Reforma a la salud: uno de los temas centrales en el consejo de ministros del gobierno Petro

El consejo de ministros citado por el presidente Gustavo Petro y que se llevará a cabo en las próximas horas en Villa de Leyva, Boyacá, tiene tanto de largo como de ancho. Son múltiples los temas que se deben tratar, en especial la orientación que recibirían los jefes de cada cartera con respecto al norte de las reformas que se dejarán en manos del Congreso de la República.

Una de las reformas que mayor polémica ha generado es la correspondiente a la salud, defendida a capa y espada por la ministra Carolina Corcho y a quien se le critica la falta de pedagogía que tiene la propuesta. Sin embargo, ella ha argumentado en varias ocasiones que se están generando los espacios correspondientes de socialización.

Por ejemplo, ya está más que claro que la propuesta buscará eliminar a las EPS, pues el Gobierno nacional considera que la intermediación financiera y la administración de los recursos que hoy están a cargo de esas empresas privadas no es suficientemente eficiente.

La posibilidad de que desaparezca este actor del sistema de salud ha encendido las alarmas de varios sectores, que han señalado que ninguna entidad del Estado tiene la experticia suficiente para asumir las funciones que hoy cumplen las EPS.

De acuerdo con el cronograma conocido por SEMANA, en el mes de febrero se tiene previsto radicar la reforma de la salud, el primero de los tres grandes proyectos oficiales para este año, y en marzo serían presentadas las modificaciones propuestas en pensiones y temas laborales. El 16 de marzo fue la fecha que dio la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, para estas dos iniciativas legislativas.

El propósito es que en el mes de mayo la reforma de la salud esté terminando su cuarto debate reglamentario y esté lista para una conciliación, en caso de ser necesaria. Y que ese mismo mes los proyectos sobre pensiones y asuntos laborales estén por llegar a su tercer debate.

Para el mes de junio, el Gobierno espera que la reforma laboral esté en su último debate, al igual que la pensional. En ese momento se espera que estén listas también algunas reformas constitucionales que vienen en trámite desde el año pasado, como la reforma política y la que hace a los campesinos sujetos de derechos.

Los escuderos de Carolina Corcho y la controvertida reforma a la salud que tiene en pánico al país

El país se alista para uno de los debates más álgidos de los últimos años que promete convertirse en una auténtica prueba de fuego para el presidente Gustavo Petro: la anunciada reforma a la salud. La iniciativa del Gobierno, que llegará al Congreso en cuestión de semanas, desató un vendaval de críticas y ha causado pánico por el grave impacto que pueda provocar entre los colombianos.

Esta semana, durante una reunión con la bancada del Pacto Histórico en Paipa, la ministra de Salud, Carolina Corcho, explicó que la reforma viene cocinándose desde hace siete años y cuenta con el apoyo de distintas organizaciones médicas. La funcionaria dijo que no está sola. ¿Quiénes son sus escuderos? ¿A qué le apuestan? ¿Cuál es el modelo que, en vez de mejorar el acceso y la calidad, podría ser un salto al vacío?

La Federación Médica Colombiana, un gremio que nació en 1934 y se opuso férreamente a la gestión del presidente Iván Duque durante la pandemia de la covid-19, ha sido una especie de trampolín para Corcho.

Ella fue vicepresidenta de esa agremiación, presidida por Sergio Isaza Villa, pediatra de la Universidad del Rosario y hombre de confianza de la ministra. Él es un acérrimo defensor de una reforma que no convence ni a todo el gabinete ministerial ni al presidente del Congreso, Roy Barreras.

SEMANA conversó con Isaza, quien explicó lo que se busca. En esencia, se acaba la intermediación financiera, y el recaudo y los pagos se harán directamente a través de la Adres (Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud). Los colombianos, mensualmente, pagarán allí sus aportes. El objetivo es que haya oficinas de la Adres en los 32 departamentos.

En cada región habría un gerente nombrado por meritocracia, según Isaza, y una junta directiva de la que formarían parte empresarios, trabajadores y el Gobierno. Ellos se encargarán de la designación de los 32 funcionarios, que serán vinculados bajo la figura del libre nombramiento y remoción. “El manejo de la salud no se les entrega a los alcaldes y gobernadores. La Adres hará la distribución de los recursos”, aseguró Isaza.

Señaló, además, que se creará el Sistema Único Público de Información Integrada. “Será de última tecnología, con inteligencia artificial. Cada dato no se podrá borrar ni manipular. La información se irá encriptando cada tres minutos y será imposible cambiarla. Es decir, cada peso movido, cada medicamento entregado y cada acto médico ejecutado no podrá ser adulterado”, explicó el pediatra.

¿Y qué ocurrirá con las EPS, que desempeñan un papel fundamental en el sistema y cuya eliminación no respaldan los colombianos, como lo han revelado las encuestas? Isaza fue tajante: “Las EPS ni siquiera se nombran en el articulado”. Lo claro es que podrían desaparecer y no administrarán los dineros. La reforma dice que la Adres podría contratar el arrendamiento de toda la infraestructura hospitalaria de las EPS, además de su larga experiencia en la prestación de servicios.

