Los desbocados en las redes sociales

Las redes sociales son un espacio donde los tirapiedras se desa-hogan. Buena parte de la información que aparece allí es producto más de las vísceras que del cerebro. ¿Cuál es el límite de lo tolerable? Ese es el gran debate en la actualidad. Google en este momento es objeto de una controversia porque se negó a sacar de su plataforma YouTube unos videos antisemitas, comparables en contenido a la propaganda de Goebbels en el Tercer Reich. El argumento es que la libertad de expresión no puede tener límites, pero algunos anunciantes han decidido retirar su pauta por cuenta de esta interpretación.

En Colombia no se ha llegado a esos excesos, pero en los últimos días se han medido esas fronteras. Un expolicía de nombre Josué Martínez Loaiza, quien vive en Bolivia y tiene allí negocios mineros, puso en su cuenta de YouTube un video que podría ser interpretado como una instigación a un atentado contra el presidente Juan Manuel Santos. El hombre no lo decía de frente, pero hacía dos referencias que permitían la asociación de ideas. La primera fue: “Si los Estados Unidos, superpotencia, le dieron muerte a John F. Kennedy, ¿por qué Colombia no puede igualar las cargas históricas? ¿Por qué si los rusos destruyeron la hegemonía de los zares, por qué si los franceses les dieron corte a los cuellos de aquellos que creyeron estar por encima del pueblo, por qué Colombia no puede hacer lo mismo?”. La segunda no era menos macabra: “¿Por qué no poner unos cinco francotiradores en las principales ciudades de Colombia y empezar una temporada de caza? Ya sabemos a todos los políticos que nos han vendido, ya sabemos cómo viven, cuáles son sus itinerarios, los tenemos marcados”. El resto del video de seis minutos era una crítica contra el gobierno de Santos y contra el proceso de paz.

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Loaiza se dio cuenta de que había metido la pata y en una entrevista en W Radio reconoció sus excesos verbales. Sin embargo, las dos frases arriba mencionadas dieron pie para que la Justicia colombiana lo llamara a interrogatorio y, en consecuencia, un juez boliviano ordenó su arresto domiciliario y le prohibió salir de Bolivia. ¿Qué le va a pasar? No se sabe, pero podría ser acusado por los delitos de actos hostiles, apología del delito e instigación pública.

Ese caso recuerda uno parecido que tuvo lugar en 2009 en relación con Jerónimo, hijo del expresidente Álvaro Uribe. Este fue objeto de un grupo en Facebook que se llamaba ‘Me comprometo a matar a Jerónimo Alberto Uribe’. El promotor era Nicolás Castro, un joven que tenía 25 años en ese entonces y quien pasó 5 meses en la cárcel acusado de instigación a delinquir agravada. Eventualmente fue absuelto, cuando quedó claro que era más un chino irresponsable que un magnicida en potencia. No se sabe si a Loaiza le va a pasar algo parecido, pues él es un expolicía, con años de experiencia y su ‘objetivo militar’ fue nada más y nada menos que el presidente de la república.

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La semana pasada hubo otro incidente de redes sociales además del de Loaiza. La columnista de ElTiempo.com María Antonia García, con motivo del fallecimiento del músico vallenato Martín Elías, trinó: “Qué falta de todo, llorando la muerte del hijo de un asesino. Colombia está en el séptimo círculo del infierno de los valores morales”. Ella hacía referencia al crimen que habría cometido el padre del difunto, Diomedes Díaz. Sin embargo, como en derecho no existen los delitos por parentesco, el trino causó indignación y puso la lupa sobre su cuenta de Twitter. Allí aparecieron otros trinos aún más graves. En varias ocasiones se refirió a Álvaro Uribe llamándolo “genocida” y en uno de ellos lo acusó de haber “descuartizado a miles de inocentes”. Su caso no puede ser considerado instigación al magnicidio, pero sus trinos, aunque son personales, sí cruzan una línea que no corresponde con los estándares de una columnista del periódico más importante del país.

El tema sobre los límites de la libertad de expresión es delicado y complejo. Ese derecho debe excluir la calumnia, la injuria, la instigación a delinquir y la intromisión en la vida privada de la gente. Lo que hay que determinar es cuándo un exceso se convierte en delito. Y es hora que la Justicia tome cartas en el asunto con las personas que están abusando de las redes sociales. n