POLÍTICA
38 congresistas recusados en referendo por la paz
La acción contra los congresistas de la Unidad Nacional dilató el trámite de la iniciativa.
Una sorpresiva estrategia jurídica, que varios parlamentarios calificaron como una "tinterillada", le puso freno al trámite del proyecto de referendo para la paz a la cual el Gobierno le imprimió un mensaje de urgencia.
Los abogados Ricardo Cifuentes Salamanca (presidente de la Corporación Foro Ciudadano) y Eduardo Carmelo (director general de la Red de Veedurías) recusaron a todos los senadores y representantes a la Cámara de las comisiones primeras que pertenecen a los cinco partidos políticos que conforman la coalición de la Unidad Nacional que apoya el gobierno del presidente Juan Manuel Santos.
El argumento es que si estos congresistas, 13 senadores y 25 representantes, intervienen en el debate en el que se habilitaría para el mismo día de las elecciones el referendo para refrendar los acuerdos para poner fin al conflicto, no sólo se estarían beneficiando los propósitos reeleccionistas del presidente de la República, sino que también se verían favorecidos por promover el apoyo a dicho referendo.
Según la recusación, los senadores y representantes de la Unidad Nacional "son socios políticos del presidente de la República y en consecuencia se hallan incursos en la causal de pérdida de investidura denominada conflicto de interés".
Ante esto, el presidente de la Comisión primera del Senado le dio traslado a las comisiones de ética de Senado y Cámara para que evalúen de forma individual el presunto conflicto de interés en el que estaría incurso cada uno de los 38 congresistas que pertenecen a la coalición de gobierno.
Por eso el debate sobre el referendo por la paz tuvo que ser suspendido hasta tanto las comisiones de ética de Senado y Cámara no resuelvan esta recusación.
Esta situación desacelera el trámite del proyecto que el Gobierno ha reclamado con urgencia, con el único propósito de tener habilitado un mecanismo expedito para refrendar los acuerdos que se alcancen en La Habana, en la eventualidad de que se firmen.
El Gobierno y la Unidad Nacional aprobaron los dos primeros debates del proyecto esta misma semana, pero con esta estrategia la discusión podría tardar una semana, pues el presidente de la comisión de ética de Senado dijo que como se tendría que resolver de forma individual cada recusación, la decisión se podría demorar más de la cuenta.
Sin embargo, el presidente de la Comisión Primera del Senado, Juan Manuel Galán, pidió a las comisiones resolver esta recusación en la tarde de este martes para continuar con el debate en la mañana del miércoles.
La recusación fue calificada como una estrategia porque automáticamente congeló los votos que necesita el proyecto para ser aprobado.
"No hay conflicto de interés"
El ponente del proyecto, Alfonso Prada, rechazó los argumentos de los abogados que recusaron a los 38 parlamentarios de la Unidad Nacional, al recordar que el Consejo de Estado señaló que el conflicto de interés debe ser un beneficio "directo e inmediato" para un congresista que no se presenta en el caso del referendo por la paz.
Según Prada, son siete los argumentos políticos y jurídicos para afirmar que los congresistas no están en conflicto de interés.
Políticamente nadie garantiza que gane el "sí" en el referendo. Para sostener esa tesis mencionó los resultados de la reciente encuesta de Gallup en la que indica que si el referendo fuera hoy, el 80 % de los consultados votaría no a la participación en política de guerrilleros y a la aplicación de justicia transicional con suspensión de penas".
Al no estar garantizado un resultado no hay un interés directo que sea efecto automático de la expedición de la ley, y la jurisprudencia ha señalado que ese es un requisito que tiene que darse, "que directamente de la ley se desprenda el beneficio, no que se desprenda de actos posteriores, sucesivos, o diferentes".
Prada también asegura que para que el supuesto conflicto de interés se configure se tendrían que firmar los acuerdos de paz y en el momento del trámite del proyecto no hay esa certeza. También que se contemple el referendo como mecanismo de refrendación, el cual no ha sido aceptado por las FARC.
Como se tienen que surtir esos pasos previos, Prada asegura que se rompe con el precepto de la inmediatez directa en el presunto beneficio de un congresista con el proyecto que hoy tramita el Congreso.
Sin embargo, la decisión está en manos de la Comisión de Ética, quien tendrá que habilitar a los congresistas de la Unidad Nacional para que esta salvaguarda propuesta por el Gobierno en caso de firmar un acuerdo para poner fin al conflicto pueda ser convocado el mismo día de las elecciones.
Lo único claro es que con esta estrategia cada vez se reducen los tiempos para que el Gobierno pueda tener listo este escenario para refrendar los eventuales acuerdos de La Habana.
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