¿REGRESA LA EXTRADICION?

Tal vez el día más vergonzoso de la historia reciente de Colombia sea el 19 de junio de 1991. Ese día Pablo Escobar Gaviria, tan pronto fue votada por la Asamblea Nacional Constituyente la prohibición de la extradición, se entregó voluntariamente a la justicia. Lo recibió una comisión de notables encabezada por el padre Rafael García Herreros y el procurador Carlos Gustavo Arrieta. Al llegar a la cárcel, Escobar, en forma simbólica, entregó su revólver diciendo en forma solemne "por la paz de Colombia". Culminaba así una sangrienta y despiadada guerra de siete años entre Pablo Escobar y la sociedad colombiana en torno de la extradición. Escobar había ganado. A partir de ese momento, Colombia es el único país del planeta en el cual la prohibición de extraditar está consagrada como norma constitucional. Y no han sido pocas las consecuencias de esa decisión. Comenzando por el ya famoso proceso 8.000 que se desencadenó a mediados de 1994, y como consecuencia del cual, paradójicamente, se ha vuelto a revivir el debate sobre la extradición. Debate que se está adelantando en dos planos: el político y el jurídico. Sin importar que a veces sean incompatibles. A pesar de la prohibición constitucional, existen interpretaciones según las cuales es posible extraditar colombianos a Estados Unidos en la actualidad. Esto obedecería a que está vigente el tratado sobre el tema entre Colombia y Estados Unidos, suscrito en Washington en 1979. En estricto derecho, un Tratado Internacional tiene mayor jerarquía que la legislación interna de cualquiera de los países que lo suscribe. Sin embargo, falta una pieza clave para que el tratado pueda ser puesto en práctica: una ley del Congreso que lo apruebe y lo incorpore a la legislación interna. Dos veces se ha intentado expedir esta ley -en 1980 y en 1986- y las dos oportunidades ha sido declarada inexequible por la Corte Suprema de Justicia, por vicios de forma y de trámite. Antes de volver a extraditar colombianos a Estados Unidos sería necesario tramitar una nueva ley de aprobación del tratado, que supere los vicios de forma que han tenido las del pasado. Con todo, existe una tercera vía que permitiría, en teoría, extraditar a pesar de la prohibición constitucional, y a pesar de la ausencia de una ley de aprobación por parte del Congreso. Consistiría en que el gobierno expidiera un decreto de conmoción interna, amparado en los poderes que le otorga este estado de excepción. Este decreto estaría sustentado en la teoría jurídica según la cual el respeto a los tratados internacionales es una norma constitucional de principio que prevalece sobre las normas que tienen relación con derechos, como el de no ser extraditado. Ya existe un antecedente concreto en esta materia en el gobierno de Virgilio Barco, cun El temor que antes se tenía a las bombas de Pablo Escobar se tiene hoy a las sanciones de Frechetten Como consecuencia del proceso 8.000 hoy se asocia la crisis económica con la no extradiciónando se decretó en agosto de 1989 la extradición por acto administrativo, en ejercicio de las facultades que le otorgaba el entonces estado de sitio.
