Regaño a juez de la justicia penal militar que envió a la cárcel de manera precipitada a policías

El magistrado de la Justicia Penal Militar, Jorge Nelson López, se pronunció fuertemente frente a la detención que ordenó el juez 167 de Instrucción Penal Militar, mayor Hernando Manrique, en contra de 6 oficiales de la Policía Nacional, en la que consideró que para un interrogatorio era necesario privarlos de su libertar. Luego de dos meses de estar detenidos en unas celdas de Facatativá el magistrado declaró la nulidad de la medida, al considerar que se tomó al parecer con ligereza, incluso se presentó copiar y pegar en las ordenes emitidas a los oficiales, en los delitos que se les acusaba sin discriminar y revisar los casos de manera individual lo que habría llevado a tomar una decisión arbitraria.

Los detenidos fueron: El coronel Carlos Andrés García Suárez, el mayor Wilmer Delgado y Cesar Bohórquez, el capitán Héctor Julián Botero Sánchez, el teniente Jarrixon Perante Sánchez y el subintendente, Rutber Vega Ramírez. La mayoría de ellos detenido frente a sus compañeros y superiores, como en el caso del mayor Bohórquez que se encontraba en curso de asenso al grado de teniente coronel.

En los argumentos de nulidad el magistrado señaló que “se observa con preocupación por la sala, que por parte del funcionario judicial, y sin ningún esfuerzo argumentativo, se dedica a copiar y pegar el racionamiento que realiza de la conducta de un procesado a otro, desconociendo lo individual de la responsabilidad penal, sin hacer distinción puntual a la actuación de cada investigado”, señalando que se valió de un precario análisis que hace al primero de los procesados para repetir los argumentos sin determinar con precisión su grado de comprimo penal.

Además, el magistrado López señaló que la falta de motivación del interlocutorio que se adelantó el pasado 4 de abril fue carente en justificaciones y especificaciones sobre las acusaciones lo que dificulta el ejercito de derecho de contradicción sin presentar antítesis de los hechos investigados. “Esa vulneración implica a su vez afectación tanto al debido proceso como el derecho de defensa”, advirtió el magistrado.

Es de resaltar que la investigación continúa una vez restablecidos sus derechos, los oficiales ya se encuentran en casa y a la espera del levantamiento de la suspensión en la Policía Nacional, dónde les definirán si continúan en los mismos cargos serán reubicados.

Cabe recordar que los uniformados están vinculados al proceso penal por presuntamente participar en un montaje, catalogado como falso positivo, que se habría presentado tras el derribamiento de un inmueble donde, supuestamente, se expendía droga, pero luego de haberse presentado la acción por parte de las autoridades municipales y policiales, familiares de los dueños de la vivienda denunciaron que se había hecho un montaje y que el lugar no era ninguna olla de vicio. La escena se habría armado para dar resultados operacionales frente a Diego Molano, entonces ministro de Defensa, quien anunció que el inmueble era derribado por haberse convertido en una olla de vicio.

Para ese entonces Semana dialogó con SEMANA, Carlos Sánchez, familiar de los dueños del predio, indicó que el este tenía orden de demolición debido a las difíciles condiciones de su estructura, pero no por ser un lugar donde se vendían estupefacientes.

Dijo que días antes fue engañado por policías. De acuerdo con su testimonio, uniformados le pidieron las llaves de la casa y, sin su autorización, ingresaron habitantes de calle y los hicieron pasar como consumidores de droga para argumentar que en el lugar se vendían y consumían alcaloides.

Pero es importante definir la participación que habría tenido cada uno de los uniformados, teniendo en cuanta que no todos estaban radicados en Pereira para el momento de los hechos. Una subteniente denunció que luego de dar a conocer las presuntas irregularidades empezó a ser víctima de amenazas, razón por la que el juez de la justicia penal militar manifestó que tales amenazas vendría de los mismos uniformados investigados, algo que está por establecer pues en la zona delinquen varias bandas delincuenciales y es necesario investigar a fondo sin sacar conclusiones aceleradas, recomendó el magistrado.