TRIBUTARIA
Renta por pensiones e IVA a más productos: seis puntos que usted debe saber de la reforma tributaria
El proyecto bandera del Gobierno genera controversia. Muchos están asustados porque, en caso de ser aprobada, podrían pagar más impuestos que antes. Revise si es su caso.
El gobierno del presidente Iván Duque se la jugará toda por la reforma tributaria. Una de las cifras que mayor sorpresa ha causado es el tamaño del recaudo esperado. Sobre todo si se tiene en cuenta que tras la pandemia, familias y empresas resultaron afectadas.
La cifra que espera el Gobierno esta vez es enorme: 30,3 billones de pesos, casi tres veces lo que le dejó la última reforma, aprobada en 2019. A propósito del recaudo estimado, estas son las cifras de las últimas cinco tributarias: la de 2012 buscaba 7,8 billones; la de 2014, otros 12,5 billones; en 2016, la última del Gobierno Santos, 7,2 billones.
La primera del gobierno Duque esperaba recaudar 14 billones de pesos, pero se cayó en la Corte Constitucional y un año después fue aprobada la que está vigente, con 11 billones de pesos.
El Gobierno ha dicho que esta elevada cifra es necesaria para atender varios frentes: continuar con los subsidios a las familias más vulnerables del país, afectadas con mayor rigor por la pandemia; ayudar a las empresas a conservar los empleos formales y cerrar el enorme déficit fiscal que generó en las finanzas públicas la atención de la pandemia.
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Pero para garantizar este mayor recaudo muchos tendrán que abrocharse el cinturón y esculcar muy bien sus bolsillos. El proyecto plantea escenarios en donde miles de ciudadanos verán impactada su economía.
Estos son los puntos principales de discusión.
1. ¿Qué pasará con el IVA?
El IVA es uno de los temas más polémicos de la próxima tributaria, pues golpea el bolsillo de todos.
Reformar el IVA ha sido una de las obsesiones del ministro Carrasquilla. Se trata de un gravamen cuyas exenciones y exclusiones suman unos 75 billones de pesos. El presidente Duque dice que la reforma no gravará alimentos básicos, educación o arriendos, pero habrá cambios importantes.
Hoy, 98 productos de la canasta familiar pagan IVA del 19 %, otros 10 tienen tarifa del 5 % y 73 más están exentos o excluidos. Aunque no se gravarán alimentos adicionales, sí se eliminarán los exentos y aumentará la tributación de algunos. Azúcar, chocolate, harina de maíz, pastas, sal, cereales, salmón, pulpo, nueces, carnes frías y embutidos (no incluye salchichón ni butifarra), que pagan hoy el 5 %, pasarían al 19 %.
Un tema álgido será la eliminación de la categoría de exentos, los cuales pasarían al régimen de excluidos. Eso significa que los productores no podrán generar devoluciones de IVA (como ocurría con los exentos). Jorge Enrique Bedoya, presidente de la SAC, dice que eso encarecería el precio final de los productos y afectaría el bolsillo del consumidor.
Otros productos y servicios por fuera de los alimentos también tendrían cambios. Por este impuesto, el Gobierno espera recaudar 10,5 billones de pesos, es decir, un punto del PIB.
2. Pensiones: a pagar renta
Todo indica que el Gobierno está dispuesto a gravar las pensiones altas para conseguir recursos.
Los jubilados también tendrán que meterse la mano al bolsillo y pagar más, de aprobarse el proyecto de reforma del Gobierno. Esta fue una de las propuestas de la Comisión de Expertos Tributarios, que recomendó un impuesto a las mesadas.
Pero la iniciativa del Gobierno no solo gravaría las pensiones altas, es decir, las de 10 millones de pesos hacia arriba. Todo indica que el pago iniciaría de manera gradual para quienes ganen a partir de 8,7 millones de pesos mensuales.
Esta cifra apareció en una simulación expuesta a algunos congresistas que indica que, con ese ingreso mensual, el monto a pagar sería de 1,5 millones de pesos al año. Según esa misma simulación, una persona que gana una megapensión de 39,2 millones de pesos mensuales tendría que pagar 113,4 millones al año.
Eso quiere decir que el impuesto variará aproximadamente entre el 5 y el 30 %, dependiendo del monto de la pensión.
Bajo este panorama, unos 20.000 pensionados del país tendrían que pagar este gravamen. Sin embargo, hay quienes le ven visos de ilegalidad a esta propuesta, pues, en teoría, argumentan que los pensionados ya tributaron durante su vida laboral, por lo que se podría incurrir en una doble tributación.
De hecho, las asociaciones de pensionados ya le enviaron una carta al presidente Duque pidiéndole que no grave las pensiones.
3. El polémico patrimonio
Gravar la acumulación de capital funciona hace años en Colombia. Son varios los reparos a este tributo.
El Gobierno había dicho que podría volver permanente el impuesto al patrimonio. Y así fue. Este se viene pagando desde 2002. En la última tributaria se había restablecido para las vigencias de 2019, 2020 y 2021. En consecuencia, hoy están gravados los patrimonios superiores a 5.000 millones de pesos y la tarifa que se aplica es del 1 %.
Lo que se conoce hasta ahora es que el Gobierno planea gravar de manera permanente los capitales superiores a 5.000 millones de pesos, con una tarifa marginal del 3 %, pero deducible del impuesto de renta. Y aspira a recoger un billón por año.