El que quiere puede
Lo cierto es que existen interpretaciones jurídicas igualmente sólidas para defender o no la posibilidad de extraditar colombianos a Estados Unidos en la actualidad. En estas circunstancias, la definición jurídica dependerá de la definición política. En otras palabras, al ser las dos interpretaciones posibles, todo tiene que remitirse a la posición que asuma el gobierno. Esa es la realidad jurídica. Pero la realidad política es otra. Hubo una Constituyente en 1991 y en ella se llegó a unos acuerdos que fueron plasmados en normas constitucionales. Por la coyuntura de terrorismo que se estaba viviendo, el más importante de todos los acuerdos fue el de elevar a norma constitucional la prohibición de extraditar colombianos al exterior. Esta concesión fue interpretada en su momento como el requisito necesario para poner fin al narcoterrorismo. Y a pesar de que, por la existencia del tratado, la norma no es definitiva, fue asimilada por la opinión pública como tal. De ahí que Pablo Escobar se hubiera entregado el mismo día de la votación de dicha norma en la Asamblea Constituyente. Hoy las cosas son distintas. Y la razón del cambio es el proceso 8.000. En la actualidad, en efecto, el consenso en contra de la extradición se está debilitando. El temor que antes se tenía a las bombas de Pablo Escobar, se tiene hoy a las sanciones del embajador de Estados Unidos Myles Frechette. Las múltiples evidencias de nexos entre la clase política y los carteles de la droga han llevado a muchos colombianos a la conclusión de que la falta de extradición no ha servido sino para que el narcotráfico se apodere del país. Todo esto, sumado a la debilidad del gobierno, ha convertido a la extradición en un arma política. Por cuenta de las dudas sobre la legitimidad de su elección, el gobierno de Ernesto Samper se volvió chantajeable, tanto por sus enemigos políticos internos como por Estados Unidos. Ambos intentan ponerlo contra la pared en cuanto a la extradición. El argumento es que por cuenta de la narcofinanciación de su campaña, Colombia se ha convertido en un paria internacional y la economía está en ruinas. La estrategia consiste en retarlo a apoyar la extradición, como prueba de que no tiene compromisos con el narcotráfico que supuestamente lo eligió. La propuesta de 10 parlamentarios, encabezados por el senador Luis Guillermo Giraldo, que busca derogar el artículo constitucional que prohíbe la extradición, está orientada en esa dirección. El propósito es obligar al Presidente y a los ministros a fijar su posición sobre el tema. Giraldo les puso una cascarita en la cual se resbalaron. Pero la realidad es que el gobierno de Ernesto Samper no puede apoyar la extradición. No porque tenga compromisos, sino porque la narcofinanciación de su campaña fue un hecho. Independientemente de quien sabía o no sabía, la circunstancia de que la filtración del narcotráfico se hubiera presentado, hace que el gobierno y los Rodríguez Orejuela estén en el mismo barco. Hasta ahora, el silencio de los jefes del cartel de Cali ha sido interpretado no como un acto de solidaridad con Samper, sino de temor a la extradición. Para un sector del país, si los Rodríguez hablan Samper se cae y cualquier escenario de sucesión presidencial es incierto para ellos. Esto ha dejado al gobierno en la incómoda posición de tener que quitarle el cuerpo al tema de la extradición. El Ministro del Interior Horacio Serpa, la Canciller María Emma Mejía y el Ministro de Justicia Carlos Medellín no han sido muy coherentes en sus explicaciones sobre el particular. Han tenido que limitarse a la frase manida de que el tema "no está en la agenda", y al lugar común de que no se oponen a una "discusión académica" sobre el asunto. Lo cierto es que en este momento el debate sobre la extradición está viciado. La discusión no gira en torno de convicciones sino de la posición de amistad o enemistad que se tenga frente al gobierno. Los antisamperistas están a favor de la extradición y los samperistas en contra. Personalizada en esos términos, la discusión es estéril.

Posiciónes cambiantes
