ENTREVISTA
“Estamos decepcionados con la reforma tributaria”: Andi
Bruce Mac Master dice que las sociedades quedarían pagando una tarifa de renta mayor a la actual. Habla de la iniciativa de aumentar horas extras y del proceso de paz.
SEMANA: ¿El proyecto de reforma tributaria que el gobierno presentó al Congreso es el que esperaba el sector empresarial?
BRUCE MAC MASTER: Tengo que decir que no. Y no lo es porque esta reforma está perdiendo la oportunidad de oro de generar competitividad y un círculo virtuoso para la inversión. El Congreso y el gobierno deben ser conscientes y valorar el efecto de tener un país más competitivo. Y en este proyecto yo no lo veo. Quiero recordar que la competitividad es un bien público, produce desarrollo, bienestar y eso no está reflejado en esta reforma.
SEMANA: Concretamente, ¿qué del proyecto afecta la competitividad… acaso a las empresas no les bajan la tarifa de renta, que era lo que pedían?
B.M.: Mire, cuando se analiza, uno se encuentra que la combinación actual del impuesto de renta, más Cree y sobretasa –en algunos casos– da una tarifa, incluso, inferior a la suma del impuesto de renta único propuesto en el proyecto más el gravamen a los dividendos. Cualquier inversionista sea grande, mediano o pequeño, o sea una compañía nacional o extranjera siempre mira la suma de los dos impuestos. Uno decide si invierte, dependiendo de la rentabilidad que le da. Y repito, cuando uno suma, se encuentra que en 2017 la combinación anterior, versus la actual, pasaría del 42,1 por ciento al 44,8, es decir, sube la tarifa. En 2018, se mantendría en 42,1 por ciento y en 2019, que sería lo más permanente, la norma actual dice que el impuesto de renta quedaría en 34 por ciento, y con la nueva propuesta tributaria subiría al 39 por ciento. En síntesis, la suma de los dos impuestos va a ser superior a lo que actualmente se está pagando.
SEMANA: ¿Quiere decir que la reforma dejaría la situación de las empresas peor que antes?
B.M.: Pues Colombia es hoy uno de los países con mayor tributación del planeta y, según la propuesta, a partir de 2019 sería el mayor. Eso es un gran inhibidor que ahuyenta la inversión internacional. Colombia con esta propuesta no solo no está construyendo competitividad, sino que está dando pasos hacia atrás.
SEMANA: Pero el gravamen a los dividendos se puso en cabeza de las personas y no sobre las sociedades, para evitar afectar las empresas…
B.M.: Este impuesto sobre los dividendos no solo lo pagarán las personas. En el caso de los inversionistas internacionales o extranjeros el tributo recae sobre la sociedad. Es decir, si una gran corporación internacional quiere montar una planta en Colombia verá gravada no solo su actividad de renta, sino sus dividendos.
SEMANA: Según le entiendo, el sector empresarial no se opone a gravar dividendos, la diferencia está en la tarifa. ¿Es así?
B.M.: Sí. Pero para que haya verdaderamente avances en competitividad, es necesario que la tarifa compuesta del impuesto a la renta y dividendos no supere el 35 por ciento. Es decir, la suma de una tarifa del 28 por ciento para las sociedades y una del 5 o 10 por ciento para los dividendos.
SEMANA: ¿El tratamiento propuesto para las entidades sin ánimo de lucro les parece acertado?
B.M.: La reforma en ese punto es razonable. Efectivamente, las entidades sin ánimo de lucro han sido utilizadas como mecanismos de evasión. La reforma trabaja para controlarlo. Vale la pena hacer un ajuste pequeño para que se mantenga la exención atractiva para las donaciones a las fundaciones. Esto ayudaría a impulsar la filantropía. Colombia lleva un gran rezago frente a otros países en esta materia y probablemente se debe al tratamiento tributario.
SEMANA: El otro tema álgido es el aumento del IVA. ¿Cómo lo ve?
B.M.: El otro objetivo grande que tiene la tributaria es financiar las necesidades fiscales para hacer inversión social. Y en este sentido, el impuesto del IVA es necesario. Incluso puede que un incremento de 3 puntos no sea suficiente para pagar lo que todos los colombianos queremos que el Estado nos dé. A los congresistas no les gusta aprobar impuestos que afecten a la población, y la verdad es que hay momentos en los cuales las sociedades tienen que encararlo y ser muy responsables. Frente al IVA en intangibles es necesario que queden expresamente excluidas las cesiones de derechos, acciones, plusvalía (crédito mercantil) y otros que sean de difícil control y que realmente no aportan mayor recaudo.
