Judicial
Rector de la Unimetro seguirá siendo investigado por el proceso que tiene tras las rejas al exsenador Pulgar
El Tribunal Superior de Bogotá revirtió el fallo que había ordenado cerrarle la investigación.
En toda una novela judicial se convirtió el proceso penal por el manejo de la Universidad Metropolitana de Barranquilla. Cuando se creía que se había cerrado uno de los capítulos, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá lo revivió y concluyó que se debe seguir el juicio para demostrar la inocencia o culpabilidad de dos de sus principales protagonistas.
En fallo de segunda instancia, la Sala determinó que no se podía precluir la investigación que se adelanta contra Alberto Enrique Acosta Pérez y Juan José Acosta Ossio, rector y exrector, respectivamente, de la Universidad Metropolitana de Barranquilla, por los delitos de los delitos de fraude procesal, falsedad ideológica en documento privado, obtención de documento público falso y concierto para delinquir en los hechos relacionados con la Universidad Metropolitana de Barranquilla.
El fallo de segunda instancia señala que es necesario que este caso concluya con un fallo judicial tras la evaluación de las pruebas documentales y testimoniales. “(...) se hace necesario dilucidar en un juicio las discusiones que se ha pretendido zanjar anticipadamente a través de la preclusión de la investigación, cuando para que esta prospere se requiere la comprobación en un grado superior a la duda sobre su estructuración”.
Lo más leído
Por estos hechos ya fue condenado el exsenador Enrique Eduardo Pulgar Daza, quien le ofreció un soborno a un juez para que tomara una decisión de fondo en medio de la disputa que tenía el clan familiar por el control del centro universitario.
El génesis del proceso
Una noche del año 2017, el entonces alcalde del municipio de Usiacurí (Atlántico), Ronald Emil Padilla, contactó a Andrés Fernando Rodríguez Caez, el juez primero promiscuo municipal, invitarlo a una cena en Barranquilla. En la conversación le manifestó su intención de presentarle a quien llamaba su “padrino político”, el senador Enrique Eduardo Pulgar Daza, uno de los dirigentes más poderosos de la región.
Rodríguez Caez aceptó la invitación y llegó a la casa del senador en Barranquilla. Pocos minutos después, Pulgar Daza le lanzó una propuesta de manera directa y sin equívocos, haciendo referencia a un proceso que reposaba en su despacho y por el cual él tenía un inmenso interés.
Pulgar le puso sobre la mesa una oferta de 200 millones de pesos para que el juez fallara favorablemente una demanda para resolver definitivamente el conflicto legal que existía por el nombramiento del nuevo rector de la Universidad Metropolitana de Barranquilla, a la cual el congresista consideraba su “fortín político” por el gran número de votos que esta le aportaba.
De manera coloquial, y sin pensar dos veces sus palabras, el senador le manifestaba que “esos manes a mí me ayudan con becas, me dan puestecitos. Yo te hablo la verdad y cuando llega la campaña me tiran un billetico. Yo no te voy a negar nada viejo man, pa’ que voy a negar eso” (sic).
En la reunión, que fue bastante corta, Pulgar Daza fue insistente y le manifestó al juez la importancia que tenía que su despacho aceptara las pretensiones de la demanda que buscaba dejar en firme el nombramiento de Acosta Ossío en la junta directiva y todas las decisiones que se tomaron el primero de julio de 2016 tras la reunión que celebraron los “miembros fundadores” de la Universidad y otros representantes del Consejo Directivo, el cual, según el organigrama que está en la página de la misma Universidad, es más importante que el rector.
Casi que sin sonrojarse, el congresista del partido de La U aseguró que era necesario que Acosta Ossío siguiera como presidente del Consejo Directivo para así seguir manteniendo por intermedia personal el poder de la Universidad Metropolitana, la Fundación Acosta Bendek y el Hospital Universitario Metropolitano Barranquilla, entidades que facturan una suma cercana a los 80.000 millones de pesos anualmente. Pulgar sabía que ese era su territorio electoral y no podía darse el lujo de perderlo por decisiones internas de la junta directiva de la Universidad.
El juez inmediatamente le dijo que no, advirtiéndole que él era un funcionario serio y no estaba para nada interesado en los negocios que le estaba proponiendo. Pulgar le hizo saber que había mucha gente interesada en que Acosta siquiera al frente de la universidad, gente muy poderosa, de la más alta alcurnia y con destacados cargos públicos.
El juez se levantó de la mesa y se fue. Todo lo que ocurrió en el apartamento de Pulgar quedó grabado en audio, puesto que el juez, siendo precavido ante las invitaciones, había llevado consigo una pequeña grabadora, tal vez porque sabía cómo era el mundo de la política.
Esta pieza de audio fue fundamental en el proceso penal que se adelantó contra Pulgar en la Corte Suprema Justicia y que terminó con una condena de cuatro años y diez meses de prisión después que el congresista no aguantara y aceptara su responsabilidad en los delitos de tráfico de influencias de servidor público y cohecho por ofrecer. Por esto mismo, el Consejo de Estado le declaró la muerte política.
Pese a todo, este caso no tiene un final feliz: Pulgar se encuentra privado de la libertad en una guarnición militar y en pocos años puede recuperar su libertad por pena cumplida mientras que el ahora exjuez Rodríguez Caez se encuentra fuera del país, en busca de un exilio y protección para él y toda su familia.
