Viaje a la mente de los uribistas

Todo el acuerdo de paz que han montado en La Habana se basa en la falsa teoría de que en Colombia hay un conflicto armado. Lo que hay son unas bandas narcoterroristas que el gobierno de Álvaro Uribe había arrinconado, y lo único que faltaba era la estocada final para liquidarlas. Apoyamos al presidente Santos pensando que iba a acabar con ellas, sin embargo, hizo todo lo contrario. Aunque quedaban solo unos 6.000 guerrilleros, les ha dado el estatus de contraparte del Estado. Eso ha desembocado en un acuerdo de impunidad en el que se ha hecho caso omiso de la Constitución y del ordenamiento jurídico colombiano.

Pero a estas alturas se necesita ser constructivos y buscar opciones, pues todos estamos interesados en llegar a la paz, pero no a cualquier costo. Estamos dispuestos a modificar unas posiciones que habíamos sostenido anteriormente como la necesidad de que los máximos responsables de delitos atroces de las Farc fueran a la cárcel. Por esto, en aras de llegar a algún consenso el Centro Democrático está dispuesto a aceptar que para esa reclusión se busquen mecanismos como las colonias agrícolas o algo de esa naturaleza que sustituya los barrotes. Igualmente estamos dispuestos a aceptar el concepto de justicia transicional, siempre y cuando esta quede en manos de la justicia colombiana y no del esperpento jurídico externo que se han inventado con el tribunal de la Jurisdicción Especial para la Paz. Y que su competencia se limite únicamente a juzgar guerrilleros imponiendo penas reducidas de entre cinco y ocho años, y de hasta 20 años si no confiesan.

Así las cosas, los militares y los civiles solo irían a este tribunal si se presentan voluntariamente; de lo contrario, serían juzgados por la justicia ordinaria. Hemos pedido además que quienes comparezcan ante la justicia solo puedan confesar sus propios delitos sin incriminar a terceros, para evitar que surja un cartel de falsos testigos que ponga en peligro a los ciudadanos de bien. Fórmulas como la creación de una sala penal dentro de la Corte Suprema de Justicia les darían a los colombianos la garantía de que este acuerdo no sustituye la Constitución y que los narcoterroristas de las Farc no tendrán el privilegio de una justicia paralela diseñada a su antojo. En ese contexto quedaría eliminada la concepción de que los miembros de nuestras Fuerzas Armadas y los guerrilleros sean tratados con el mismo rasero.

Hemos planteado además varios puntos que consideramos deben ser tenidos en cuenta luego del triunfo del No en las urnas. Es de vital importancia dejar en claro que los máximos responsables de delitos atroces de las Farc no puedan ser elegibles al Congreso antes de cumplir sus condenas, que el nuevo acuerdo que se firme no tenga la calidad de acuerdo especial avalado por los Convenios de Ginebra, y que a su vez no se integre al bloque de constitucionalidad. Eso garantizaría la posibilidad de modificar algunos puntos si fuese prudente en el futuro.

También le hemos expresado al presidente Santos la necesidad imperiosa de dejar claros los límites de la extinción de dominio, de revisar la reforma rural integral para que no afecte a los compradores de buena fe y de obligar a las Farc a declarar todos sus bienes para usarlos en la reparación a las víctimas.

El presidente Santos parece no registrar que el No le gano al Sí en el plebiscito. Lo lógico en esas circunstancias sería que todo lo pactado en La Habana dejara de existir, pero no queremos llegar a esos extremos sino ser constructivos. Creemos que ante el nuevo escenario político, se debería hacer un acuerdo técnico tripartito en el cual nos sentemos simultáneamente en la mesa los representantes del No, del gobierno y de las Farc. Así con unas sesiones de trabajo intensas y sin dilaciones innecesarias, podríamos llegar a un acuerdo que sería no solamente más sólido e incluyente, sino que estaría políticamente blindado. Ese documento tendría mucho más peso en la práctica que el mamotreto de un supuesto acuerdo especial archivado en Ginebra que no tiene pies ni cabeza y que el gobierno de Santos les aceptó al abogado español comunista Enrique Santiago y a Álvaro Leyva.

Teniendo en sus manos nuestra propuesta, que es totalmente razonable, el presidente Santos está pensando en hacernos conejo haciéndose el que nos ha escuchado y recogiendo unos cambios cosméticos sin participación de los representantes del No, para presentárselos a las Farc y decirnos qué aceptan y qué no. Sobre esa base nunca podrá haber un gran acuerdo nacional en torno a la paz en Colombia.