte Suprema de Justicia, Camargo acompañó al ministro Velásquez, siendo los dos magistrados auxiliares del magistrado Álvaro Hernando Pérez, incluso fue su mano derecha en la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

Luego de que Iván Velásquez salió de la Corte Suprema de Justicia, sin lograr ser elegido magistrado titular, fue nombrado jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), donde Luz Adriana Camargo ocupó el cargo de jefe del Departamento de Investigación y Litigio.

Ángela María Buitrago

Trabajó como fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia. Fue quien destrabó, después de dos décadas, el expediente por los desaparecidos del Palacio de Justicia, y radicó en el 2008 la resolución de acusación en contra de los generales Jesús Armando Arias Cabrales e Iván Ramírez Quintero, así como los coroneles Luis Alfonso Plazas Vega y Edilberto Sánchez Rubiano, por el delito de desaparición forzada agravada.

De igual forma, fue la encargada de presentar en juicio ante la Corte Suprema de Justicia al exdirector del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), Jorge Noguera Cotes, por el crimen del profesor, sociólogo y defensor de los Derechos Humanos, Alfredo Correa D’Andreis, registrado el 17 de septiembre de 2004, en Barranquilla, por los paramilitares.

En septiembre de 2010 salió de la Fiscalía General tras una resolución firmada por el entonces fiscal general encargado, Guillermo Mendoza Diago, que argumentó demoras en la resolución de las investigaciones que estaban en su conocimiento.

Amelia Pérez

Se desempeñó en la Unidad de Derechos Humanos desde donde se adelantó la investigación por las masacres de Trujillo, El Aro y Mapiripán, ejecutadas por paramilitares con el apoyo de agentes de la fuerza pública en la década de los noventa. Esto llevó a que desde las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) se le pusiera un precio a su cabeza, situación por la cual empezó a recibir amenazas directas de Carlos Castaño Gil.

También lideró la investigación por la desaparición de Nydia Érika Bautista, socióloga y militante del M-19, quien fue secuestrada, torturada, abusada sexualmente y desaparecida por militares adscritos Batallón de Inteligencia y Contrainteligencia Charry Solano del Ejército Nacional, en agosto de 1987.

En el año 2003 le asignaron la investigación por el atentado terrorista ejecutado por la columna móvil Teófilo Forero de la guerrilla de las Farc en el exclusivo Club El Nogal, en el norte de Bogotá. Sin embargo, en abril de ese mismo año, fue relevada del caso y salió de la Fiscalía General. Por las constantes amenazas y el riesgo latente para su vida, buscó exilio en Canadá.

En abril de 2022, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le otorgó medidas cautelares de protección.