Registrador nacional pide rechazar medida que busca sacarlo del cargo

En un documento de 27 páginas, el registrador nacional del Estado Civil, Alexander Vega, le pidió al Tribunal Administrativo de Cundinamarca que niegue las pretensiones de la acción popular que busca sacarlo provisionalmente del cargo mientras se adelantan las elecciones presidenciales. En el documento se cuestionan los motivos de la presentación de dicha petición y quienes están detrás de la misma.

Para Vega, “es inaceptable y desproporcionado” el hecho que en la acción popular se pida como medida cautelar que sea retirado del cargo, puesto que esto representa un desconocimiento de lo dicho por la Corte Constitucional y la ley frente a este tipo de situaciones. Igualmente, manifestó que no existe ninguna evidencia para soportar la petición de suspenderlo provisionalmente del cargo.

“Es inaceptable y desproporcionado que la razón para solicitar mi suspensión en el ejercicio del cargo de registrador nacional del Estado Civil, para el cual fui elegido de conformidad con las reglas dispuestas por la Constitución Política, sea la formulación de una demanda sustentada únicamente en artículos de prensa, columnas de opinión, y criterios interesados, con marcado contenido político, a partir de los cuales no se logra demostrar una conducta intencionalmente trasgresora del ordenamiento legal”, precisa la respuesta del registrador nacional.

En este punto, asegura que las “pruebas” que presentó el abogado que lidera la acción popular cuentan con un sesgo político, hecho por el cual aseguró que no se puede permitir el nombramiento de un registrador ad hoc para que esté atento a los comicios que se van a celebrar a finales de mayo. Frente a esta situación, le solicitó al Tribunal rechazar “por absolutamente infundada” la medida cautelar solicitada “toda vez que con ello no sólo se vulneran derechos fundamentales (...), sino que podría llegar a generarse paradójicamente un perjuicio irremediable a todos los colombianos”.

Considera que no se demostró la existencia de un riesgo máximo como lo ordena la ley para suspenderlo del cargo, indicando que solamente se hacen algunas menciones y nunca se ahonda en ellos. Debido a esto, no se cumplen los principios que exige la jurisprudencia para que sea suspendido del cargo.

En la acción popular radicada a mediados de abril el abogado Germán Calderón España se señala que Vega Rocha incurrió en constantes y sistemáticas irregularidades durante los comicios del 13 de marzo en el que se iba a definir el Nuevo Congreso de la República y tres consultas internas de coaliciones para la elección de los candidatos presidenciales. Debido a esto se indica que con su actuar se afectó el derecho colectivo a la moralidad administrativa, por lo que se reclama que sea resarcido y se tomen las acciones para que no se repita nuevamente.

El jurista reclamó que el papel del registrador dejó muchas dudas e inquietudes sobre la trasparencia de la recolección de datos electorales y la presentación de los resultados, generando un ambiente de zozobra en los electores, partidos políticos y comunidad en general.

En este punto se alega que con su actuar afectó la institucional y puso en riesgo “el fortalecimiento de la democracia mediante su neutralidad y objetividad”. En otro de los apartes de la acción se reseñan varios informes periodísticos y publicaciones de dirigentes políticos que indican que Vega viajó a España para reunirse con directivos de la empresa INDA, “encargada de realizar los conteos electorales, además, uno de sus más cercanos servidores fue directivo de la misma y participó en el proceso de contratación, el cual, además fue adjudicado en forma directa, violándose la transparencia y la moralidad pública, principios constitucionales de la función pública y de la contratación estatal”.

Igualmente, se cuestionó su improvisación a la hora de presentar la propuesta para que se realizara un reconteo, desconociendo por completo que esta labor la debía adelantar el Consejo Nacional Electoral (CNE). Por esto, y para evitar que esto se presente en la primera vuelta presidencial que se adelantará el 29 de mayo, los accionantes pidieron una medida cautelar para que Vega sea separado del cargo.

Por las irregularidades que se habrían presentado en el proceso electoral, la Procuraduría General le abrió una investigación preliminar a Vega. El organismo de control busca establecer si incurrió en una falla en “la selección y contratación estatal, una posible omisión de sus funciones en el control de las votaciones y en la capacitación de los jurados”.