“El referendo de Viviane Morales no puede aplastar a las minorías”: Catalina Botero

SEMANA: Como académica y constitucionalista usted se ha opuesto al trámite del referendo que les prohibiría a las personas LGBTI y del mismo sexo adoptar ¿Cuáles son sus argumentos?

CATALINA BOTERO: El referendo prohíbe a las personas solteras, viudas, separadas y parejas del mismo sexo, que adopten. Según la doctrina de la Corte Constitucional aceptada en 2011 por la propia Viviane Morales, senadora que promueve el referendo, ni el Congreso ni un mecanismo como el referendo pueden disolver pilares esenciales de la Constitución como el derecho de los niños y las niñas a tener una familia. Además de ese derecho, este referendo vulneraría otros como el del libre desarrollo de la personalidad, especialmente de las mujeres solteras (de pasar el referendo para adoptar ellas estarían obligadas a casarse) y el de la igualdad de trato ante la ley de más de 17 millones de colombianos a quienes se les excluiría la posibilidad de postularse como adoptantes. Según la Encuesta Nacional de Demografía y Salud de Profamilia cada vez hay más gente soltera, y el 51 por ciento de las familias está constituido por las personas que este referendo considera inaptas.

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SEMANA: ¿Cómo se refleja la relación entre la voluntad de la mayoría y los derechos de las minorías en esta propuesta de referendo?

C.B.: La característica esencial del derecho constitucional moderno después del holocausto nazi, es que el principio de mayorías tiene que conjugarse con la defensa de los derechos de las minorías. Es decir, los derechos de las minorías no son susceptibles de ser derogados por una decisión mayoritaria por cuanto la legitimidad del orden constitucional está basada en la igualdad de derechos. En esta propuesta de referendo las mayorías políticas terminarían violando un derecho de la población más débil y vulnerable: el de los niños en condición de adoptabilidad a tener una familia. Hay por lo menos el doble de niños en condiciones de adoptabilidad que familias heterosexuales que quieran adoptarlos. Si el referendo llegara a pasar, el ICBF de plano tendría que rechazar cientos de solicitudes de personas solteras dispuestas a dar afecto y proyección a esos menores en contravía de lo que establece nuestra Carta Política. Según nuestra Constitución, las mayorías no pueden aplastar a las minorías.

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SEMANA: Aquí hay dos minorías compitiendo, los evangélicos por un lado y la población LGBTI por el otro. ¿Cómo se debe resolver esa tensión?

C.B.: Esa tensión no es tan cierta. El referendo afecta también a personas viudas, solteras y separadas. Y por otro lado, no todos los evangélicos comulgan con la misma postura. Muchos de ellos no son homofóbicos y los que lo son no tienen el derecho de discriminar a ninguna población, incluyendo los LGBTI.

SEMANA: ¿Tiene la potestad el pueblo, si llega a votar este referendo, de prohibir la adopción por parte de solteros y personas LGBTI?

C.B.: No. En un Estado Constitucional de Derecho, ni el pueblo a través de un referendo ni el Estado a través de una ley pueden impedir que los niños accedan a una familia apta y que las personas solteras puedan constituir una familia. Quienes proponen el referendo han admitido que no hay evidencia científica que permita sostener que hay diferencias entre el bienestar de los niños que tienen en familias tradicionales y el que tienen en familias homosexuales u homoparentales. Como lo ha señalado la Procuraduría, la idoneidad para adoptar no se define en las urnas sino en los rigurosos procesos del ICBF.

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SEMANA: Por años el Capitolio le había hecho el quite a discusiones como el aborto, la eutanasia y los derechos de las parejas del mismo sexo. ¿Cómo explica que los congresistas ahora quieran legislar sobre esos temas?

C.B.: Sorprende la demora en legislar a favor de la igualdad y la notable agilidad en tramitar un proyecto que va en contra de todos los valores de la civilización. Falta el trámite en la Cámara. El diseño institucional está hecho para que el Congreso pueda frenar proyectos como este que, además de sustituir la Constitución, busca que los derechos ciudadanos retrocedan 200 años. Los congresistas no son solo notarios y no pueden evadir su responsabilidad sosteniendo que con la aprobación del referendo solo están dándole paso a la decisión popular. Su responsabilidad también implica analizar lo que se va a decidir.

SEMANA: ¿Qué espera de la Corte Constitucional si este referendo llega a ser aprobado por el Congreso?

C.B.: La corte no tiene otra alternativa que declararlo inconstitucional y eso lo saben los promotores del referendo.