Relaciones rotas: el drama de los venezolanos y colombianos en la frontera

La auxiliar de enfermería Marlene Castro, de 45 años, no ha podido dormir bien en las últimas semanas, algo que llama “una angustia existencial” no la deja descansar tranquila. Entró de manera ilegal a Colombia hace dos años y cuatro meses, junto a su hija Maricel, de 19 años. Dejaron su barrio El Guarataro, en Caracas, para pasar la página del hambre y el desempleo al que la crisis venezolana, dicen, las tenía sometidas. Ellas son dos de los miles de personas que se sienten atrapadas a lado y lado de la frontera colombo-venezolana y que se quedaron con las ganas de un reencuentro familiar durante Navidad y fin de año. Son el símbolo, más allá de la crisis por la pandemia del coronavirus, de las relaciones rotas entre las dos naciones.

Marlene trabaja en Barranquilla hace 11 meses, donde cuida a un enfermo terminal. A pesar del cierre de fronteras vigente desde marzo de este año y de estar indocumentadas, la mujer y su hija planeaban visitar a la familia este diciembre pasando a través de una trocha ilegal por La Guajira colombiana. Pero el alto costo de la travesía y el miedo al peligro del viaje las hizo desistir del plan.

Colombia y Venezuela comparten 2.219 kilómetros de frontera, del lado colombiano está repartida entre los departamentos de Guainía, Vichada, Boyacá, Arauca, Cesar, Norte de Santander y La Guajira, siendo estos dos últimos donde están los principales pasos fronterizos, tráfico y relación comercial. Para llegar hasta la capital venezolana, para reencontrarse con su madre y dos hijos más, Marlene necesita mínimo 900.000 pesos para cada una, que es el dinero que un intermediario les cobra por el paso por la frontera, el transporte y el acompañamiento durante el viaje. Cumplir el requisito es imposible, los giros constantes para ayudar a los que se quedaron hacen que no se pueda ahorrar nada. “Además, las historias que hemos escuchado de las bandas delincuenciales y la extorsión por los mismos guardias venezolanos da miedo”, dice.

Según Migración Colombia, al país han ingresado 2.705.403 personas desde 2012 hasta la fecha; y, con corte al 30 de septiembre, había 1.715.831 residenciados en el territorio nacional. De estos, 769.207 estaban de manera legal y 946.624 de manera irregular. Pero para algunas autoridades locales de la región Caribe y nortesantandereana estas cifras difieren de la realidad, ya que no incluyen a todos los que han ingresado a través de las trochas ilegales, por lo que se estima que en realidad la cantidad sería casi el doble.

El director de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa, dijo que, en un escenario normal, diciembre es un momento en el que los picos de salida de Colombia a Venezuela se disparan. “Este año es atípico. Tenemos una presión fuerte porque hay personas que estando en Venezuela prefieren venirse para Colombia”, detalló.

La criminalidad en la ruta

Los pasos ilegales o trochas entre ambas naciones son una malla enorme de vías y caminos que convierten la frontera en una línea imaginaria permeable y casi imposible de controlar. Esto, según un informe publicado esta semana por la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), favorece la concentración de estructuras y actividades criminales.

En el caso de La Guajira, que tiene 249 kilómetros de frontera, la situación de seguridad para los viajeros que usan las trochas se ha complicado. Para la Fundación Pares, en el caso de Maicao y los municipios vecinos, algunas muertes registradas están asociadas a acciones de sicariato cometidas en el casco urbano del municipio, a lo que se suma el crecimiento exponencial de estructuras criminales dedicadas a esta actividad y donde no hay un dominio hegemónico de un actor.

Para los investigadores, este incremento delincuencial cerca del paso fronterizo de Paraguachón está relacionado con “un posible despliegue del Clan del Golfo y los Pachenca, el cual representa un escenario estratégico para el tráfico de drogas hacia fuera del país y donde estos grupos no han tenido antes una presencia significativa”.

A lo que, según Pares, se suma la presencia del ELN con los frentes Gustavo Palmesano, 6 de Diciembre y Luciano Ariza, pertenecientes al frente de Guerra Norte, que se reactivó. De los que se ha establecido que tienen injerencia en la serranía del Perijá e inmediaciones, también en los corregimientos de Paraguachón y la Majayura (Maicao) y las veredas Las Marimondas, Bendiciones, Las Colonias y Puerto López (Fonseca).

Migración Colombia reconoció que los pasos ilegales funcionan y hoy son la vía más usada. Esto ha sido aprovechado por los llamados “trocheros” y ha incrementado el valor que cobran por transportar de manera ilegal a migrantes hacia el lado venezolano y viceversa. Tarifas que pueden llegar hasta los 100 dólares, según testimonios de algunos migrantes.

Julia Sarmiento es una colombiana de nacimiento que vivió durante 42 años en Caracas, en donde trabajó y obtuvo una pensión como secretaria. Desde enero de este año está en Colombia y por la pandemia no ha podido reencontrarse con Germán, su esposo, quien se quedó en Caracas con el hijo mayor de la pareja. Con el temor por los riesgos de la covid-19 –está cerca de cumplir 68 años– y gracias a que la familia puede costear tiquetes, Julia decidió viajar el 17 de diciembre a la capital venezolana. El itinerario de vuelo estaba programado en la ruta Barranquilla-Ciudad de Panamá, el primer trayecto. Debía dormir una noche para viajar el viernes 18 de diciembre desde Panamá hasta Caracas.

