Regalías: de la ciencia a las carreteras

Cuando en 2012 comenzó a regir el nuevo modelo de regalías, con el que el gobierno de Juan Manuel Santos buscó repartir de una forma más equitativa y eficiente estos recursos, la comunidad científica estalló de alegría. La razón es que, en adelante, el 10 por ciento de estos recursos, cerca de 900.000 millones de pesos al año, se destinarían a financiar proyectos de ciencia, tecnología e innovación (CTI). Muchos científicos, investigadores y universidades pensaron que por fin iban a contar con los recursos que siempre habían esperado.

Pero la dicha duró poco. Hoy, buena parte de quienes trabajan en actividades científicas siguen sin ver un peso pues los multimillonarios recursos de las regalías se convirtieron en la caja menor de gobernadores para financiar sus programas, hacer inversión social o pagar favores políticos. Aunque también hay ejemplos importantes.

Según datos del Departamento Nacional de Planeación, entre 2012 y 2016 el Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación (FCTI) financió 277 proyectos por 2,29 billones de pesos, en su mayoría para investigaciones en agro, medioambiente, cultura ciudadana, salud, formación de profesionales, energía y minería, entre otros, que han tenido un bajo impacto. Y todavía hay cerca de 1,5 billones de la vigencia 2015-2016 que no se han utilizado y un presupuesto asignado de otros 1,1 billones de pesos para el bienio 2017-2018. Es decir, que la ciencia tiene en caja 2,6 billones de pesos.

Ante los problemas de baja ejecución o los casos de corrupción, como el ocurrido en Córdoba que terminó con el asesinato del director de Regalías, Jairo Zapa, dentro de una trama que se apoderó de estos recursos, el presidente Juan Manuel Santos les propuso a los gobernadores destinar 1,3 billones de pesos del Fondo de CTeI para construir vías terciarias.

La comunidad científica rechazó la propuesta. Varios expertos consultados por SEMANA coincidieron en advertir que si bien el Fondo no ha cumplido sus propósitos y necesita una urgente reestructuración, destinar ese dinero a financiar obras de la Nación enviaría a la sociedad el pésimo mensaje de que es mejor pavimentar vías que construir conocimiento. Pero frente a la escasez de recursos y la necesidad de consolidar la paz, el gobierno advirtió que en pocos días llevará al Congreso un par de proyectos, para ser tramitados por vía rápida o fast track, que permitan cambiar el uso de las regalías.

Gobierno, universidad y la comunidad científica coinciden en que ha sido traumático el manejo que se le ha dado a los recursos del Fondo de Ciencia y Tecnología, por lo que se debería ver esta iniciativa como una oportunidad de corregir errores y buscar una mejor asignación y uso de los recursos. ¿Qué se debería hacer?

Lo primero es simplificar el complejo modelo. Como los recursos de las regalías por Constitución pertenecen a los entes territoriales, en 2011 el Congreso creó el Fondo de CTeI, en el que cada departamento tiene su cuenta y sus recursos. Lo particular es que el dinero se distribuyó más con intereses políticos y hasta de equidad que según la capacidad científica de cada región. Por ejemplo, Córdoba, Cauca, Sucre o Caquetá tuvieron mucho más recursos que Bogotá o Valle del Cauca.

Ahora bien, para asignar estos recursos, los gobernadores quedaron con el poder de decidir qué proyectos presentar a Colciencias, entidad que revisa las iniciativas y les da su bendición técnica para que después las apruebe otra instancia conocida como los Ocad. Por eso algunos proyectos han tomado uno o dos años para su aprobación. Es decir, como lo advirtió en su columna el exrector de la Universidad Nacional Moisés Wasserman, “lo que debería ser manejado por científicos terminó manejado por los políticos” y por la tramitología infinita del Estado.

Eso originó casos como los registrados en Córdoba, donde la Gobernación propuso y aprobó en tiempo récord más de 160.000 millones de pesos en proyectos, muchos de los cuales hoy están cuestionados y con varios detenidos, como el de crear un corredor agroecológico caribeño Córdoba-La Guajira por 50.548 millones de pesos y otro por 16.680 millones de pesos para el mejoramiento genético de carneros para disminuir el impacto del TLC. La Fiscalía ya tiene identificadas las personas que conformaron una empresa criminal para robar estos recursos, quienes habrían decidido asesinar a Zapa, exdirector de Regalías.

Desde hace un buen tiempo Colciencias y algunos expertos han hecho serias reflexiones sobre lo que se debe hacer. Como es necesaria una reforma constitucional que permita que estos recursos no sean de propiedad de los departamentos o que se puedan enviar a un fondo autónomo, por ahora proponen que un órgano de expertos se encargue de postular los temas de investigación o revise los proyectos, y que esto no sea potestad del gobernador. Esto es algo parecido a la forma como hoy funciona el sistema de ciencia en Colombia y en buena parte del mundo.

Además, lo ideal es que una parte importante de los recursos y los proyectos sirvan para resolver problemas como las enfermedades tropicales, la salud, el agua potable, la alimentación.

Como segundo punto se plantea que quien proponga un proyecto lo ejecute. Esto, porque en numerosos casos importantes universidades como Los Andes, la Nacional o la UIS de Santander hicieron propuestas, en asocio con algunas gobernaciones, pero una vez aprobadas quedaron en manos de fundaciones o entidades cercanas al gobernador de turno. La Contraloría encontró que de 96 proyectos financiados entre 2012 y 2015, que ya deberían estar concluidos, solo 11 lo estaban y 32 ni siquiera se habían iniciado.

Y como tercer punto, se propone que Planeación Nacional, que hace el seguimiento y evalúa la ejecución de los proyectos y los recursos, tenga un papel más activo y técnico que el que ha desempeñado hasta ahora y no ha funcionado. Precisamente, la Contraloría General advirtió que son altas las exigencias que la ley y el Estado establecieron en la estructuración y ejecución de los proyectos, sin que esto se haya traducido en mejoras sustanciales del uso de los recursos, eficiencia o menor corrupción.

Como advierte el científico Manuel Elkin Patarroyo, la inmensa mayoría de los proyectos aprobados hasta el momento están centrados en resolver problemas coyunturales y políticos de agricultura, salud, educación y medioambiente de las gobernaciones y no en hacer ciencia, pues los científicos terminaron ejecutando programas para sobrevivir. “Nosotros no recibimos ni un solo peso para nuestras investigaciones en vacunas, pero sí trabajamos con Amazonas para enfrentar la malaria y el virus de papiloma en la población”.

Es claro que el gobierno necesita plata para la paz, que en el Fondo de Ciencia hay más de la que actualmente hay en proyectos en trámite (400.000 millones) y que este necesita transformaciones. Lo que muy seguramente va a pasar es que la administración le va a dar gusto a la comunidad científica en ajustar el modelo, pero a cambio de mover 1,1 billones para otro sector, pues no de otra forma los gobernadores van a aceptar que les quiten la chequera. Lo no deseable es que se elimine el fondo o se le reduzca su presupuesto futuro.

Ahora bien, el riesgo que puede correr el gobierno es que al presentar este ajuste el Congreso decida abrir de nuevo la discusión de todas las regalías, como una especie de caja de Pandora. Un dilema casi para científicos o para doctorados en política.