Enfoque
Recuperación de baldíos en Islas del Rosario podría tener tropiezos; comunidades afrocolombianas exigen consulta previa
Los habitantes raizales que hacen presencia en el archipiélago creen que es necesaria una concertación con ellos antes de que continúe el proceso.
Tras el anuncio de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) de recuperar al menos diez terrenos baldíos que hoy están en manos de particulares que pagan sumas irrisorias de arriendo, las comunidades que durante décadas enteras han habitado en este paradisíaco paraje terciaron en la discusión.
A través de sus líderes solicitaron la suspensión de todos los procesos que tiene planeados la Agencia para poner en orden el archipiélago hasta tanto no se sienten a conversar. Sostienen que dado el arraigo y la tradición que ejercen en esos predios y teniendo en cuenta su condición de minoría étnica es necesario adelantar una consulta previa.
“Cuando escuchamos la noticia de que los derechos iban a ser revindicados a nuestra comunidad, obviamente a nosotros nos pareció maravillosa la idea, de que el Gobierno de alguna manera nos comience a ver, pero lo que queda el sinsabor y la sorpresa del caso, porque la ANT arbitrariamente expide comunicación frente a la terminación de contratos sin previa consulta a nosotros como comunidad, desconociendo si tenemos o no relación con los mismos”, aseguró Dayana Medrano, representante legal del consejo comunitario de las Islas del Rosario, a medios radiales en Cartagena.
Las declaraciones de los líderes de las comunidades afro se produjeron luego de que el director de la Agencia Nacional de Tierras, Gerardo Vega, anunciara la primera de las diez demandas para recuperar los terrenos en Islas del Rosario, por considerar que los contratos que benefician a una serie de particulares están llenos de irregularidades, entre ellas el hecho de que fueron firmados por el desaparecido Instituto para del Desarrollo Rural, Incoder, que solamente estaba autorizado para desarrollar actividades de ese tipo concernientes con su liquidación. Esa entidad firmó una serie de contratos de arrendamiento en las islas el día antes de su liquidación final.
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Cabe resaltar que gran parte de los afrocolombianos asentados en el archipiélago recibieron la titulación de esos predios luego de un largo y tedioso proceso jurídico, que culminó en septiembre de 2015 cuando el entonces ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri, les entregó la propiedad de cerca de 100 hectáreas, en cumplimiento de una sentencia de la Corte Constitucional.
Por eso, las comunidades afrocolombianas, entre ellas Unidad Comunera de Gobierno Rural de Isla del Rosario Orika, que también asegura que la ANT no les ha informado el alcance de la recuperación de los predios, aseguran que es necesario que las hagan partícipes no solo en aras de respetar la consulta previa, sino con el ánimo de aportar en la construcción de un nuevo esquema que garantice el equilibrio ecológico y el turismo sostenible.
Los contratos en las Islas del Rosario han estado en el ojo del huracán, luego de que SEMANA revelara los nombres de los arrendatarios y las condiciones desventajosas para los intereses del Estado en que fueron entregados los predios. Quedó al descubierto, por ejemplo, que Carlos Mattos, condenado por el escándalo de corrupción de Hyundai, y su hermano, Jorge, fueron beneficiados con dos de los predios más apetecidos del archipiélago.
También se reveló cómo la exgobernadora de Cundinamarca, Leonor Serrano de Camargo, recibió otro terreno en condiciones muy favorables y pese a ello dejó de pagar el arriendo e incumplió de forma grave otras condiciones contractuales. De hecho, tuvo que enfrentar un proceso en el que reconoció las irregularidades pero en el que, de forma inexplicable, la Agencia Nacional de Tierras le permitió subsanarlos y finalmente cederle el contrato a otro particular.
En el escándalo de contratos de arrendamiento que, entre otras cosas, contemplan prórrogas hasta de ochos años, están involucrados, diplomáticos, artistas, empresarios y funcionarios públicos en ejercicio y la Agencia Nacional de Tierras ya expresó su intención de revisarlos uno por uno para evaluar su continuidad, en aras de salvaguardar el patrimonio de la nación.