Para el tributarista Horacio Ayala, esta medida va a resultar gravosa para quienes tengan pensión o que no estén trabajando, porque no van a poder hacer el cruce con el impuesto de renta.
El impuesto tiene también críticas técnicas: grava la acumulación de capital. Eso significa que la persona paga impuestos por generar una renta en un año específico y luego por incluirla en su activo. Y hay quienes aseguran que ese gravamen estimulará la salida u ocultamiento de capitales.
Pero expertos como Thomas Piketty creen que es una manera de equilibrar la cancha entre quienes han tenido la fortuna de construir un capital y las personas de escasos recursos, porque con este impuesto se puede hacer redistribución de ingresos por medio de programas sociales y obras de infraestructura.
4. Y de los subsidios, ¿qué?
La reforma será fundamental para fortalecer la política social del Gobierno y reducir la pobreza.
Una de las metas que se ha trazado la administración Duque es garantizar la permanencia de los programas sociales, en momentos en que la pobreza amenaza a más del 50 % de la población. En pandemia, el Gobierno creó el programa Ingreso Solidario, que se sumó a otros tradicionales como Familias en Acción, Jóvenes en Acción y Colombia Mayor.
La nueva tributaria planea mantener los anteriores y crear Generación E, con un plan de subsidios del 100 % de la matrícula en la universidad pública para estudiantes de estratos 1, 2 y 3. Además, buscará fomentar el empleo juvenil, subsidiar las cotizaciones de seguridad social por cinco años para jóvenes de primer empleo, aprendices del SENA, mujeres mayores de 40 años desempleadas y adultos mayores que no han accedido a una pensión de vejez.
A todo esto se sumará la devolución de IVA, que ahora llegaría a 4,7 millones de hogares. En las cuentas del Gobierno estas iniciativas costarán unos 9,5 billones de pesos al año. En el Legislativo hay ambiente para aprobar estos programas y convertirlos en una renta básica para los más vulnerables.
Si se cruza con los subsidios a servicios públicos y se sigue avanzando en focalización, gracias a la modernización del Sisbén, el país quedará con un gran colchón social, tal vez uno de los más amplios de la región. Esta sería una forma eficaz de darle equilibrio al ajuste fiscal.
5. Empresas: a ajustar cargas
De salir adelante, la propuesta en renta para las empresas podría ser una verdadera revolución.
Desde las dos anteriores reformas, el Gobierno ha tenido una obsesión por hacer más transparente y menos complejo el esquema de tributación para las empresas. Y la propuesta preliminar que se conoció esta semana es bastante ambiciosa en ese sentido: busca ajustar los impuestos corporativos para estimular el empleo y la reactivación, y adoptar un esquema más sencillo.
En primer lugar, plantea eliminar todas las rentas exentas, deducciones, descuentos tributarios y tarifas preferenciales a partir de la vigencia 2023. El Gobierno dice que se respetarán los derechos adquiridos. Eso significa que mantendrá los beneficios otorgados por la ley a empresas de economía naranja o cultivo de plantaciones forestales, por ejemplo. Pero a partir de 2023 desaparecerán para cualquier nueva empresa. Solo continuarán los beneficios para zonas francas y megainversiones.
Además, hay un cambio estructural: habrá una mayor progresividad en el impuesto, porque se aplicará una tarifa diferencial, según el tamaño y nivel de utilidad de cada empresa. La tarifa irá desde el 24 % para las micro y pequeñas con utilidad superior a 500 millones y una tarifa máxima del 31 % para las empresas más grandes. A partir de 2023 esa tarifa máxima se reducirá al 30 %.
De lograr estas dos medidas, se habrá dado un gran salto en el esquema impositivo, porque va a eliminar todos los ruidos de las exenciones y generará un esquema de progresividad en el impuesto para las personas jurídicas. Con estos cambios, el Gobierno planea recoger 3 billones de pesos.
6. Impuestos verdes
Sorprendieron las propuestas de tributos contra la contaminación. Aun así, también son gravosos.
Desde la reforma tributaria de 2016 ha aumentado la conciencia sobre el uso de instrumentos tributarios para combatir la contaminación y promover la sostenibilidad. En esa norma se creó el impuesto al carbono, que grava el uso de combustibles fósiles como la gasolina, en función de su carga de carbono, un agente contaminante.
El Gobierno sigue esta tendencia ahora y propone, primero, una modificación al impuesto al carbono, introduce un impuesto local a los vehículos y propone tributos por la producción de plásticos de un solo uso, así como por el consumo de plaguicidas no orgánicos. Esto le generaría cerca de un billón de pesos.
La norma plantea también instrumentos para fomentar la inversión y el gasto público en temas de sostenibilidad ambiental. Es el caso de la creación de Fonclima y el establecimiento de mecanismos que promuevan la transición energética. Este capítulo puede resultar muy sensible.
Especialmente la introducción del impuesto local a los carros, que haría más costoso el ya conocido impuesto de vehículos que se paga en las ciudades donde está matriculado cada automotor.
Según la propuesta, el componente de contaminación de este gravamen busca capturar el factor de impacto que tiene cada automóvil en la polución. Allí estarán incluidos motos, vehículos de carga y transporte público.
El impuesto a los plásticos de un solo uso será de 2 pesos por gramo, que corresponde casi a la mitad del precio del gramo de plástico. En materia ambiental, la tributaria parece buscar un impacto favorable. El debate va a ser interesante.
