Reforma a la justicia: el tribunal de aforados y otros seis puntos clave

La reforma a la justicia podría ser otro de los grandes proyectos de la era Duque que se desvanece poco a poco. En ese interés por dar ese necesario revolcón se encontraron tres propuestas diferentes: la del gobierno, la del uribismo y la de Cambio Radical. En las últimas semanas, los puntos más duros de los textos iniciales se han caído. La cirugía a la tutela fue el primero que corrió esa suerte.

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En los próximos días, el Congreso debatirá el documento que sobrevive. De todo lo que está sobre la mesa, solo un punto parece no tener enemigos: la eliminación del Consejo Superior de la Judicatura. Ni en el Congreso ni en el Palacio de Justicia hay oposición a esa iniciativa. Estos son los puntos clave que se debatirán:

1. Tribunal de aforados: 

El punto más sensible de la discusión había sido eliminado en primer debate, sin embargo, con una fórmula diferente, revive para la plenaria del Senado. Se propone un esquema en el que se mantenga un antejuicio político en el Congreso, pero una vez superada esta etapa, se establece la conformación de un Tribunal de Aforados que estudie penalmente la situación. Ese nuevo organismo estudiaría los casos de los integrantes de la comisión de disciplina, el fiscal general y los magistrados.

El tribunal estaría integrado por tres magistrados encargados de la instrucción, tres magistrados de primera instancia y tres de segunda instancia. Cuando se trate del presidente de la República, el caso no irá al tribunal de aforados sino a la Corte Suprema de Justicia.  Los integrantes del tribunal serían elegidos por el Congreso de lista de elegibles por concurso de méritos. Las organizaciones de la sociedad civil y la Corte Suprema se oponen a esta propuesta.

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2. Periodos de magistrados: 

En el nuevo articulado, se eliminan varias barreras para llegar a ser magistrado de una alta corte y se extiende a 12 años su periodo. Aunque esto podría leer como una forma de darles contentillo, los magistrados de la Corte Suprema se han opuesto a este punto. Fue derrotado el requisito que se quería imponer para que un abogado pasara por la Rama Judicial antes de llegar al cargo de magistrado. Se mantiene la restricción para que quienes lleguen a estos altos cargos tengan más de 50 años de edad y una experiencia de 25 años en un sector del derecho que sea afín con el cargo a ocupar. Por otro lado, no podrían litigar directamente o indirectamente ante la corporación en la que ejercieron la magistratura ni aceptar cargos en la Rama Ejecutiva dentro de los dos años siguientes a la salida de su cargo. Este último punto tiene una alta resistencia en los organismos de la justicia en las que muchos quisieran dar ese salto. Por último, las presidencias de las altas cortes serían de dos años.  

3. Facultades electorales:

El proyecto toca uno de los puntos que le otorga hoy más poder a las altas cortes: la posibilidad de elegir los altos cargos del Estado como Fiscal, Procurador y Contralor. El proyecto establece que el procurador sea elegido por el Senado para un periodo de cuatro años, de lista de elegibles conformada por convocatoria pública. 

Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado serían elegidos, previa audiencia pública, de una lista enviada por la Comisión de Carrera Judicial y elaborada mediante convocatoria pública. La mitad seleccionados deberá venir de la Rama Judicial o el Ministerio Público, y la otra mitad tendría que provenir del ejercicio profesional público o privado y de la academia. Si en 15 días los integrantes de cada corporación no logran llegar a un acuerdo, se establece que el tema pasará a manos de la Sala de Gobierno.

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4. Consejo Superior de la Judicatura: 

La iniciativa propone la eliminación del Consejo Superior de la Judicatura y su reemplazo por Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial, acompañada de otros órganos específicos. En este articulado se crea la figura de gerente de la Rama Judicial que trabaja de la mano con un consejo directivo, se crea una Comisión de Carrera Judicial y una Comisión de Disciplina Judicial. 

El intento por tocar el gobierno de los jueces fue lo que primero se cayó en la Corte Constitucional en la pasada ley de Equilibrio de Poderes. Luis Guillermo Guerrero, el magistrado encargado de hacer el examen de constitucionalidad es hoy un delegado por este alto tribunal para participar de los debates de reforma a la justicia.  Como ponente, Guerrero propuso tumbar el modelo que reemplazaba a la judicatura; aunque recibió el respaldo mayoritario de sus colegas, la decisión causó tanta controversia que en su momento se dijo que jueces no se dejarían reformar y que la única forma reformarlos sería con una Asamblea Nacional Constituyente. Así se reemplazaría la Judicatura:

 
-La Comisión Interinstitucional de la Rama se conformaría por los presidentes de las altas cortes, un representante de la Comisión de Disciplina, el fiscal general y un representante de los tribunales; eliminarían la presencia de un representante de los funcionarios judiciales. Sus funciones serían consultivas y decisorias. 

-El Consejo Directivo estaría integrado por tres directores, elegidos por la Comisión Interinstitucional de la Rama para períodos individuales de cuatro años. Cumpliría funciones de Gobierno de la Rama Judicial para promover la eficiencia en la justicia. El gerente sería designado por cuatro años con posibilidad de reelección de dos períodos. 

-La Comisión de Carrera judicial, que estaría integrada por tres comisionados, elegidos en el pleno de la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial para períodos de 8 años sin reelección.

-La Comisión de Disciplina Judicial, que ejercería funciones jurisdiccionales de los funcionarios, estaría conformada por siete magistrados: cuatro elegidos por el Congreso y tres por el presidente; los candidatos saldrían de listas hechas por la Comisión de Carrera Judicial. 

5. Medidas de descongestión judicial

La reforma plantea la creación de una figura que le otorgaría facultades jurisdiccionales a notarios, centros de arbitraje, centros de conciliación y abogados en ejercicio, como una medida transitoria de descongestión que máximo se puede extender por cinco años.

6. Delitos contra los niños

También se plantea una propuesta para que los delitos relacionados con menores de edad sean imprescriptibles hasta el momento en que la autoridad vincule al presunto responsable a un proceso penal. 

7. Detención preventiva

Hoy la posibilidad de ser detenido sin estar condenado tiene un plazo máximo de en un año prorrogable hasta dos años cuando se trate de organizaciones criminales. La iniciativa propuesta por la senadora Paloma Valencia busca que se deje en un año prorrogable hasta 6 meses más.