POLÉMICA

Reforma a la justicia del Centro Democrático “es perversa; fomenta la impunidad”: MOE

La iniciativa establece que los congresistas solo pueden ser detenidos o llamados a juicio con permiso de la cámara a la que pertenecen. Según Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral, las medidas van en contravía de la lucha contra la corrupción.

26 de septiembre de 2018
"No creo que ningún ciudadano en Colombia pueda creer que procesos como los de la parapolítica o los que han destapado la corrupción de congresistas y contratistas, podrían haber sido investigados si hubieran tenido que pasar por otros congresistas":Alejandra Barrios | Foto: Semana

El proyecto de reforma a la justicia que radicó este martes la senadora del Centro Democrático Paloma Valencia no sólo busca unificar las Cortes Suprema de Justicia y Constitucional en un organismo denominado Tribunal Supremo Constitucional, como lo había propuesto el presidente Duque durante la campaña.

La iniciativa también contiene disposiciones que, según la Directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), Alejandra Barrios, pueden impedir que se sigan adelantando investigaciones contra congresistas por casos como la parapolítica o el carrusel de la contratación.

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“Es peligroso porque fomenta la impunidad. No creo que ningún ciudadano en Colombia pueda creer que procesos como los de la parapolítica o los que han destapado la corrupción de congresistas y contratistas, podrían haber sido investigados si hubieran tenido que pasar por otros congresistas para que ellos tomaran la decisión de si podían ser investigados”, dice.

El artículo 10 del proyecto, que reformaría el artículo 186 de la Constitución, establece que “ningún miembro del Congreso podrá ser aprehendido ni llamado a juicio sin permiso de la Cámara a que pertenezca, durante el período constitucional”.

Según Barrios, lo más peligroso de la iniciativa no es para las mayoría, sino para las minorías. “Qué podría pasar con miembros de la oposición que tuvieran que pasar primero por un debate o una negociación política para ver si son investigados. La propuesta realmente es perversa”.

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El procedimiento que establece el proyecto es similar al que existe para el presidente, para los magistrados de las altas cortes y para el fiscal, que deben someterse a un juicio político en la Comisión de Acusaciones antes de que pueda juzgarlos la Corte Suprema de Justicia. Esta comisión ha tenido resultados tan pobres que se ha ganado el calificativo de comisión de absoluciones porque casi todas las  denuncia que llegan a ella terminan archivadas.

“Hoy no tenemos que hayan procesos contra aforados constitucionales que hayan sido condenados”, señala Barrios. En 45 años de historia, la comisión solo ha acusado a dos personas, al general Gustavo Rojas Pinilla en 1959, y al magistrado Jorge Petrelt, el año pasado.

“Hoy no tenemos que hayan procesos contra aforados constitucionales que hayan sido condenados”, señala Barrios.

“Mire todos los procesos de corrupción con los que hay relacionados congresistas. Eso sería como decirles: ‘vea, usted tiene patente de corso porque entre todos vamos a hacer un carrusel de la impunidad para que nunca lo puedan investigar‘”, agrega.

Otra de las disposiciones que contiene el proyecto de reforma a la justicia del Centro Democrático contiene un cambio muy significativo en los juicios que se adelantan contra el presidente y otros altos funcionarios.

Hoy en día, si el Senado determina que hay mérito para juzgar a estos funcionarios pone el proceso en manos de la Corte Suprema de Justicia, para que lleve a cabo la investigación penal. Con lo que propone el proyecto, es el mismo Senado el que impondría la pena.

“Las condenas tienen que ser impuestas por jueces. Aquí pareciera que discutieramos los temas de la justicia, para unos de manera especial, con prerrogativas, mientras que a otros se les aplica la ley”, dice Barrios.

“Las condenas tienen que ser impuestas por jueces".

Uno de los senadores firmantes de la iniciativa fue el expresidente Álvaro Uribe, quien hace unas semanas fue llamado a indagatoria por la Corte Suprema de Justicia. Esto, según el ex candidato presidencial Gustavo Petro, significa que Uribe habría incurrido en una inhabilidad.

“Tiene que mirarse de manera juiciosa los conflictos de intereses que se presentan. Cuando se habla de disminuirles prerrogativas, todos declaran conflictos de intereses, cuando se trata de estos temas no hay conflictos de intereses. Creo que el Centro Democrático no midió el impacto que puede tener para el país esta iniciativa. Esperamos que la retire”, agregó Barrios.

SEMANA intentó comunicarse en varias ocasiones con la senadora Paloma Valencia, pero no pudo contactarla. En la rueda de prensa en la que anunció la presentación del proyecto aseguró que, por el contrario, este acaba con la impunidad en los procesos contra congresistas y magistrados.

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"Los congresistas y magistrados van a tener un sencillo procedimiento de desaforamiento que harán las comisiones conjuntas de Senado y Cámara y una vez hayan recibido la investigación, lo que hacen es retirar el fuero y los jueces de circuito designarán un tribunal ad hoc”. señaló.

Destacó que los congresistas se someterán a los mismos jueces que hoy investigan al resto de los colombianos, a diferencia de lo que ocurre hoy en día, que son juzgados por la Corte Suprema de Justicia.