Reforma Tributaria: dura, pero necesaria

Después de más de un año de expectativa, por fin el gobierno presentó la esperada reforma tributaria estructural. La propuesta aterriza para una carrera contrarreloj, pues el Congreso tendrá escasas siete semanas para tramitarla.

Mientras los congresistas la estudian, en la calle ya se encendió el debate: analistas, académicos, gremios, periodistas, empresarios y ciudadanos de a pie ya han salido a hacer todo tipo de comentarios. Y como suele suceder con las discusiones sobre impuestos, todo el mundo ha protestado, los nervios están alterados, y cada uno calcula por dónde llegará el golpe.

Al proyecto que el gobierno acaba de radicar le cayeron las primeras críticas de algunos sectores afectados como el de bebidas azucaradas, telecomunicaciones, combustibles, zonas francas o construcción, pues piensan que les cargaron la mano. Otros analistas advierten que el incremento de la tarifa general del IVA, que pasaría de 16 a 19 por ciento, afectará el consumo, y de paso frenará el crecimiento económico.

Pero al mismo tiempo, hay que decir que otros especialistas consideran que la propuesta tiene bondades e incluso la encuentran más equilibrada y progresista que las dos reformas anteriores, de 2012 y 2014. Entre la gran empresa el proyecto cayó bastante bien pues acoge su llamado a redistribuir las cargas tributarias, que son demasiado elevadas para un reducido grupo de sociedades.

Con el poco tiempo que han tenido para leer los más de 300 artículos que lleva el proyecto, también algunos analistas consideran que la reforma se quedó corta, pues si bien acogió muchas de las recomendaciones de la comisión de expertos tributarios, no lo hizo con la profundidad –tanto en tarifas como en la ampliación de la base– que este grupo sugirió. Y algunos dudan que recaude lo necesario para tapar el hueco fiscal, calculado en más de 30 billones de pesos.

Con esta propuesta el gobierno tendrá, el próximo año, ingresos adicionales equivalentes a 0,8 por ciento del producto interno bruto (PIB), es decir, unos 7,2 billones de pesos. Para 2018 daría recursos de un punto del PIB, hasta llegar a representar 2,7 del PIB en 2022.

Leonardo Villar, director de Fedesarrollo, quien hizo parte de la comisión de expertos, considera que la reforma es lo suficientemente ambiciosa y permite despejar el panorama fiscal. Sin embargo, le hubiera gustado ver incluida alguna de las recomendaciones más profundas que hicieron como gravar las pensiones altas y haber sido más duros con los dividendos.

El gobierno la defiende pues considera que propone un sistema tributario equitativo, eficiente y sencillo, al mismo tiempo que fortalece la lucha contra la evasión y la elusión y avanza en materia de inversión y competitividad.

El problema es que la reforma, como cualquier proyecto que toca los impuestos, no es fácil de defender. Aunque técnicamente está bien pensada, políticamente es muy compleja. Es difícil explicar que se les bajarán las cargas a las empresas, que son supuestamente las ricas, pero que generan empleo y traen la inversión. Y que al pueblo le subirán el IVA tres puntos aunque está atravesando un momento difícil por la desaceleración de la economía. Individualmente las dos medidas tienen lógica dado el exceso de tributación que había contra las empresas y que el IVA es la única herramienta que ayuda a tapar el hueco fiscal. Sin embargo, combinadas, hace difícil presentarla como progresista.

Pero no se puede desconocer que si bien la reforma es dura, también es necesaria para garantizar la estabilidad fiscal de largo plazo y enviar un mensaje a las agencias calificadoras de riesgo país. Porque si la situación fiscal no mejora podrían bajar la calificación de la deuda colombiana, lo que llevaría a perder el grado de inversión. Esto tendría implicaciones muy graves, pues se encarecería la deuda pública y la de las empresas, con gravísimas consecuencias para el país.

La médula de la reforma

La propuesta persigue, entre otros objetivos, lograr un mayor equilibrio tributario, pues hoy el peso recae sobre las grandes empresas que generan empleo y mueven la economía. El proyecto cumple este propósito y les simplifica la vida a las sociedades. De cuatro tributos (renta, Cree, sobretasa y riqueza) que pagan actualmente, pasarán a uno. La idea es que las empresas con utilidades mayores a 800 millones de pesos, que sin reforma tendrían una tarifa del 42 por ciento el próximo año, ahora paguen el 39 por ciento. En 2018 el 36 por ciento, y de 2019 en adelante, 32 por ciento. Desaparece el impuesto a la riqueza.

Pero como siempre en economía, lo que se quita de un lado hay que ponerlo de otro. Para poder balancear la carga, el gobierno tendrá que subir el IVA 3 puntos al 19 por ciento, como lo propuso la comisión de expertos. El argumento es que en Colombia la tarifa general del IVA (16 por ciento) es baja. En Argentina y Brasil está en 21 por ciento, en Chile en 19 por ciento y en Perú en 18 por ciento. México tiene la misma de Colombia.

La realidad es que se trata de un impuesto impopular pues castiga a todos por parejo, pero es el que permite el mayor recaudo. Cada punto del IVA representa ingresos por 2,5 billones de pesos, lo que ayudaría, en parte, a compensar la reducción en las tasas de renta para las sociedades. No hay que olvidar que en Colombia el 1 por ciento de las empresas paga el 80 por ciento del recaudo.

