La reforma a la Justicia cojea y puede que no llegue en el 2018

El Ministerio de Justicia celebró una victoria a medias, por un lado la reforma a la Justicia superó su segundo debate en Senado y ahora pasará a manos de la Cámara, pero por el otro, en ese tránsito sufrió tantos cambios que lo que llegó ha sido calificado de “reformita”.

La ministra de Justicia, Gloria María Borrero, guarda la esperanza de que en Cámara las cosas sean diferentes. Aseguró que todavía queda tiempo y que intentará revivir puntos claves de la reforma, como la eliminación del Consejo Superior de la Judicatura. La discusión en el Congreso llegó a un punto tal en que varios congresistas le pidieron que retirara el proyecto de acto legislativo, pero ella insistió en que esto ya no se podía hacer.

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Para la ministra esto es un asunto de honor, fue la tarea que le encomendó el presidente Iván Duque al nombrarla y si no lo logra será su derrota. Por eso, si se llega a hundir este año -todavía le restan seis debates- volverá a presentar el proyecto en la próxima legislatura, en marzo. Si no logra su aprobación pondrá su puesto a consideración del presidente, es decir, su renuncia sobre la mesa.

“Si la eliminación del Consejo Superior de la Judicatura no se aprueba, mejor que no se apruebe nada. Eso que yo estoy diciendo lo comparte la ministra, lo que pasa es que ahora dice que no. Pero hace unas semanas lo decía. Jurídicamente no se podría, pero políticamente sí, ella hace la solicitud y el Congreso lo archiva”, explicó el analista Héctor Riveros.

¿Qué quedó vivo y que se murió en el Senado?

En medio de su primera vuelta en el Congreso la reforma quedó coja. Principalmente porque el Consejo Superior de la Judicatura - que administra los recursos de la rama judicial- quedó vivito y coleando, nuevamente. A pesar de los cuestionamientos que lo rodean, presuntos actos de corrupción y mala administración de los recursos, los congresistas se negaron a eliminarlo refugiándose en la sentencia de la Corte Constitucional que lo salvó en 2016. Esta era -según el gobierno- la médula de la reforma.

Tampoco pasó la propuesta para aumentar el presupuesto de la rama judicial. El proyecto pretendía que la la ley de apropiaciones lo aumentaría en una proporción mayor o igual al porcentaje al que se defina cada cuatro años en el Plan Nacional de Desarrollo. Con este cambio estaba de acuerdo Dejusticia, porque aseguraba que le daría mayor autonomía a la Justicia.

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Como era de esperarse, el Senado también hundió los límites que la reforma le ponía al uso de la acción de tutela. Planteaba que solo podría presentarse ante un juez que pertenezca a la jurisdicción y especialidad del tema, y exigía “legitimidad” al accionante para presentarla. Este punto levantó en su momento una polvareda, y por eso su hundimiento fue bien visto.

Entre los articulados que pasaron la prueba en el Senado hay varios polémicos. Uno de ellos es la eliminación de las facultades electorales de las altas cortes, es decir que el auditor, el registrador y el procurador pasarían a ser elegidos por el Congreso por convocatoria pública. Este cambio no tiene contentos a todos.

El senador Rodrigo Lara (Cambio Radical) explicó que la elección del procurador es potencialmente peligrosa porque cumple funciones “casi judiciales”, y ahora pasaría a manos de las mayorías en el Congreso.

El exministro Juan Fernando Cristo coincidió en que es un tema que se debe tratar con pinzas, y que hay que aclarar cuál sería el mecanismo que queda para la elección. Sin embargo, asegura que de fondo a la reforma a la Justicia no le queda nada.

“Quedaron temas intrascendentes. Me parece que no tiene ningún sentido decir que va avanzando una reforma que no sirve para nada. El texto que salió ayer puede tranquilamente archivarse, no darse trámite. No se tocan aspectos esenciales. La reforma va a morir lentamente, pero creo que deberían apiadarse de la reforma y darle una sepultura digna, no dejarla agonizar tanto”, aseguró Cristo a SEMANA.

También se salvó la unificación de las sentencias. Actualmente, la Corte Constitucional y el Consejo de Estado tienen entre sus funciones la unificación de jurisprudencia. Al respecto, el proyecto le permite a la Corte Suprema de Justicia que actúe como tribunal de casación y además que pueda unificar jurisprudencia; y para ello, le permitirán la selección de procesos de conformidad con los criterios que defina la ley.

Frente a este punto hay posiciones encontradas. Hay quienes dicen que sería un paso positivo para la Justicia y que evitaría la “inseguridad jurídica”, además, de ser un paso que Colombia estaría a tiempo de dar. Pero hay quienes dicen que es un error.

“Son los jueces los que de manera repetida en sus fallos van creando el derecho y adaptando la norma según las necesidades puntuales. Entonces se va creando un choque permanente entre la ley que es lo que debe aplicar un juez en un sistema jurídico-romano-germánico en Europa y América Latina y el precedente que es la ley hecha por los jueces. Eso es incongruente y antisistémico. Ya existen las sentencias de unificación, es un error introducir el concepto del precedente”, aseguró el senador Lara.

También quedó vivo el aumento de requisitos para los magistrados, que ahora deberán tener mínimo 25 años de experiencia para ocupar el cargo, y cuyo periodo se aumentaría de 8 a 12 años. En este punto los expertos coinciden en que no sería un gran cambio de fondo, y que de pasar no habría mayor daño.

“La experiencia demuestra que los magistrados más jóvenes, en la Corte Constitucional por ejemplo, han sido los más brillantes, como Manuel José Cepeda y Humberto Sierra Porto. Para mejorar la Justicia no se tienen que arreglar ni en la Constitución ni en las leyes, sino en su administración del poder judicial, es decir, hay que eliminar la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura y eso se rechazó”, explicó Riveros.

Este parece ser un nuevo intento fallido para reformar la Justicia desde el Congreso, por eso, se oyen voces que piden una Asamblea Constituyente para resolver el problema de fondo. Es poco probable que el gobierno le apueste a una salida de este calibre, por el momento intentará sacar adelante lo que queda y promete volver a intentarlo en marzo del próximo año.

Sin embargo, si en el próximo proyecto que se presente no hay cambios de fondo se podría parar por las mismas razones que en esta legislatura. La ministra de Justicia está librando esta batalla sola y sin mucha fuerza, así la perciben en el Congreso, no ven -como dijo el senador Luis Fernando Velasco- que el gobierno tenga un norte claro con la reforma que prometió en campaña presidencial. La desconexión del gobierno Duque con el Congreso le puede costar el hundimiento de este proyecto. Ahora que pasa a la Cámara, el presidente Alejandro Carlos Chacón aseguró que el “esperpento” que pasó no durará mucho. Dicen que la Justicia cojea pero llega, pero en este caso parece que la reforma no llegará.