Reforma al Código Disciplinario evitará archivo de más de 10.000 procesos, insiste Procuraduría

Este miércoles, tras la aprobación de la reforma al Código Disciplinario de la Procuraduría General de la Nación, la procuradora Margarita Cabello Blanco expresó que “esto era un tema de país, era un tema de respetar las instituciones, de entender que la institucionalidad es fundamental para vivir en paz”.

En una comunicación que se conoció en las últimas horas, el ministerio público señala: “Este proyecto de ley pretende aumentar las garantías que deben tener los funcionarios de elección popular al momento de ser juzgados, respondiendo así a la exigencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la sentencia del 8 de julio de 2020, en la que condenó al Estado colombiano por la sanción de destitución e inhabilidad impuesta al entonces alcalde de Bogotá, Gustavo Petro”.

De esta manera, “todas las faltas que cometan los funcionarios de elección popular serán investigadas, juzgadas y sancionadas cuando realicen actos de corrupción, incurran en violaciones a los DD. HH. u otras acciones disciplinarias”.

De hecho en diálogo con SEMANA, hace unos días, Cabello señaló: “Cuando llegué a la Procuraduría el 16 de enero de 2021, quise hacer un análisis de la situación y del cumplimiento a lo ordenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y cuando empiezo a mirar los casos me doy cuenta que había un código general del proceso que había sido postergado en la administración anterior y cuya vigencia tenía que entrar el 1.° de junio de este año”.

De acuerdo con la jefe del Ministerio Público, este proyecto es un avance significativo para que la entidad siga cumpliendo con su función disciplinaria y un respaldo a la institucionalidad. “Nadie sino sólo una nueva Constituyente y una nueva Constitución y una reforma constitucional pueden eliminar la Procuraduría General de la Nación,”, puntualizó.

En otras palabras, la caducidad es una figura disciplinaria que otorga cinco años al ente de control (desde el momento en que se producen los hechos materia de la denuncia) hasta que se abre la investigación formal. Luego de ese tiempo opera la prescripción, que brinda otros cinco años desde la apertura de la investigación hasta que el ente profiera un fallo.

A propósito, algunos constitucionalistas han cuestionado la reforma porque consideran que se le está buscando un esguince al fallo de la Corte IDH y no se está acatando. Uno de los más críticos ha sido el profesor Rodrigo Uprimny, quien asegura que el proyecto es inconstitucional, porque quien juzgue debería ser independiente de la entidad y no estar adscrito a la Procuraduría. “Es una burla a la sentencia de la Corte Interamericana”, le dijo a SEMANA.

Por tanto, según la explicación de Cabello, al quedar eliminada la caducidad con el nuevo Código de Proceso Disciplinario, los cinco años transcurridos desde la ocurrencia de la conducta denunciada harían que más de 10.000 procesos ya hubiesen vencido en la actualidad y quedaran automáticamente prescritos.

“Para evitar que ocurra eso, tuve la necesidad de modificar esa norma e introducir temporalmente la figura de la caducidad. Esa es una de las modificaciones incluidas en el proyecto de reforma al Código Disciplinario que le presenté al Congreso de la República y que necesitamos que sea aprobado con urgencia”.