En las encuestas, la mayoría de los colombianos se declara en contra de la extradición, con un margen del 70 por ciento. Sin embargo, esa posición mayoritaria es volátil. Obedece a que la palabra extradición se asocia automáticamente con narcoterrorismo y nadie quiere volver a eso. Pero esa tendencia está cambiando. Como consecuencia del proceso 8.000 se está comenzando a asociar la crisis política y económica con la no extradición. La gente asocia la posibilidad de sanciones económicas por parte de Estados Unidos con este tema. Se considera también que el único mensaje que se le puede enviar a la comunidad internacional, para que no considere a Colombia una narcodemocracia, es restablecer la extradición. Así como antes las bombas hacían que la opinión pública se inclinara hacia un lado, ahora la crisis económica la hace inclinar hacia el lado opuesto. Lo que significa que no se puede descartar que los intentos por revivirla dejen de ser escaramuzas políticas y se conviertan en un debate de fondo con posibilidades reales. Esto, obviamente, no sucederá en la presente legislatura, donde el proyecto no tiene posibilidad de ser aprobado. Pero este primer paso servirá para medir la evolución de la clase política frente al tema. Muchas son las personalidades que han ido cambiando de opinión, al vaivén de las circunstancias. Con la intensificación de la crisis, el número irá aumentando. Hay ya hechos creados que permiten sacar algunas conclusiones. El primero es que, aunque en la actualidad parece posible extraditar, por existir un tratado vigente con Estados Unidos, sería un absurdo hacerlo, ya que se violaría el espíritu de la norma constitucional que se aprobó en 1991. Cualquier intento por restablecer la extradición tiene que comenzar por una reforma constitucional, de manera que la norma se deshaga como se hizo: en virtud de un debate político y un consenso nacional. Otro punto clave es que la extradición no pueda tener aplicación retroactiva. Es posible encontrar interpretaciones jurídicas según las cuales la retroactividad tiene vigencia desde la suscripción del tratado de 1979 y no desde una eventual reforma constitucional que derogue la prohibición actualmente vigente en la Carta. Sin embargo, sería un error enorme recurrir a fórmulas rebuscadas para solucionar problemas políticos coyunturales extraditando con nombre propio. Los narcotraficantes que se entregaron o fueron capturados después de que se prohibió la extradición en la Constitución de 1991, no deberían ser extraditados. Hacerlo tendría un sabor de 'conejo' y los 'conejos' han sido siempre el origen del terrorismo en Colombia. La extradición debe restablecerse para manejar situaciones futuras, pero no para manejar situaciones pasadas. La meta es volver al concepto original de la política de sometimiento a la justicia. Esta consistía en tener de manera simultánea el garrote de la extradición y la zanahoria de la rebaja de penas por entrega y colaboración. Ese fue el sentido original de la política de sometimiento de César Gaviria. Pero los magnicidios y secuestros de Pablo Escobar dieron al traste con todas las intenciones originales. Escobar no solo logró eliminar la extradición, sino modificar a su antojo el alcance de los decretos de colaboración y rebaja de penas. Esto hizo que la política de sometimiento se convirtiera en una burla, como lo demostraron el bochornoso episodio de los lujos de la cárcel de la Catedral y las irrisorias penas de los Ochoa, quienes ya están libres. Existe un consenso en torno de la necesidad de aumentar la severidad de las penas por narcotráfico. Esta es una de las patas de la política de sometimiento. La otra es la extradición. Y es conveniente ir pensando en restablecerla. No para extraditar a los Rodríguez Orejuela, sino para evitar que en el futuro surjan capos tan poderosos como ellos. n ,do fuerza.al vez el día más vergonzoso de la historia reciente de Colombia sea el 19 de junio de 1991. Ese día Pablo Escobar Gaviria, tan pronto fue votada por la Asamblea Nacional Constituyente la prohibición de la extradición, se entregó voluntariamente a la justicia. Lo recibió una comisión de notables encabezada por el padre Rafael García Herreros y el procurador Carlos Gustavo Arrieta. Al llegar a la cárcel, Escobar, en forma simbólica, entregó su revólver diciendo en forma solemne "por la paz de Colombia". Culminaba así una sangrienta y despiadada guerra de siete años entre Pablo Escobar y la sociedad colombiana en torno de la extradición. Escobar había ganado. A partir de ese momento, Colombia es el único país del planeta en el cual la prohibición de extraditar está consagrada como norma constitucional. Y no han sido pocas las consecuencias de esa decisión. Comenzando por el ya famoso proceso 8.000 que se desencadenó a mediados de 1994, y como consecuencia del cual, paradójicamente, se ha vuelto a revivir el debate sobre la extradición. Debate que se está adelantando en dos planos: el político y el jurídico. Sin importar que a veces sean incompatibles. A pesar de la prohibición constitucional, existen interpretaciones según las cuales es posible extraditar colombianos a Estados Unidos en la actualidad. Esto obedecería a que está vigente el tratado sobre el tema entre Colombia y Estados Unidos, suscrito en Washington en 1979. En estricto