SEMANA: Hay otros dos impuestos que han sido polémicos: a las bebidas azucaradas y al carbono. ¿Sobre esos qué opina el sector empresarial?
B.M.: Con argumentos populistas y faltos de profundidad se decidió que ponerle un impuesto a las bebidas azucaradas era una forma de implementar una política de salud. Pero eso no es así. Las políticas públicas de salud se generan con educación, reglamentación, prevención y no con impuestos. Lo que habrá es una afectación muy grande sobre la población que consume bebidas azucaradas.
SEMANA: Pero si el mundo gira hacia esos controles, ¿por qué acá no?
B.M.: Porque muchos países que lo han implementado han mostrado que esa es una política pública fracasada. Termina siendo una excusa meramente fiscalista y no una política de salud. A Colombia lo que le falta es una política pública de prevención. Y el mundo no gira hacia allá. Hizo experimentos que han salido mal en términos de lo que originalmente se quería.
SEMANA: ¿Y sobre el impuesto al carbono?
B.M.: Colombia aporta solo el 0,46 por ciento de las emisiones de CO2 del planeta y con la reforma va a asumir los costos más altos, en términos de gravar a toda la población con un impuesto a los combustibles fósiles. ¿Si Colombia deja de emitir CO2 el planeta mejora? No, porque el resto de los grandes emisores siguen igual y la atmósfera sigue contaminada. En esto se necesita un tratamiento global y que al ritmo que ellos bajen lo hagamos nosotros.
SEMANA: ¿Comparten lo propuesto para controlar la evasión, incluida la cárcel?
B.M.: Yo creo que un colombiano decente no puede oponerse a ello. La ética ciudadana y empresarial tiene que dar una lucha importante en el control de la evasión. Y si eso implica judicializar a las personas que le roban la plata al Estado y a los ciudadanos hay que hacerlo. Será fundamental que tengamos una justicia confiable, que entienda de temas contables, tributarios y económicos. Debemos hacer un esfuerzo para elevar el fundamento técnico de la justicia. La evasión en Colombia es absurda, llega a 40 billones de pesos por año, casi cinco veces y media toda la tributaria.
SEMANA: Hay que decir que este proyecto incluye buena parte de lo planteado por la comisión de expertos…
B.M.: Yo tengo grandes reparos a las propuestas de la comisión de impuestos, que se le olvidó que su objetivo primordial era la competitividad. Se dedicó a ser una comisión fiscal, como las que se crearon en el pasado. La esperanza que teníamos era que esa misión se dedicara al tema de la competitividad. Y no hizo nada a ese respecto.
SEMANA: A propósito de competitividad, ¿le preocupa el proyecto de ley que amplía dos horas extras?
B.M.: Precisamente, otro indicador en el cual le va muy mal a Colombia, en términos de competitividad, es la flexibilidad laboral. Esto significa tener contratos lo suficientemente buenos para que cuando las empresas necesiten tener más trabajadores puedan hacerlo a las horas que toca. Este proyecto de ley afectará al comercio, los hoteles, los restaurantes. También para los call center es muy grave. La industria probablemente tendría que cerrar varias de sus operaciones. Esta es una medida populista y que se le devolverá a todo el pueblo. No olvide que el principal problema de Colombia es la informalidad, que está en niveles del 60 por ciento, una de las más altas del mundo.
SEMANA: Finalmente, ¿los empresarios ven con optimismo el avance que se ha dado en la última semana en la paz?
B.M.: Lo que ha sucedido después del plebiscito es de inmenso valor para Colombia. El juicio y la responsabilidad con la que han presentado sus propuestas, quienes votaron por el No, es uno de esos grandes pasos que ha dado la democracia colombiana. Y el hecho de que los negociadores se hayan sentado a considerarlas es otro gran paso. Lo que uno ve es que tenemos unos acuerdos que incluyen muchos puntos solicitados por los defensores del No. Yo debo decir que lo que tenemos hoy es mejor para el gobierno, para el Estado, para la sociedad y para los del No. Y va a ser mejor para la construcción de una paz sostenible y estable.