Reforma a la justicia, en la cuerda floja en el Congreso

Con la llegada de los villancicos, la natilla y los buñuelos se van cerrando las sesiones ordinaras del Congreso, que culminan este 16 de diciembre. Y como ocurre anualmente son varios los proyectos que empiezan a ‘penar’ por falta de tiempo para ser aprobados.

Uno de los más críticos es el proyecto de reforma a la justicia que establece una nueva forma de elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado, eliminando el trámite de la lista de elegibles en cabeza del Consejo Superior de la Judicatura, como está hoy en día. La iniciativa no solo está en la cuerda floja por los tiempos sino por cuestiones políticas y de trámite legislativo.

La Comisión Primera del Senado, ante la premura por evitar el hundimiento de esta norma, citó la semana pasada en un horario completamente atípico para el Congreso y más aún en campaña: viernes a las 3:00 p. m. Sin embargo, tras hora y media de discusión, no se logró avanzar.

Son tres los elementos que conspiran contra el avance de esta norma. El primero de ellos es una recusación que fue radicada contra los 22 integrantes de la comisión, lo que implicaría, según el ciudadano que interpuso el recurso, que toda la corporación estaría inhibida para pronunciarse sobre el proyecto debido a que, supuestamente, tendrían personas cercanas a ellos nombradas en la Contraloría, entidad que es mencionada en proyecto de ley.

Esta recusación fue calificada como “absurda” por el ponente del proyecto, el senador liberal Miguel Ángel Pinto. Sin embargo, el asunto obligó a gastar tiempo en toda una discusión jurídica sobre el tema y al final se resolvió dar traslado a la Comisión Ética.

Adicionalmente, por tratarse de una reforma que modifica la elección de magistrados, los congresistas que tienen investigaciones en las altas cortes se han declarado impedidos. Esta ‘lluvia’ de impedimentos ha retrasado el inicio de la discusión de fondo.

Y para completar la tormenta perfecta que está cayendo sobre esta iniciativa, completar el quórum ha sido un reto, a tal punto que ni siquiera se lograron evacuar los impedimentos en la sesión del viernes y hubo que levantar.

Este lunes la Comisión Primera del Senado nuevamente está citada para tratar de sacar adelante este proyecto. El asunto que causa preocupación es el tiempo: por tratarse de una reforma constitucional requiere superar dos debates más antes del 16 de diciembre, para continuar con vida en el Congreso.

Es decir, si hoy es aprobada, aún requeriría un debate más en la plenaria para salvarse. Y según el reglamento del Congreso un proyecto debe esperar mínimo ocho días entre el debate en comisión y el de plenaria. Llegará sobre el límite.

¿Qué dice el proyecto?

La reforma tiene dos componentes. El primero tiene que ver con la elección de los magistrados de las altas cortes. El texto indica que será la propia Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado los que elijan a sus magistrados mediante convocatorias públicas y no como ocurre hoy que es por una lista de elegibles elaborada por el Consejo Superior de la Judicatura

“Lo que se busca es fortalecer la autonomía de las cortes y la participación de profesionales competentes y experimentados, cuya evaluación por parte de las Cortes a las que aspiran pertenecer, permita seleccionar al mejor candidato posible, mediante la observancia de los requisitos legales, aptitudes profesionales y atributos éticos necesarios para el desempeño del cargo al que aspiran”, explicó Buenaventura León, representante del Partido Conservador y coordinador ponente del proyecto en Cámara.

El proyecto también modifica artículos de la Constitución para cambiar los parámetros en la elección de los cargos de fiscal general, procurador general, defensor del pueblo y contralor.

La iniciativa propone que a quienes opten por estos cargos ya no se les pida el cumplimiento de parámetros similares a los que se utilizan para la elección de magistrados de las altas cortes, pues ejercen funciones distintas.

En cambio, la reforma aprobada en su segundo de ocho debates establece que quienes opten por los cargos de fiscal general, procurador general, defensor del pueblo y contralor general deberán acreditar “título universitario de abogado con experiencia profesional mínima de 15 años, y experiencia profesional simultánea o complementaria no menor a 15 años en ciencias sociales, humanas, económicas, financieras, administrativas, o como docente universitario por el mismo tiempo”.