derecho, un Tratado Internacional tiene mayor jerarquía que la legislación interna de cualquiera de los países que lo suscribe. Sin embargo, falta una pieza clave para que el tratado pueda ser puesto en práctica: una ley del Congreso que lo apruebe y lo incorpore a la legislación interna. Dos veces se ha intentado expedir esta ley _en 1980 y en 1986_ y las dos oportunidades ha sido declarada inexequible por la Corte Suprema de Justicia, por vicios de forma y de trámite. Antes de volver a extraditar colombianos a Estados Unidos sería necesario tramitar una nueva ley de aprobación del tratado, que supere los vicios de forma que han tenido las del pasado. Con todo, existe una tercera vía que permitiría, en teoría, extraditar a pesar de la prohibición constitucional, y a pesar de la ausencia de una ley de aprobación por parte del Congreso. Consistiría en que el gobierno expidiera un decreto de conmoción interna, amparado en los poderes que le otorga este estado de excepción. Este decreto estaría sustentado en la teoría jurídica según la cual el respeto a los tratados internacionales es una norma constitucional de principio que prevalece sobre las normas que tienen relación con derechos, como el de no ser extraditado. Ya existe un antecedente concreto en esta materia en el gobierno de Virgilio Barco, cuando se decretó en agosto de 1989 la extradición por acto administrativo, en ejercicio de las facultades que le otorgaba el entonces estado de sitio. El que quiere puede Lo cierto es que existen interpretaciones jurídicas igualmente sólidas para defender o no la posibilidad de extraditar colombianos a Estados Unidos en la actualidad. En estas circunstancias, la definición jurídica dependerá de la definición política. En otras palabras, al ser las dos interpretaciones posibles, todo tiene que remitirse a la posición que asuma el gobierno. Esa es la realidad jurídica. Pero la realidad política es otra. Hubo una Constituyente en 1991 y en ella se llegó a unos acuerdos que fueron plasmados en normas constitucionales. Por la coyuntura de terrorismo que se estaba viviendo, el más importante de todos los acuerdos fue el de elevar a norma constitucional la prohibición de extraditar colombianos al exterior. Esta concesión fue interpretada en su momento como el requisito necesario para poner fin al narcoterrorismo. Y a pesar de que, por la existencia del tratado, la norma no es definitiva, fue asimilada por la opinión pública como tal. De ahí que Pablo Escobar se hubiera entregado el mismo día de la votación de dicha norma en la Asamblea Constituyente. Hoy las cosas son distintas. Y la razón del cambio es el proceso 8.000. En la actualidad, en efecto, el consenso en contra de la extradición se está debilitando. El temor que antes se tenía a las bombas de Pablo Escobar, se tiene hoy a las sanciones del embajador de Estados Unidos Myles Frechette. Las múltiples evidencias de nexos entre la clase política y los carteles de la droga han llevado a muchos colombianos a la conclusión de que la falta de extradición no ha servido sino para que el narcotráfico se apodere del país. Todo esto, sumado a la debilidad del gobierno, ha convertido a la extradición en un arma política. Por cuenta de las dudas sobre la legitimidad de su elección, el gobierno de Ernesto Samper se volvió chantajeable, tanto por sus enemigos políticos internos como por Estados Unidos. Ambos intentan ponerlo contra la pared en cuanto a la extradición. El argumento es que por cuenta de la narcofinanciación de su campaña, Colombia se ha convertido en un paria internacional y la economía está en ruinas. La estrategia consiste en retarlo a apoyar la extradición, como prueba de que no tiene compromisos con el narcotráfico que supuestamente lo eligió. La propuesta de 10 parlamentarios, encabezados por el senador Luis Guillermo Giraldo, que busca derogar el artículo constitucional que prohíbe la extradición, está orientada en esa dirección. El propósito es obligar al Presidente y a los ministros a fijar su posición sobre el tema. Giraldo les puso una cascarita en la cual se resbalaron. Pero la realidad es que el gobierno de Ernesto Samper no puede apoyar la extradición. No porque tenga compromisos, sino porque la narcofinanciación de su campaña fue un hecho. Independientemente de quien sabía o no sabía, la circunstancia de que la filtración del narcotráfico se hubiera presentado, hace que el gobierno y los Rodríguez Orejuela estén en el mismo barco. Hasta ahora, el silencio de los jefes del cartel de Cali ha sido interpretado no como un acto de solidaridad con Samper, sino de temor a la extradición. Para un sector del país, si los Rodríguez hablan Samper se cae y cualquier escenario de