El gobierno decidió no gravar con la nueva tarifa del IVA los productos de la canasta familiar. Tampoco tocó los insumos agrícolas. Es decir, todo lo que venía sin IVA quedará igual. Para no castigar a los más pobres, también decidió que el internet para estratos 1 y 2, los computadores de menos de un millón de pesos y los celulares de menos de 650.000 pesos no tengan IVA.

El gobierno, dadas las múltiples exenciones y exclusiones que afectan este impuesto, propone gravar algunos productos que por razones de equidad y progresividad deberían estarlo. Por ejemplo, ponerle el 5 por ciento a las edificaciones residenciales nuevas cuyo valor supere los 800 millones de pesos. Las viviendas VIP y VIS no se tocarían.

También propone gravar con 5 por ciento las publicaciones periódicas. El internet en estrato 3, que estaba excluido, ahora entra en esta categoría (el 1 y 2 no se tocarían). Las loterías y el internet para estratos 4, 5 y 6 tendrían la tarifa general del 19 por ciento. Las plataformas digitales internacionales que son ofrecidas en el país, como Netflix o Uber, quedarían gravadas para equipararlas a las nacionales. Cabe anotar que la educación en este tipo de servicios no se tocaría.

Salud beneficiada

Aunque es necesario estudiar en más detalle el impacto de la reforma en ciertos sectores, de entrada se sabe que algunos saldrán favorecidos. Por ejemplo, la salud recibiría 1,5 billones de pesos adicionales.

Este mayor recaudo provendría de las nuevas tarifas del impuesto al consumo de cigarrillos y tabaco. La idea del gobierno es acercar el precio al promedio latinoamericano. El impuesto específico por cajetilla pasaría de 701 pesos a 2.100 el próximo año y a partir de 2018 se incrementaría en la inflación más 4 puntos. De esta manera se recogerán 500.000 millones de pesos adicionales en 2017 y se calcula que en 2022 por este concepto se recaudaría un billón de pesos más. El gobierno argumenta que en Colombia se venden los cigarrillos más baratos del mundo, y que por culpa de este vicio en el país mueren 72 personas al día.

El otro tributo con destinación específica para la salud es el que más ampolla ha comenzado a despertar. Se trata del impuesto a las bebidas azucaradas. La propuesta contempla un impuesto de 300 pesos por litro y estará a cargo de los productores o importadores. El gobierno pretende con esta iniciativa, además de desincentivar el consumo de algunos productos perjudiciales para la salud, conseguir un recaudo adicional de 900.000 millones de pesos. La propuesta es tan polémica que varios gremios (Andi, Fenalco, Acodrés, Asocaña, Acoplásticos, Asobares y hasta Asomedios) lanzaron una cruzada nacional para evitarla.

Ahora bien, el proyecto tributario trae otras novedades, como el impuesto a los combustibles fósiles (gasolina, ACPM, carbón, gas natural y GLP). El objetivo es disminuir la contaminación y cumplir los objetivos de Colombia COP21 en materia de reducción de emisiones de gases efecto invernadero.

Para atraer inversiones y generar empleo en las zonas afectadas por el conflicto, el gobierno propone incentivos tributarios en renta. Las microempresas que se instalen en estas áreas, durante cinco años, no tendrán impuestos. Las medianas y grandes pagarán el 50 por ciento de la tarifa general.

La tarea de la Dian

El gobierno se la jugará con una propuesta ambiciosa que, en el pasado, el Congreso no ha rechazado. Se trata de la cárcel para los evasores. La idea es que quienes omitan recursos superiores a los 5.000 millones de pesos tengan penas entre cuatro y nueve años. Además de una multa del 20 por ciento del valor del activo omitido.

Para el gobierno, uno de los ejes de la reforma es luchar contra la evasión, que no solo afecta los ingresos fiscales, sino que comporta una competencia desleal con quienes sí cumplen sus obligaciones tributarias. La evasión en IVA y renta es alta en Colombia. Se estima entre 25 y 40 billones de pesos entre las dos.

Para controlarla habrá mayor vigilancia a las entidades sin ánimo de lucro, y para procurar una mayor formalización el gobierno propone el monotributo. Esta última estrategia también alborotó el avispero entre los pequeños comerciantes, pero en el fondo no busca mayor recaudo, sino tener información de los contribuyentes.

Con una propuesta tan ambiciosa como la que el gobierno pretende aprobar en el Congreso, la administración tributaria jugará un papel clave. La intención es darle más dientes a la Dian, con más inspectores para mejorar la capacidad fiscalizadora.

El reto es inmenso, pues la dirección de impuestos de Colombia es la más pequeña de la región. La Dian se ha comprometido a presentar un plan de modernización informática que se llevará a un Conpes para darle obligatoriedad a su cumplimiento.

Muchos analistas creen que la sustancia de la reforma tributaria estará en la gestión de la Dian, pues ahora tendrá que administrar muchos más datos. De entrada el número de declarantes aumentará a 2.683.977 personas naturales.

La reforma se discute en el Congreso y no en la calle. Como dice el adagio popular, desde el desayuno se sabe cómo será el almuerzo y ya algunos partidos han expresado su rechazo a varios de los puntos plasmados en el proyecto oficial. Lo cierto es que en materia de impuestos, una cosa es lo que entra al Congreso y otra la que sale. Ojalá esta reforma tenga mejor suerte, porque después de tanta expectativa la propuesta del gobierno es razonable y, aunque dura, es esencial para la estabilidad económica del país.