Pero horas antes de iniciar su travesía la agencia de viajes le notificó que el vuelo había sido cancelado, luego de que el presidente Nicolás Maduro suspendiera la operación de la aerolínea panameña que cubría la ruta “por motivos de la pandemia” y “los altos casos de pacientes positivos detectados en el aeropuerto de Maiquetía”. En respuesta, las autoridades aeronáuticas panameñas hicieron lo mismo.

Ahora Julia intenta conseguir un vuelo a través de México, que es uno de los pocos países con los que el Gobierno de Nicolás Maduro mantiene fronteras abiertas. “La idea es que sea Barranquilla-Cancún-Caracas. Esto incrementa el valor del tiquete en unos 200 dólares, pero es la única forma”, dice la frustrada viajera.

Julia es privilegiada en comparación con la mayoría de venezolanos que intentan pasar de un lado a otro, como Jairo José, que todo lo que dice lo hace anteponiendo a Dios. “Antes que nada, con Dios todopoderoso presente, que él es el que nos tiene unidos, Venezuela es un país rico y de todos modos estamos sufriendo mucho. Acá en Colombia nos han ayudado. Lo que necesitamos, con Dios presente porque somos hermanos, es que el Gobierno de Venezuela se ponga la mano en el corazón y piense en nosotros”.

Jairo José viene caminando desde Barinas y pasó por el puente Simón Bolívar para unirse a unos compatriotas con la idea de continuar el recorrido hasta el centro del país. En ese grupo también está Marina Tobozo, de 18 años, que pasó por una de las trochas porque se cansó de la situación. Quiere llegar a Pasto para conseguir trabajo, allá tiene familiares que la podrían ayudar. En ese cruce irregular pagó 15.000 pesos (unos cuatro dólares) a los trocheros.

El ingreso al país es incontrolable, y las ciudades con mayor población venezolana son Bogotá, con 333.894; Cúcuta, con 100.455; Barranquilla, con 94.488; Medellín, 87.638; Cali, 58.875, y Maicao, 51.139. A pesar del cierre fronterizo, muchos siguen llegando. Ese es uno de los temas que tiene en alerta a las autoridades desde que se decretó el cierre de fronteras hace nueve meses para evitar la propagación de la covid-19.

La restricción en el tránsito seguirá hasta el 16 de enero de 2021, según anunció el presidente Iván Duque a finales de noviembre, por lo que las trochas son el único camino posible para los venezolanos y algunos colombianos. Esa frontera porosa se volvió un verdadero dolor de cabeza porque implica el despliegue de policía y ejército para brindar seguridad y evitar actividades ilegales. En Norte de Santander, los venezolanos buscan estar en Colombia durante esta época. Eso señala Lucas Gómez García, gerente de Fronteras, quien destaca que hay un flujo importante de personas por pasos irregulares “con vocación de llegar al centro del país e incluso a otros países de América del Sur”.

En muchos de esos pasos irregulares hacen presencia el ELN y los Rastrojos, que han sumado a sus economías ilegales habituales el tráfico de migrantes. Lo que ha representado “problemas de desorden social en la región fronteriza, casos de trata de personas, victimización violenta, extorsión y despojos, el desarrollo de toda una economía informal en torno a la masiva migración y un importante ejército de reserva de mano de obra barata para la economía legal, informal e ilegal”, según recoge Pares en su informe.

Más allá de la alerta en seguridad y epidemiológica, el flujo migratorio es un tema que tiene en el filo a los departamentos y municipios fronterizos, pues se creería que la situación la deben resolver los gobiernos locales y seccionales. Para el secretario de Fronteras de Norte de Santander, Víctor Bautista Olarte, estamos en medio “de una crisis incontenible en la que la situación se vuelve cada vez más compleja, pues no se han dejado de prestar servicios fundamentales a los migrantes (como salud y educación), y que con los cierres de los países de Suramérica la situación se le agudiza a Colombia”.

Según Bautista, solo en un recorrido hecho el fin de semana del 11 de diciembre conoció el caso de unas 600 personas que, evadiendo controles de Migración y dando la vuelta por Ocaña, llegaron a Barrancabermeja en 30 buses. Algo que no logran contener las autoridades. Para el secretario es necesario generar una coordinación para recibir a la población venezolana en las regiones, así como lo hicieron en su momento para llevar a los que querían regresar al vecino país y facilitaron todos los recursos logísticos. “Deben dialogar y organizarse para que puedan recibir a los caminantes que van a llegar, porque es algo que no vamos a poder parar”, dice.

Sobre situaciones como esas, Espinosa dijo que se han detectado empresas de transportes especiales que cobran hasta 200.000 pesos para trasladar a venezolanos, y que la entidad ha hecho operativos de control que han dado pie a 80 acciones sancionatorias. Ahora, hay un fenómeno adicional y es que después de la crisis fuerte de 2017 se empezó a potenciar el encuentro familiar, y muchos de esos encuentros pueden darse en Colombia, por lo que la migración puede ser más amplia porque las personas están cansadas de la separación familiar; por ello, Bautista vaticina que en 2021 puede darse un momento más crítico en esta crisis.

Mientras la pandemia no da tregua, en Norte de Santander y su capital han visto un aumento de contagios, muertes y ocupación hospitalaria por cuenta de la covid. Los casos contagiados son 34.346 y 1.623 los fallecidos por la enfermedad (al 17 de diciembre). Esto los tiene en alerta roja con una ocupación hospitalaria en las unidades de cuidados intensivos que llega al 98 por ciento y que se agravaría si los migrantes venezolanos continúan su paso sin control.