¿‘Refundar la patria’ o reformarla?

El punto de la participación política le está midiendo el aceite al proceso de paz en La Habana. Después de meses para llegar a un acuerdo parcial sobre el tema agrario, este segundo punto de la agenda entre el gobierno y las Farc va a mostrar realmente a qué velocidad y con qué armonía las partes pueden seguir logrando acuerdos. 

Porque el hecho es que las Farc están utilizando el concepto de participación política para exigir una serie de reformas que para el gobierno desbordan totalmente los cinco puntos contenidos en la agenda que las dos partes aprobaron en La Habana. 

Mientras el gobierno dijo que aspiraba a limitar la discusión a reformas y garantías para que las Farc hagan el tránsito de las armas a la política, los guerrilleros declararon que van por cambios de fondo. “Se trata de fundar un verdadero Estado de derecho”, planteó Iván Márquez. La discusión subió de tono cuando las Farc propusieron una constituyente, y no una cualquiera: “No estamos hablando de una constituyente para después de la dejación de las armas, sino de una como tratado de paz y nuevo contrato social”. 

Así respondió su delegación en Cuba al artículo en SEMANA en el que el jefe del equipo gubernamental, Humberto de la Calle, dijo: “La constituyente no es el camino”.

Las “propuestas mínimas” sobre participación política que las Farc hicieron públicas van desde lo sensato hasta lo desafiante. Varias de ellas apuntan a cambiar drásticamente no solo el modelo político sino incluso el Banco de la República, la doctrina militar y la conformación del Congreso. Y llevaron a algunos a preguntarse hasta dónde las Farc, ‘estirando la cuerda’ con propuestas que amplios sectores de la sociedad ven como radicales, le quitan oxígeno al proceso y ponen al gobierno en aprietos para mantener entre las elites y la opinión pública el apoyo a la negociación.

Sin embargo, la verdad es más compleja. Las Farc pusieron sobre la mesa varias ideas que probablemente les ponen los pelos de punta a los negociadores del gobierno y despiertan incertidumbre en algunos sectores. Pero, también, expusieron muchas otras que, aunque no fueron noticia, son aterrizadas y pueden ser objeto de acuerdo sin grandes tires y aflojes. 

Las diez propuestas de las Farc contemplan más de 60 subtemas. Casi 40 pueden considerarse negociables sin grandes dificultades. Otros diez serán difíciles pero aún así discutibles, y los demás, alrededor de una docena, se refieren a posiciones irreconciliables.

Como lo intentaron con el punto agrario, las Farc buscan introducir en el tema de la participación política propuestas que apuntan a ‘refundar la patria’. Ideas como abolir el presidencialismo, sustituir la Cámara de Representantes por una Cámara Territorial, crear una cuarta rama del poder denominada Poder Popular e impedir el monopolio de los medios de comunicación y hacer que el Estado los regule para garantizar una información “transparente, equilibrada y veraz”, enfilan a cambios que el gobierno no está dispuesto a negociar y que –así lo cree una aplastante mayoría en el país– las Farc no tienen legitimidad para exigir. 

Muy probablemente, el argumento de los negociadores oficiales será el mismo que cuando las Farc intentaron discutir, en el punto agrario, el modelo minero o agroindustrial: esos temas no figuran en la agenda común y, por tanto, no se discuten.

En esta línea de ‘refundación’ las Farc plantearon además el rediseño constitucional del orden jurídico y económico, del sistema fiscal y del papel del Banco de la República (en cuya Junta Directiva piden “participación popular”); la reconversión del Ejército y el cambio de la doctrina de seguridad nacional.

Precisaron, también, su idea de una constituyente. Esta luce corporativa, pues debe incluir “principalmente” partidos y movimientos políticos, comunidades campesinas, étnicas y discriminadas, mujeres y jóvenes, militares retirados y organizaciones guerrilleras. Y de ella debe salir una nueva Constitución que conciben como “el verdadero tratado de paz”.

En la mayoria de estos temas el gobierno no tiene ningún margen de negociación, pues ceder equivaldría a una especie de revolución por contrato. 

Más allá del ruido mediático y de las preocupaciones que produjeron estas propuestas en muchos sectores, la mayor parte de los planteamientos de las Farc sobre la participación política no significa nada revolucionario y en no pocos casos coincide con políticas de gobierno, las discusiones en el Congreso y las verdades aceptadas por buena parte de la sociedad. 

Las Farc proponen fortalecer la descentralización y hacer reformas a la Justica, la política y el sistema electoral, ideas con las que muchos coinciden en general. Piden reconocer y dar garantías, financiación y acceso a los medios de comunicación a partidos y organizaciones de oposición y a los guerrilleros en caso de un acuerdo, así como reparar a la Unión Patriótica y devolverle la personería jurídica. Llaman a crear mecanismos para que las comunidades participen en la discusión de los planes de desarrollo y ordenamiento, lo mismo que en la elaboración de los presupuestos públicos. 

Quieren que haya “control social” sobre los procesos de integración latinoamericana y una “transformación estructural de la cultura política”. Llaman a abolir el clientelismo, la corrupción y las prácticas paramilitares y corruptas en la política. Proponen campañas de cedulación y registro civil y programas de acceso gratuito a internet para las comunidades. Y exigen no estigmatizar ni criminalizar la protesta social.

Puntos como estos no deberían ser objeto de grandes tires y aflojes. Y van en la línea de las garantías que deben darse a los alzados en armas para su tránsito a la acción política.

Algunas de las propuestas de las Farc no significan cambios radicales e incluso se han discutido en el país, como la elección popular de procurador, contralor, fiscal y defensor del Pueblo, pero son complejas o levantan ampolla y no serán fáciles de negociar.

Aspiran, por ejemplo, a que la existencia legal de los partidos y los movimientos políticos “no se supeditará” al umbral electoral, una idea que puede atraer a los partidos pequeños pero a la que el gobierno se ha opuesto. Con la propuesta de un Estatuto de la Oposición puede pasar algo similar. Crear un Consejo de Participación Territorial con representación de las regiones, conferir carácter autónomo y decisorio a la participación popular y fortalecer la consulta previa son temas polémicos.

Como lo son ampliar las circunscripciones electorales indígenas y afro y crear una circunscripción campesina o exigir “participación popular” en el Celac y en Unasur. Los organismos de seguridad tendrán serios reparos al pedido de derogar normas legales que restringen la protesta y la movilización ciudadana. Y en los medios de comunicación privados despierta malestar que en la mesa se hable de acceso a los medios de comunicación. Como lo demuestran los casos de Petro y Navarro, los exguerrilleros reincorporados gozan con frecuencia de más pantalla que los políticos tradicionales sin necesidad de reformas obligatorias. 

En resumen, en el punto de participación política, más allá del escándalo que generaron algunas propuestas de las Farc, hay no pocos temas en los que, como en el punto agrario, puede haber acuerdos. La evolución de la discusión dirá hasta donde ceda el gobierno en reformar el sistema político para atraer a los guerrilleros a la política y en qué medida las Farc, más allá de que necesiten mantener un discurso radical, entienden que no tienen ni la legitimidad ni el apoyo popular para aspirar a ‘refundar la patria’ en la Mesa.