Reforma a la justicia: estas son las propuestas que la Corte Suprema le envió al ministro Néstor Osuna

Hasta este miércoles, 7 de febrero, había plazo para presentar las propuestas dentro del ambicioso plan de reforma judicial anunciado por el ministro de Justicia, Néstor Osuna, bajo la dirección del presidente Gustavo Petro.

La propuesta de reforma pretende abordar una amplia gama de problemas arraigados en el sistema judicial colombiano. Una de ellas busca la descongestión y el acceso a la administración de justicia, pero también se baraja la eliminación de la Procuraduría General de la Nación y del Consejo Superior de la Judicatura.

Precisamente, uno de los que envió propuestas al ministro Osuna fue la Corte Suprema de Justicia. El alto tribunal, en su calidad de miembro de la Comisión Asesora para la Reforma a la Justicia, remitió al Gobierno nacional una serie de sugerencias destinadas a transformar el sistema, centrándose en las necesidades de la ciudadanía y en la mejora de la eficiencia y la dignidad de los jueces en todo el país.

En un documento dirigido al ministro de Justicia, la Corte expresó su compromiso de contribuir al fortalecimiento del sistema judicial y detalló una serie de consideraciones sobre los ajustes necesarios en las áreas penal, laboral, civil, agraria y rural.

En el ámbito penal, la Corte propuso la eliminación de reformas posteriores a la Ley 906 de 2004 que, según considera la Corte, “han impedido aplicar, en determinados casos, beneficios de rebaja de pena para quienes acepten cargos o lleguen a un acuerdo, pues esto ha incrementado la congestión judicial y ha generado que muchos procesos terminen en absoluciones, en lugar de una condena por sentencia anticipada”.

Además, abogó por agilizar y clarificar la aplicación del principio de oportunidad. De acuerdo con la Corte, “es una herramienta a la que hoy poco acuden los fiscales, al parecer, porque dentro de la Fiscalía se han creado mecanismos engorrosos que la desestimulan”.

Sobre este punto, también propuso que se estudie la posibilidad de que el fiscal que asuma un caso desde el comienzo sea el que lo lleve durante toda la actuación. “Gran parte de los procesos que terminan con nulidades o absoluciones se deben a la falta de preparación de los fiscales o ausencia de empoderamiento en el caso”, señaló.

Asimismo, propuso modificar aspectos relacionados con la justicia restaurativa y el incidente de reparación integral. “Actualmente, la compensación del daño no conduce en la mayoría de los casos a una mayor efectividad de la justicia, al no implicar, por ejemplo, la terminación anticipada del proceso o la reducción de pena”, aseguró el alto tribunal.

Adicionalmente, solicitó ponerle la lupa a las “demoras” en las audiencias; específicamente, pidió “regular los motivos que están llevando a que haya congestión y demoras en las audiencias de control de garantías y diligencias preliminares”.

La Corte también propuso que “se reforme el incidente de reparación integral para que, cuando su pretensión sea eminentemente económica, este se adelante ante los jueces civiles”.

Para el ámbito laboral, la Corte destacó la importancia de propuestas como el Nuevo Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social, así como el fortalecimiento de la implementación de tecnología en la justicia y “avanzar en la consolidación del expediente electrónico”.

Algo clave para el alto tribunal es la creación de jueces municipales y del circuito según la demanda local. Así como “reformar las reglas procesales para lograr mayor celeridad, reformar el monitoreo de la gestión judicial y diseñar medidas más eficaces para sancionar la inoperancia judicial”.

En materia laboral, finalmente propuso “fortalecer la conciliación extrajudicial”.

De otro lado, en el ámbito civil, instó a que el Congreso de la República “emita” la “Ley Ordinaria y Ley Estatutaria de la Jurisdicción Agraria y Rural creada el año pasado”.

También propuso reformar el Estatuto de Arbitraje, el Código General del Proceso y “desarrollar mecanismos contra la congestión judicial y el mejoramiento de la tutela”.