Debate
Reforma a la salud es una “muerte asistida”: duro pronunciamiento de Federico Gutiérrez sobre el caos que vendría en el país
“Quieren generar caos y hacerse a un cheque en blanco de facultades extraordinarias en la materia”, advirtió el líder político.
El excandidato presidencial Federico Gutiérrez se despachó contra la reforma a la salud que radicó Gustavo Petro. “Esto nos devuelve a la ineficacia del siglo pasado con el fracasado Seguro Social, al poner la plata de la salud de los colombianos en manos de la politiquería y de los corruptos que han acabado con la red pública hospitalaria”, expresó.
El líder político se suma así a las decenas de voces que alertan sobre los graves efectos que tendría en el sistema la aprobación de de esta iniciativa. Gutiérrez señala que pone en riesgo la garantía al derecho a la salud y la vida de millones de colombianos al inventarse un sistema que no tiene soporte ni va en vía con las capacidades e infraestructura con la que cuenta el país.
Uno de los puntos que más alerta le genera es el enorme poder que tendría ahora la Nueva EPS, que recibirá 11,5 millones de pacientes adicional sin tener la infraestructura necesaria para atenderlos. Esa entidad ha sido criticada por su ineficiencia y con la reforma sería la que recibiría los pacientes de las EPS liquidadas.
También critica especialmente la creación de Entre los Centros de Atención Primaria en Salud, que serían la puerta de entrada al sistema. Con este nuevo modelo, advierte Gutiérrez, desaparecen las actuales EPS y son obligadas a convertirse en IPS. De esta forma, “la gestión del riesgo y la financiación serán estatales, regresando el manejo de la salud completamente al sector público”.
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El excandidato se suma a quienes también critican al presidente por otorgarse demasiados poderes por la vía de las facultades extraordinarias. “Quieren generar caos y hacerse a un cheque en blanco de facultades extraordinarias en la materia. Esta reforma es una invitación a una muerte asistida”.
El expresidente Álvaro Uribe y otros líderes políticos también se han pronunciado sobre la reforma. El líder del Centro Democrático dijo que la iniciativa del gobierno Petro deja al país “En un sistema donde todo lo manda el Estado, ¿quién se puede quejar? La historia ha mostrado, como en Cuba, donde todo lo maneja el Estado, [que] el ciudadano pierde la capacidad de quejarse por miedo al Gobierno”.
Además, le hizo un llamado al Gobierno para llegar a acuerdos en torno a este tema que afecta de manera directa a todos los colombianos.
“¿Acaso nuestra democracia no puede encontrar unos acuerdos? Hablemos de salud, ¿acaso no se puede buscar un acuerdo para que se preserven las instituciones actuales? ¿La oportunidad de que la señora más pudiente pueda ir al mismo hospital que la señora más humilde? ¿Acaso para resolver todos los problemas que tiene la salud, no se puede llegar a un acuerdo que mantenga el concepto del sistema actual, mixto y solidario?”, agregó el exmandatario.
En la otra orilla, Roy Barreras, el principal escudero del Gobierno en el Congreso, envió un mensaje similar. Públicamente, en ocasiones anteriores, a través de Twitter y en declaraciones a medios, ha dejado claro que no está de acuerdo con varios puntos de la propuesta. “Lo bueno se mejora. No se destruye. Tres hospitales colombianos están entre los 100 mejores centros médicos del mundo”, dijo Barreras, mientras reseñaba una noticia relacionada con las altas calificaciones de algunos hospitales colombianos.
SEMANA publicó las diez consecuencias más graves que tendría la aprobación de la reforma en el sistema. Estas son:
1. Se estatizará el sistema
Es la médula espinal de la reforma y quizá la menos comprendida. Hoy en el sistema de salud operan empresas privadas que desaparecerán. Es algo así como que, de un momento a otro, en el país se cerraran los supermercados que venden alimentos y se estableciera que ahora el Estado va a distribuirlos. Detrás de esto hay un hondo debate ideológico, pero existe un argumento de mucho peso en contra: el pasado. La que más fuerte lo ha dado es precisamente una ministra de Petro, Cecilia López.
“El Seguro Social, del que defiendo algunas cosas, en casos críticos fue muy bueno, pero en el día a día fue muy ineficiente y un foco de corrupción (...). Sé lo que es la corrupción en la salud y me aterra que eso se repita. Y eso lo tenía que decir”, afirmó. La realidad es que la estatización ha fracasado en el pasado no solo en la salud, sino también en los servicios públicos: el agua, la luz, las basuras. Varios expertos, por esta razón, han alertado que la reforma no es un cambio, sino un retroceso al pasado que no soluciona los problemas, sino que los agrava.
2. Vendrá una desafiliación masiva
Como el sistema pasa a ser estatal, todos los colombianos serán desafiliados de sus EPS. El proyecto es claro en eso cuando dice que “las entidades promotoras de salud que a la fecha de vigencia de la presente ley no estén en proceso de liquidación acordarán con base en el reglamento que establezca el Gobierno nacional las reglas para la entrega de la población afiliada al nuevo aseguramiento social”.