sucesión presidencial es incierto para ellos. Esto ha dejado al gobierno en la incómoda posición de tener que quitarle el cuerpo al tema de la extradición. El Ministro del Interior Horacio Serpa, la Canciller María Emma Mejía y el Ministro de Justicia Carlos Medellín no han sido muy coherentes en sus explicaciones sobre el particular. Han tenido que limitarse a la frase manida de que el tema "no está en la agenda", y al lugar común de que no se oponen a una "discusión académica" sobre el asunto. Lo cierto es que en este momento el debate sobre la extradición está viciado. La discusión no gira en torno de convicciones sino de la posición de amistad o enemistad que se tenga frente al gobierno. Los antisamperistas están a favor de la extradición y los samperistas en contra. Personalizada en esos términos, la discusión es estéril. Posiciónes cambiantes En las encuestas, la mayoría de los colombianos se declara en contra de la extradición, con un margen del 70 por ciento. Sin embargo, esa posición mayoritaria es volátil. Obedece a que la palabra extradición se asocia automáticamente con narcoterrorismo y nadie quiere volver a eso. Pero esa tendencia está cambiando. Como consecuencia del proceso 8.000 se está comenzando a asociar la crisis política y económica con la no extradición. La gente asocia la posibilidad de sanciones económicas por parte de Estados Unidos con este tema. Se considera también que el único mensaje que se le puede enviar a la comunidad internacional, para que no considere a Colombia una narcodemocracia, es restablecer la extradición. Así como antes las bombas hacían que la opinión pública se inclinara hacia un lado, ahora la crisis económica la hace inclinar hacia el lado opuesto. Lo que significa que no se puede descartar que los intentos por revivirla dejen de ser escaramuzas políticas y se conviertan en un debate de fondo con posibilidades reales. Esto, obviamente, no sucederá en la presente legislatura, donde el proyecto no tiene posibilidad de ser aprobado. Pero este primer paso servirá para medir la evolución de la clase política frente al tema. Muchas son las personalidades que han ido cambiando de opinión, al vaivén de las circunstancias. Con la intensificación de la crisis, el número irá aumentando. Hay ya hechos creados que permiten sacar algunas conclusiones. El primero es que, aunque en la actualidad parece posible extraditar, por existir un tratado vigente con Estados Unidos, sería un absurdo hacerlo, ya que se violaría el espíritu de la norma constitucional que se aprobó en 1991. Cualquier intento por restablecer la extradición tiene que comenzar por una reforma constitucional, de manera que la norma se deshaga como se hizo: en virtud de un debate político y un consenso nacional. Otro punto clave es que la extradición no pueda tener aplicación retroactiva. Es posible encontrar interpretaciones jurídicas según las cuales la retroactividad tiene vigencia desde la suscripción del tratado de 1979 y no desde una eventual reforma constitucional que derogue la prohibición actualmente vigente en la Carta. Sin embargo, sería un error enorme recurrir a fórmulas rebuscadas para solucionar problemas políticos coyunturales extraditando con nombre propio. Los narcotraficantes que se entregaron o fueron capturados después de que se prohibió la extradición en la Constitución de 1991, no deberían ser extraditados. Hacerlo tendría un sabor de 'conejo' y los 'conejos' han sido siempre el origen del terrorismo en Colombia. La extradición debe restablecerse para manejar situaciones futuras, pero no para manejar situaciones pasadas. La meta es volver al concepto original de la política de sometimiento a la justicia. Esta consistía en tener de manera simultánea el garrote de la extradición y la zanahoria de la rebaja de penas por entrega y colaboración. Ese fue el sentido original de la política de sometimiento de César Gaviria. Pero los magnicidios y secuestros de Pablo Escobar dieron al traste con todas las intenciones originales. Escobar no solo logró eliminar la extradición, sino modificar a su antojo el alcance de los decretos de colaboración y rebaja de penas. Esto hizo que la política de sometimiento se convirtiera en una burla, como lo demostraron el bochornoso episodio de los lujos de la cárcel de la Catedral y las irrisorias penas de los Ochoa, quienes ya están libres. Existe un consenso en torno de la necesidad de aumentar la severidad de las penas por narcotráfico. Esta es una de las patas de la política de sometimiento. La otra es la extradición. Y es conveniente ir pensando en restablecerla. No para extraditar a los Rodríguez Orejuela, sino para evitar que en el futuro surjan capos tan poderosos como ellos.