Reforma al Código Electoral: los cambios que tendrá el polémico proyecto

El exvicepresidente Germán Vargas Lleras puso el dedo en la llaga y puso al país a hablar de la reforma al Código Electoral, que ha generado más polémicas y dudas que certezas.

Sin embargo, como lo anunció el presidente de Cambio Radical, el estudio de la reforma electoral avanza a pasos agigantados. La próxima semana los ponentes del Código presentarían ponencia positiva en Senado y Cámara, aunque con ajustes y constancias de fondo.

La bancada de Cambio Radical apoyará la iniciativa del Gobierno nacional, pero con modificaciones. Y más después del pronunciamiento de Vargas Lleras, jefe del partido, que puso al país a dudar del proyecto y del procurador, Fernando Carrillo, quien dijo que si la reforma electoral se aprueba como está, el único beneficiado será el fraude.

Una de las modificaciones que presentaría Cambio Radical en su ponencia sería la implementación del voto mixto en máquina y en tarjetón. El partido –según conoció SEMANA– pedirá que el voto siga siendo presencial, como ocurre actualmente.

Ese tema ha generado más de una ampolla en un país donde ha reinado la desconfianza electoral y donde siempre los candidatos perdedores exigen garantías y denuncian fraudes. El partido MIRA, por ejemplo– es uno de los que ha llevado hasta el Consejo de Estado demandas que les ha permitido ganar curules.

Sin embargo, Edward Rodríguez, representante del Centro Democrático, considera que no tendría sentido tramitar una reforma electoral donde no se implemente el voto mixto, donde el ciudadano registre su decisión en una máquina, lo imprima y lo lleve a una urna. De esa manera, se combatiría la corrupción y se ahorraría dinero, según el representante.

“Una elección presidencial pasaría de 320.000 millones de pesos a 120.000 millones de pesos porque no se utilizará el papel”, dice Rodríguez.

Por su parte, el exregistrador nacional del estado civil Carlos Ariel Sánchez le confirmó a SEMANA que, aunque Colombia está preparada para el voto electrónico, mixto y anticipado, debería hacerse por fases y no en su totalidad, porque la Registraduría debe medir qué capacidad tiene de procesar información en tiempo real y eso no es fácil.

Otra de las reformas que pediría Cambio Radical sería eliminar las facultades que le otorga el Congreso al Gobierno para realizar traslados presupuestales para el funcionamiento de la Registraduría Nacional del Estado Civil, sin la autorización del Legislativo.

Sobre abolir la Ley de Garantías durante la jornada electoral, es un tema saldado, al menos por ahora. La ley seguirá intacta. En comisiones conjuntas de Cámara y Senado se acordó que no se modificaría. Y, al contrario, será Iván Duque quien presente una propuesta al Legislativo que permita atender la queja reiterada de alcaldes y gobernadores, afectados contractualmente durante la Ley de Garantías.

En ese orden de ideas, por tarde este miércoles los presidentes del Senado, Arturo Char (Cambio Radical), y el de la Cámara, Germán Blanco (Partido Conservador), citarán la próxima semana a las plenarias para la presentación de las ponencias que, según trascendió, serán positivas en ambos escenarios. Y ahí se definirá la suerte de un proyecto al que le irá apareciendo más de una espina que podría amenazar con desinflarlo durante su camino: la Registraduría trabaja en la planeación del impacto fiscal que tendría esta nueva reforma electoral y que le costaría al país millones de pesos en un momento de recesión económica por el impacto de la pandemia y los desastres del huracán Iota y el invierno.

¿Se le medirá a esta inversión el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla? ¿De dónde saldrían los recursos? La inversión estaría destinada a poner en marcha una reforma que generaría más puestos de trabajo, entre ellos, registradores, registradores delegados y personal profesional y técnico, muchos de ellos hoy contratados por prestación de servicios.

En realidad, esta reforma –cuyo proyecto tiene 35 ponentes– se trabaja concertadamente incluso con la oposición. El senador Gustavo Petro ha pedido que el software que adelanta el proceso electoral no sea de particulares y sí del Estado con interventoría y vigilancia del Consejo Nacional Electoral y otras instituciones.

En ese orden de ideas, la reforma electoral, que se estudia desde agosto pasado y que fue presentada con mensaje de urgencia por el gobierno Duque, su promotor, seguirá su curso, saldrá adelante, pero sufrirá grandes modificaciones, debates y abundantes críticas antes de darle la luz verde final.