POLÍTICA
Reducir el salario de los congresistas y recortarles las vacaciones, ¿ahora sí?
Proponer reformas que disminuyan el salario de los congresistas o les reduzcan sus privilegios se volvió un lugar común y muchas veces son utilizadas más por populismo.
Por estos días, el senador Roy Barreras, quien asumiría la presidencia del Congreso desde el próximo 20 de julio, lanzó una promesa: buscará recortar las vacaciones de los congresistas, que actualmente gozan de un periodo de descanso de cuatro meses al año.
“Recortaremos las vacaciones. Vamos a empezar a trabajar en febrero y no en marzo”, apuntó el senador del Pacto Histórico.
Si bien estos planteamientos del Pacto Histórico resultan llamativos para la galería, y de convertirse en realidad serían un mensaje importante para el país, llama la atención que se lancen justo cuando el gobierno entrante de Gustavo Petro anuncia su reforma tributaria y cuando los autores de estas propuestas son conscientes de que es muy difícil que el Congreso apruebe este tipo de propuestas, por varias razones.
El primer elemento que hay que tener en cuenta es que tanto el recorte de las vacaciones como la reducción de salarios de los congresistas deben tramitarse mediante reformas constitucionales, que son proyectos que requieren superar ocho debates y no cuatro, como los proyectos ordinarios, y además necesitan mayorías especiales, es decir, es más difícil su aprobación y la conformación de quorum.
A esto debe sumarse el hecho de que, según anunció el propio Barreras, la prioridad del gobierno y por ende del Congreso durante el primer año será el trámite de iniciativas complejas, como las reformas tributaria y agraria, las modificaciones al sistema de salud y la reforma política.
Esto muestra que durante el primer año difícilmente se podrá tramitar una reforma constitucional que tenga que ver con el recorte de vacaciones o reducción del salario de los congresistas.
Adicionalmente, si bien la conformación de este nuevo Congreso es distinta, las mayorías las siguen teniendo los partidos tradicionales que históricamente han hundido las propuestas que buscan reducir los privilegios de los parlamentarios y cada vez encuentran formas más ‘creativas’ de hacerlo.
El caso más reciente fue lo sucedido con la reforma constitucional que pretendía recortar las vacaciones de los parlamentarios en Colombia. La propuesta, presentada por el representante Gabriel Santos, reducía de cuatro a tres meses el periodo de receso del Legislativo.
Lo curioso fue la manera en la que se hundió la iniciativa: falta de quorum. El proyecto, que había superado siete de sus ocho debates requeridos, se encontraba en el orden del día de la Plenaria del Senado. Antes del punto número diez la sesión transcurría con normalidad, pero cuando se llegó a este punto, de manera extraña, el quorum se desintegró.
“Hoy es un día oscuro para el Congreso. La Plenaria del Senado desintegró el quorum justo cuando íbamos a debatir nuestro proyecto para reducir las vacaciones de los congresistas, dejándonos sin tiempo para dar el último debate. En 30 segundos se acaba el trabajo de un año”, manifestó el representante Santos.
Lo más llamativo es que uno de los que fue acusado de haber desbaratado el quorum fue justamente el senador Roy Barreras, quien no apareció durante la votación de esta iniciativa, en diciembre del año pasado, pero ahora lanza esta misma propuesta.
El hecho de que se haya hundido un proyecto que buscaba que los congresistas renunciaran a uno de sus privilegios no resulta extraño. Las iniciativas que se han presentado en los últimos años se han hundido varias veces.
Con impedimentos
Por ejemplo, en 2020, el senador liberal Luis Fernando Velasco radicó un proyecto que contenía una disposición que congelaba el salario de los congresistas y los funcionarios que devengaran más de 15 salarios mínimos. Según explicó el congresista, hubo “falta de voluntad política”, pues el proyecto apenas superó uno de los ocho debates que requería. No alcanzó el tiempo.
En septiembre de ese mismo año, los senadores Gustavo Bolívar y Rodrigo Lara también lo intentaron. Ellos propusieron, dentro del proyecto que regulaba las sesiones remotas, que los parlamentarios colombianos renunciaran a sus gastos de representación, pues como estaban sesionando desde la casa no requerían los más de 14 millones que se les otorgan para que puedan sufragar sus gastos por el hecho de permanecer en Bogotá.
En esta oportunidad, el argumento fue distinto, pues algunos de los senadores aseguraron que introducir este tema implicaría un supuesto vicio de trámite en el proyecto. La propuesta se hundió.
Más curioso fue lo ocurrido en 2018 con un proyecto, nacido tras la consulta anticorrupción, que buscaba congelarles el salario a los congresistas hasta 2022 y a partir de este año se les disminuía el salario a máximo 25 salarios mínimos.
En esa ocasión, 36 de los 38 miembros de la Comisión Primera de la Cámara se declararon impedidos para discutir la iniciativa, al considerar que había un conflicto de interés porque estaban legislando sobre su propio salario. Esto llevó al hundimiento de la reforma.
Proponer reformas que disminuyan el salario de los congresistas o les reduzcan sus privilegios se volvió un lugar común y muchas veces son utilizadas más por populismo que con intenciones reales de enviar mensajes positivos al país. ¿Será que ahora sí?