Los regímenes contributivo y subsidiado desaparecerán y habrá uno universal, en el que los cotizantes tendrán igualdad de condiciones. Según Isaza, el aseguramiento queda cubierto y será manejado exclusivamente por el Estado. “La gente no tendrá que pedir autorizaciones ni hacer copagos ni llevar papeles de un lado a otro para que le otorguen una cita. Eso lo hará el sistema directamente”, sostuvo.

Asimismo, habrá un centro de salud o una clínica por cada 20.000 habitantes. Quien se enferme de una patología delicada deberá acudir al lugar más cercano y el médico remitirá el caso. “Por ejemplo: si es un cáncer y la persona vive en Usaquén, en Bogotá, será remitida al Plan de Cancerología de la Fundación Santa Fe; si vive en Las Cruces, al Instituto de Cancerología”, señaló Isaza.

El pediatra reveló que la reforma habla de incentivos al desarrollo de la industria farmacéutica nacional, la producción de vacunas y sueros. Y plantea que los colombianos no tendrán que buscar a los médicos, sino que serán ellos quienes buscarán a los pacientes.

También se prometen 3.000 centros de atención primaria, la formalización laboral del personal de salud del sector público y un plazo de dos años de transición entre un modelo y otro. Es decir, el Gobierno de Gustavo Petro sortearía solo año y medio del revolcón al sistema.

Los que están detrás

En el sitio web de la Federación Médica Colombiana, la reforma es la protagonista. Allí hay artículos y explicaciones de Corcho. Isaza escribió un editorial titulado: ‘Por la reforma a la salud, ¡vamos todos juntos!’. La realidad es que el proyecto genera más división que consenso.

Isaza afirmó que no le hizo campaña a Petro. “Está prohibido estatutariamente. En la Federación hay liberales, godos, de izquierda, de derecha”, aclaró. Sin embargo, los críticos dicen que Corcho y la Federación son activistas de izquierda.

Detrás de la reforma hay otras organizaciones, como la Asociación de Pacientes de Alto Costo, la Central Unitaria de Trabajadores, Ifarma, la Asociación de Empresas Sociales del Estado, la Mesa por el Derecho de la Salud de Antioquia, Acesi y la Corporación Latinoamericana del Sur. Todas se unieron en un comité de seguimiento a la sentencia de la Corte para confeccionar la iniciativa, hoy en el despacho del presidente Petro. Algunos de sus representantes trabajan en el Ministerio de Salud, apadrinados por Corcho.

Entre ellos está Luis Alberto Martínez, hoy viceministro de Protección Social. Es odontólogo de la Universidad de Antioquia, especialista en Administración de Servicios de Salud, magíster en Administración, Gobierno y Políticas Públicas. Lo mismo que Francisco Augusto Giuseppe Rossi, quien dirigió durante muchos años la Fundación Ifarma, agremiación que formó parte de la comisión que proyectó el articulado de la reforma, y fue nombrado director del Invima. Es médico de la Universidad Javeriana y especialista en epidemiología de la Universidad de Antioquia.

Otro médico cercano a Corcho es Óscar Ángel, vicepresidente de política farmacéutica de la Federación Médica Colombiana. Él, por ejemplo, fue clave en la construcción del capítulo del sistema de información.

También está Pedro Santana, quien forma parte de la Corporación Latinoamericana del Sur. La ministra Corcho pertenece a la junta directiva de esa fundación, según los registros de la Cámara de Comercio de Bogotá. Su objeto es “promover el fortalecimiento del estado social, democrático y de derecho; promover la construcción de la paz; promover y defender los derechos de las víctimas y de la sociedad colombiana”.

Este asunto llevó a Enrique Gómez Martínez, excandidato presidencial de Salvación Nacional, a elevar una queja disciplinaria contra Corcho en la Procuraduría. “Ella se consulta y se socializa a sí misma. Es un chiste”, expresó Gómez.

Estas agremiaciones, en los últimos dos años, consolidaron un borrador de la reforma. En las pasadas elecciones presidenciales, seis candidatos recibieron la iniciativa y Petro la adoptó para su plan de gobierno. “Cuando la vio, dijo que se acomodaba a lo que había pensado. Ya como presidente, la asumió como tal”, les dijo Corcho a los congresistas del Pacto Histórico en Paipa.

Allí, la ministra contó que analizó los programas de salud de Petro y Rodolfo Hernández y encontró coincidencias. “Me vi en calzas prietas porque el programa era prácticamente el mismo”, contó. Por eso, dijo que los más de 21 millones de colombianos que votaron en junio de 2022 en la segunda vuelta presidencial también apoyaron dicha propuesta.

Para concretar la apuesta, el comité buscó la asesoría de exmagistrados de la Corte Constitucional, entre ellos Manuel José Cepeda, además de un grupo de abogados y economistas de las universidades Nacional, Santo Tomás y el Rosario.

La reforma está a punto de ser radicada en el Congreso. Por estos días, se afinan detalles de su motivación económica y financiera, y es revisada por el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, y el director del Departamento Nacional de Planeación, Jorge Iván González. Una vez llegue al Legislativo, el debate promete ser aún más intenso. Nadie querrá que se improvise con la salud de los colombianos. La vida está de por medio.