Congreso, portazo a las víctimas

La paradoja no podría ser mayor. Las 16 curules especiales, que el acuerdo de paz contempla para que las víctimas del conflicto tengan silla en el Congreso por primera vez, están empantanadas en el fuego cruzado entre el gobierno y la oposición. Y todo por cuenta de que al momento de votar ese proyecto, la semana pasada, faltó un voto. Apenas un voto que habría evitado el limbo jurídico.

Como se recuerda, el último día de vigencia del mecanismo expedito o fast track, el proyecto de las circunscripciones transitorias de paz fue sometido a votación final en el Senado con un penoso resultado: la coalición de la Unidad Nacional apenas logró 50 votos. En un primer momento el secretario estimó que el proyecto se había hundido considerando que 102 senadores integran la corporación. Pero concluida la sesión, el gobierno planteó que había 3 curules formalmente vacías (correspondientes a 3 senadores presos), así que el Senado estaba conformado por 99 legisladores y, por tanto, el proyecto sí había alcanzado la mayoría.

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Después de varios días de discusiones jurídico-político-aritméticas, parecía que se impondría el argumento lógico de que la mayoría de 3 es 2. Pero en el Parlamento tenía la última palabra el conservador Efraín Cepeda, presidente del Senado, miembro de la coalición y a quien el gobierno solicitó certificar la aprobación del proyecto. La gran sorpresa vino cuando Cepeda, tras reafirmarse como defensor de la paz y admitir que frente al problema cabían “múltiples debates interpretativos”, optó por acoger la tesis de que las curules estaban hundidas.

El presidente del Senado abrazó esencialmente dos argumentos para negarse a proclamar el acto legislativo de las 16 curules. Por un lado, acusó la reacción tardía del gobierno al decir que las apelaciones de lo que ocurre durante las sesiones deben plantearse de forma “inmediata”. Por el otro, señaló que, por el calado del asunto (una reforma constitucional), el Senado no podía flexibilizar sus procedimientos, sino todo lo contrario, apegarse estrictamente al reglamento “en especial en dos aspectos: mayorías más estrictas y procesos de aprobación más largos”.

Cepeda no había terminado de leer su decisión cuando el propio presidente Santos anunció que acudiría a las Altas cortes para tratar de salvar las circunscripciones especiales. El ministro del Interior, Guillermo Rivera, argumentó que amplia jurisprudencia respalda su planteamiento de que la mayoría del Senado y la Cámara se debe calcular a partir de los “miembros efectivos”. El viernes esa lectura recibió el respaldo de un concepto del Consejo de Estado según el cual el Senado, dado que hay tres casos de ‘silla vacía’, quedó integrado por 99 senadores “y este es el número que determina el ‘quorum’ decisorio”.

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Así que lo más probable es que los magistrados fallen en favor de la aprobación de las curules, una vez el asunto llegue a alguna de las Altas Cortes, incluso por medio de las tutelas ya interpuestas por organizaciones de víctimas. Pero hay otro problema: el próximo lunes vence el plazo para inscribir las candidaturas al Congreso que se elegirá en 2018. El gobierno espera que el fallo que resuelva el tema de fondo permita realizar inscripciones extemporales ante el impase.

La presencia de 18 representantes de las víctimas en la Cámara es determinante para empujar en las próximas legislaturas el grueso de la implementación del acuerdo de paz que aún falta. Desde esa óptica, el portazo que el Congreso le está dando a esa posibilidad, más allá de un embrollo jurídico, es un duro mensaje que golpea la credibilidad del proceso de paz.