Esta historia está muy lejos de acabar. La disputa por el control de la Universidad sigue vigente y ya se han vinculado a más personas, entre ellos varios funcionarios de la Rama Judicial y particulares. La Universidad sigue siendo vista como una “mina de votos”, fundamental para las elecciones que se celebrarán el próximo año.
El rompecabezas por el control de la universidad
En una historia que parece de telenovela. En 2014 inició una puja dentro de la universidad por el control del Consejo Directivo y la Rectoría. Carlos Jorge Jaller Real, esposo de Ivonne Acosta Acero, hija y heredera del excongresista Gabriel Acosta Bendeck, fundador de la universidad en 1973, por medio de la fundación que lleva su nombre, fuera retirado por la junta, conformada, en su gran mayoría, por la familia de Acosta.
El primer round de la disputa familiar por el control de la universidad terminó con el registro de un rector distinto ante el Ministerio de Educación. Situación bastante atípica, hecho por el cual el ministerio tuvo que intervenir para definir quién debía ser el rector de la Unimetro.
En ese punto apareció la sombre del senador Eduardo Pulgar, quien buscó interceder ante la ministra de la época y la Presidencia de la República con el único fin de que se efectuara la inscripción del rector que él quería, a quien él mismo menciona como “un tipo” que es “sobrino del viejo Gabriel Acosta”.
Las dos partes decidieron tocar las puertas de la justicia. Carlos Jaller Raad, el destituido rector, radicó una denuncia ante la unidad de delitos contra el patrimonio público y presentó una solicitud de audiencia de restablecimiento del derecho y la suspensión de todos los actos que avaló el Consejo Directivo de la universidad, el 6 de diciembre de 2016, ante el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Usiacurí (Atlántico), cuyo titular era Andrés Fernando Rodríguez Caez.
El fiscal 56 delegado ante los jueces penales del circuito de Barranquilla, Gustavo Adolfo Orozco Pertuz, abrió investigación contra Alberto Enrique Acosta Pérez, Juan José Acosta Ossío, Luis Fernando Acosta Ossío, María Cecilia Acosta Moreno, Eduardo Acosta Bendek y Gina Eugenia Díaz Buelvas por los delitos de falsedad en documento privado, obtención de documento privado, obtención de documento falso, fraude procesal y concierto para delinquir.
Pese a que el fiscal fue retirado de la investigación por orden de la Dirección de Fiscalías Seccional del Atlántico siguió participando en las audiencias de solicitud de medida de aseguramiento y acusación. Igualmente, participó activamente en la audiencia que culminó con la suspensión del “Acta 001 de Asamblea Extraordinaria” de la Fundación Acosta Bendek, ordenada por el juez 13 Penal Municipal de Función de Control de Garantías.
El hecho que el fiscal, pese a que había sido retirado y tenía que trasladar el expediente, siguiera participando en las audiencias y haciendo solicitudes, fue considerado como un prevaricato y un fraude procesal. La misma suerte corrió el juez de garantías Alberto Oyaga Machado, quien admitió su presencia en la diligencia y avaló su petición para capturar a Alberto Enrique Acosta Pérez y Juan José Acosa Ossío.
Lo mismo le ocurrió al juez 13 Penal Municipal de Función de Control de Garantías de Barranquilla, Rafael de Jesús Uribe Henríquez, quien suspendió lo avalado en la asamblea de la universidad y todas las actas emitidas por la misma. Esto pese a que el caso no era de su competencia porque se trataba de actos administrativos y civiles.
Ahora los tres funcionarios judiciales están en el banquillo de los acusados. La Corte Suprema, en un fallo conocido por SEMANA, rechazó la petición de nulidad presentada y ordenó la continuación de su proceso en Bogotá para blindarlo de garantías y evitar a toda costa maniobras dilatorias o acciones que afecten la administración de justicia.
El favorecimiento a los primos Acosta
Tras resolver una acción de tutela, el Tribunal Superior de Barranquilla ordenó suspender los efectos de los fallos que dejaron sin efecto los cambios en el Consejo Directivo de la universidad. Esta decisión favoreció directamente a los primos Alberto Acosta Pérez y Luis Fernando Acosta Ossío quienes podían seguir mandando a sus anchas en la Unimetro.
Pero la compleja historia no parece terminar acá. Los magistrados que tomaron la decisión, Eliecer Jorge Mola Capara y Demóstenes Camargo fueron vinculados a un proceso por prevaricato por acción y enriquecimiento ilícito.
Esto al considerar que actuaron de manera arbitraria con el único fin de favorecer derechos inexistentes e imaginarios que terminó beneficiando a los primos Acosta. Los dos magistrados serán acusados el próximo año ante la Corte Suprema de Justicia.
Amenazas y presiones
El pasado 26 de noviembre, en medio de la solicitud de la Fiscalía General para archivar el proceso que se abrió contra Juan José Acosta Ossío y Alberto Acosta Pérez, la jueza de Conocimiento de Bogotá dejó constancia de presiones indebidas que recibió por parte varios juzgados de Barranquilla. Igualmente, recibió llamadas extrañas de una persona que se presentó como el secretario de un juzgado en la capital del Atlántico para hacerle menciones directas sobre el caso.