3. Las EPS se acabarán
“Como las conocemos, desaparecen”, sentenció el exministro de Salud Fernando Ruiz. Acemi, el gremio de esas empresas, explica que decir que son prestadoras de servicios de salud equivale a eliminarlas, pues “mantener el nombre de las EPS no significa mantener su rol de aseguradores”. En el nuevo modelo no está claro quién gestiona el riesgo en salud. Y al final serán los pacientes los que lo sufrirán.
Según Gestarsalud, no habrá una “instancia que responda por la atención integral y continua”, y el “suministro de medicamentos prescritos por los médicos que me han atendido desde hace años no está garantizado en el nuevo sistema de salud, porque será a través de los CAP, o sea que el proveedor actual que garantiza será suspendido”. Gustavo Campillo, de Pacientes Colombia, afirmó que “esa estructura de atención primaria en salud va a generar barreras de acceso, que en el momento ya tenemos resueltas con el sistema actual de salud”.
4. Los médicos perderán
Los profesionales de la salud no tendrían un libre ejercicio de la profesión, pues en el sistema serán empleados públicos. La ley los llama trabajadores estatales, lo que significaría que podrán ser trasladados por necesidad del servicio e investigados por la Procuraduría y la Contraloría. El Gobierno les ha prometido que con esto ganarán más y evitarán contratos por prestación de servicios. El proyecto crea las instituciones de salud del Estado (ISE), a cargo de la prestación de servicios de salud como un servicio público esencial del Estado y allí se tendrá que vincular el personal, no como hoy, que muchos trabajan con una EPS o una prepagada.
Acemi alertó que no es claro “cómo se vinculará la red de especialistas que trabajan actualmente desde sus consultorios en este nuevo escenario, su contratación estará sujeta a las decisiones del gerente de los fondos regionales”. Si estos se quedan en el servicio privado, tendrán menos pacientes, pues muy pocos podrán pagarlos. Los tiempos de espera se podrán alargar, ya que no se prevé subsanar la falta de especialistas, que es el eje de ese asunto.
5. La prepagada, impagable
Hoy hay más de un millón de colombianos que usan estos servicios. Si se aprueba la reforma, el costo se disparará. “La medicina prepagada apalanca los servicios desde la EPS. Ya no habrá esa posibilidad. El servicio se va a encarecer y va a ser menos eficiente. En la medida que el sistema público no funcione, vamos a tener que las personas que tengan capacidad de pago van a comprar. Hoy el 4 % de los colombianos tiene. Y eso puede llegar hasta el 30 %, como es en Brasil”, advierte Ruiz.
Lo que pasará es que habrá un sistema estatal enorme, pero el sistema privado comenzará a cobrar con los costos del mercado, pues ya no hay un número alto de personas para distribuir el riesgo. Por eso, los expertos han advertido que en Colombia se podría volver a vivir lo que pasa hoy en Estados Unidos: la gente se quiebra cuando tiene que pagar algo extraordinario. En lugar de generar igualdad, la salud se puede deteriorar para las clases menos favorecidas y la clase media, y solo una élite accederá a un servicio de salud con costos altísimos.
6. El Plan Complementario se acabará
Lo dijo sin titubeos el director de la Adres, Félix León Martínez, a SEMANA. “Los planes complementarios fueron creados para una mejor hotelería. Pero acabó siendo un pago para saltarse la fila al especialista, por ejemplo, y eso es un problema constitucional y legal. Ningún país permite, por razones éticas, que quien tiene más dinero se adelante en la cola de un servicio a los que no tienen este dinero… En el nuevo sistema no caben los planes complementarios”.
7. Volverá el Seguro Social
Si la reforma se aprueba, la Nueva EPS sería una de las entidades más poderosas y grandes del sistema. “Va a crecer y tendrá unas connotaciones que no conocemos. Es un nuevo Seguro Social, seguramente más ineficiente”, aseveró Fernando Ruiz. El exministro agregó que desde que él estuvo a cargo de esa cartera ya era claro que no podía recibir más pacientes e incluso ya tenía problemas para atender a sus afiliados.
La reforma prevé que, en los territorios donde no queden entidades promotoras de salud, la Nueva EPS asumirá preferentemente el aseguramiento y, para el reordenamiento territorial de los afiliados durante la transición, la Nueva EPS o las EPS existentes podrán asumir los afiliados de entidades promotoras. En el polémico debate de las deudas de las EPS al sistema, la Nueva EPS es la que tiene un monto más alto: 3,4 billones de pesos de un total de 16. También es una de las más entuteladas.
8. La transición, caótica
Ruiz aseguró que “un proceso puede llevar años, ocho o diez años”; sin embargo, la reforma se pone plazos muy cortos. Por eso, Acemi señaló que “dada la complejidad del sistema de salud, preocupa una transformación tan incompleta, confusa e improvisada”. Esto tiene en alerta a quienes hoy deben acudir al sistema por enfermedades graves.
“Tenemos un temor enorme frente a cambios que puedan significar interrupción en los tratamientos que ya se han iniciado”, dijo Claudia Amaya, vocera de Pacientes Colombia. “Lograr esto requerirá de muchos años de aprendizaje y ajuste, y los resultados serán graduales. Mientras tanto, los pacientes con cáncer, con diabetes, con enfermedad renal, etcétera, necesitarán seguir siendo atendidos”, agregó Yolima Méndez, líder de pacientes con leucemia.
9. El presidente tendría poderes exagerados
Lo dijo de manera clara Rudolf Hommes: “Esto no va a ser una república bolivariana como decía la derecha. El régimen se va a llamar ‘Yo Petro’. Para eso quiere facultades especiales. Yo Petro ahora va por nuestra salud. Si dejamos que [Gustavo Petro] se quede con ella (la salud), nos va a quitar todo, hasta el sol de esta mañana”.
El presidente se otorga poderes muy amplios en la reforma que le permiten, prácticamente, redefinir el sistema de salud, pues quedó contemplado que por seis meses el primer mandatario podrá “modificar y complementar las normas en materia de salud pública”. Para Ruiz, “el problema surge de lo incompleto que está el articulado de la reforma. No define los cómo; entonces, yo creo que tuvieron que tomar la decisión de hacer esa transición por la vía reglamentaria”.
10. Los políticos tendrían demasiado poder
En el nuevo modelo, destacó Acemi, se traslada la responsabilidad de conformar, coordinar y articular la red de servicios a las Secretarías de Salud de las entidades territoriales departamentales y municipales. La organización recordó que entre 2018 y 2019 las Secretarías de Salud departamentales solo lograron verificar y habilitar el 3 por ciento de las redes de prestación estructurada por las EPS.
Agregó que “la Adres manejará los recursos temporalmente, mientras las entidades territoriales asumen gradualmente la competencia de los recursos. Es decir, los recursos de la salud serán entregados a alcaldías y gobernaciones”. No es claro tampoco que la Adres esté lista para asumir este trabajo. El riesgo de corrupción es alto y, como dijo Gestarsalud, “si no hay recursos, no hay salud para los usuarios”.
SEMANA hizo las cuentas de votos que tiene el proyecto en el Congreso; el panorama pinta difícil para el Gobierno Petro
El Gobierno de Gustavo Petro, después de meses de expectativa, finalmente radicó esta semana la reforma a la salud. Lejos de calmar los ánimos, el texto abrió una caja de Pandora y, prácticamente, cada día surge una polémica diferente por sus 152 artículos. El proyecto es sensible porque transforma casi el 80 por ciento del sistema, incluido el posible marchitamiento de las EPS.
La reforma se enfrenta a obstáculos jurídicos, políticos y económicos. El primero tiene que ver con lo jurídico. La Casa de Nariño se la jugó por radicar la iniciativa como una ley ordinaria, es decir, ingresará por las Comisiones Séptimas de la Cámara y Senado, en las que Petro tiene mayor control y el trámite sería más rápido.
No obstante, algunos sectores consideran que es una ley estatutaria debido a que trata un derecho fundamental, lo que implica que la reforma no podría ser discutida en sesiones extra y demandaría unos requisitos más exigentes para ser aprobada. Las leyes estatutarias tienen una categoría superior a las demás y se establece un trámite especial para su expedición por su importancia jurídica.
Por ejemplo, para su aprobación, se necesita una mayoría absoluta, es decir, la mitad más uno de los miembros de una corporación. Conformar estas mayorías no es tan fácil para el Gobierno. Como lo reconocen desde la Casa de Nariño, las cuentas no son favorables. Adicionalmente, las leyes estatutarias, a diferencia de las ordinarias, requieren revisión previa de la Corte Constitucional.
Para evitar este camino, el Gobierno insistió en que la vía correcta es la ordinaria e incluyó el proyecto en el decreto de sesiones extra. Fuentes de la Secretaría de la Cámara le indicaron a SEMANA que el proyecto ya fue enviado a la Comisión Séptima de esta corporación y se espera la designación de ponentes.
La decisión del Gobierno podría resultar contraproducente. No solo se expone a que la Corte Constitucional tumbe la reforma si se demuestra que se tramitó por la vía equivocada, sino que, al no haber un concepto del Consejo de Estado que dirima la discusión, que es lo que piden algunos congresistas, puede llevar a que los senadores y representantes, tal como ha ocurrido en anteriores oportunidades, retrasen la discusión hasta que no exista un pronunciamiento del alto tribunal.
SEMANA conoció que entre los representantes de la Comisión Séptima de la Cámara circula la Sentencia C-153/22 de la Corte Constitucional, que tumbó un artículo de la ley de presupuesto del expresidente Iván Duque justamente porque era una norma estatutaria y se tramitó por la vía ordinaria. Este fallo dio pie a que los congresistas que aprobaron esa disposición, a finales de 2021, fueran denunciados ante la Corte Suprema de Justicia por prevaricato.
Detrás de esta discusión jurídica está el pulso político. La mayoría de quienes han planteado el debate sobre si la ley es ordinaria o estatutaria pertenecen a la oposición o a partidos que, a pesar de integrar la coalición de Petro, tienen reparos con la reforma. Esto demuestra las tensiones que ha desatado el proyecto.
