Cortocircuito institucional tras la renuncia de la junta de EPM

Por estos días, Empresas Públicas de Medellín (EPM) cumple 65 años. En este tiempo se ha convertido en uno de los referentes de los servicios públicos y en la tercera empresa más grande del país. Sin embargo, este año la celebración será amarga.

La renuncia intempestiva de la junta directiva de ese poderoso conglomerado público desató una profunda crisis institucional, con acusaciones de fallas en el gobierno corporativo y puso a la emblemática empresa, literalmente, en el ojo del huracán.

La detonó la decisión del alcalde Daniel Quintero de avanzar en una conciliación extrajudicial ante la Procuraduría Delegada frente al Tribunal Administrativo de Antioquia contra el consorcio constructor de Hidroituango –Construçoes e Comercio Camargo Correa S. A. y las paisas Constructora Conconcreto S. A. y Coninsa Ramón H. S. A.–; los diseñadores, como Integral S. A.; interventores y aseguradoras, como Chubb y Suramericana. Todo ello por los perjuicios derivados de la contingencia que presentó el proyecto en abril de 2018, cuando se derrumbó uno de los túneles que conducía el agua del río Cauca.

EPM pretende por daños emergentes, costos y lucro cesante la suma de 9,9 billones de pesos. Eso pone en evidencia que la construcción de esta, la obra de ingeniería más grande y ambiciosa del país, no ha sido un camino de rosas. 

Desde antes de su adjudicación tuvo tensiones. El Instituto para el Desarrollo de Antioquia (Idea) se movió para quedarse, a finales de la década pasada, con el control del proyecto al comprar la participación a algunos minoritarios y al dejar relegado a EPM, en un episodio que algunos llamaron la toma hostil, pues había un trato entre las partes de no empezar el proyecto y mantener las participaciones. La Gobernación, por medio del Idea, quiso construir la obra con una firma internacional e incluso se llegaron a conocer calificaciones de distintas compañías y EPM no estuvo dentro de las más altas. Sin embargo, la empresa hizo valer su condición de socio del proyecto y con el respaldo del empresariado antioqueño empezó la construcción de la obra. 

Tras la adjudicación, su desarrollo tuvo complejas situaciones que llevaron a un retraso superior a los 20 meses. Hubo demoras en las vías para acceder al proyecto y a los frentes de obra, la imposibilidad de desviar el río Cauca en la fecha programada (enero de 2013), además de problemas geológicos en las cavernas. También dificultades en el licenciamiento ambiental y restricciones para construir la línea que sacaría la energía. Todo esto en un entorno muy tenso con protestas sociales, cierre de vías y atentados contra maquinaria y equipos. Si se declaraba un “incumplimiento grave e insalvable” en la entrada en operación del proyecto serían ejecutadas las garantías y EPM tendría que pagar cifras billonarias por no responder ante los compromisos de energía en firme, pero además dejaría de facturar la energía no generada.

Se diseñó entonces un plan para recuperar los atrasos y viabilizar la entrada de la operación comercial de la primera unidad a finales de noviembre de 2018. El resto es historia: los riesgos se materializaron, se derrumbó uno de los túneles que no tenía licencia ambiental, se perdió el control del proyecto y no solo se alteró el cronograma, sino su viabilidad. 

Hoy Hidroituango, que en sus primeros cálculos tenía un costo cercano a los siete billones de pesos, pasó a costar casi 12 billones y hoy, en medio de la crisis, la cifra ya bordea los 16 billones. Organismos como la Contraloría, la Procuraduría y hasta la Fiscalía tienen abiertas varias investigaciones alrededor de la contratación, los cambios que se generaron y la evolución del proyecto. 

Con esos antecedentes, pensar en una decisión jurídica y litigiosa no sería descartable. Sin embargo, Quintero y el gerente de EPM, Álvaro Rendón, decidieron tomarla sin tener en cuenta una de las instancias más importantes de este poderoso conglomerado público: su junta directiva, como quedó planteado en la renuncia de este máximo órgano de administración.

EPM se ha caracterizado por la calidad y eficiencia de sus obras, pero esta situación empezó a revivir dificultades que tuvieron otros proyectos. Por ejemplo, con la central hidroeléctrica Bonyic, en Panamá, donde Conconcreto e Integral también aparecen en los mismos roles que tuvieron en Hidroituango. Allí, se estimaron costos de 1.700 dólares por kilovatio instalado, pero terminó costando 9.874 dólares por kilovatio instalado. Además, hubo un retraso de casi nueve años. Sin embargo, las pérdidas las asumió EPM.

“El caso de Bonyic dejó pérdidas por 150 millones de dólares, y en la junta directiva que acabó de renunciar había cuatro miembros de 2015, a quienes se les presentó un análisis jurídico para empezar acciones, pero ellos decidieron que no iban a adelantar nada porque eran empresas aliadas de EPM, esto consta en un acta. La junta tiene antecedentes de no actuar por el bien de los intereses de la empresa, del dinero público, sino en beneficio de los contratistas. Yo creo que la demanda era necesaria, aunque me parece que no fue la forma”, dice Paulina Aguinaga, concejala del Centro Democrático. Además recuerda que el binomio Conconcreto e Integral también dejó pérdidas cercanas al billón de pesos en el proyecto Porce III, instalado en el noroeste antioqueño.

Precisamente, la junta directiva está hoy en la mira. Para unos, representa la independencia y blindaje necesarios para que el norte de la compañía no se desvíe y pueda mantener su papel protagónico en los servicios públicos del país. Otros consideran que el alcalde habría advertido de posibles conflictos de intereses en algunos de los miembros de la junta y que, incluso, debieron declararse impedidos. 

Como señaló Oswaldo León Gómez, uno de los miembros de la junta de EPM que renunció, en una entrevista con Noticias Caracol, “si así lo pensó el alcalde lo debió haber manifestado llevando el tema a la junta directiva para tener las evidencias de quiénes eran los miembros que tenían que considerarse impedidos. Y hubiera sido un buen momento para hacer una discusión en los impedimentos. Además el alcalde tenía la posibilidad de cambiar esos miembros si tenía esas claridades. Yo particularmente, cuando hablé con él, le dije: ¿por qué no actuó en consecuencia? No está bien que uno actúe con una junta directiva donde tiene confianzas parciales”. 

El gerente Rendón aseguró que la junta sí sabía de la acción legal ante la Procuraduría y que, incluso, había sido una petición hecha por varios de los miembros. Aclaró que no socializaron el documento final con la junta por cuestión de tiempo, pues los términos estaban por vencer. Además, en la carta de renuncia se aclara que la junta fue notificada de la decisión, pero se les relegó de ella y de cualquier análisis.

Quintero, por su parte, señaló que su decisión no pasó por encima del gobierno corporativo y que estuvo dentro de las determinaciones que puede tomar como alcalde.“Yo no pienso en proyectos políticos, sino en lo que es legal y ético, estamos hablando de pérdidas por 10 billones de pesos”, dijo. Agregó que quieren propender por el trabajo mancomunado que ha caracterizado a la capital paisa, pero aclara que lo sucedido con Bonyic y Porce III, y que se repite con Hidroituango, no demuestra una relación justa entre la empresa pública y la privada. 

Pero la situación jurídica genera una duda mayor: EPM estuvo presente en todas las decisiones tomadas para acelerar obras en Hidroituango, fue consultado y estuvo de acuerdo en seguir adelante, por lo que parecía que la demanda era como pegarse un tiro en un pie. Sin embargo, Quintero le aclaró a SEMANA que hay que tener en cuenta que la Gobernación demandó a EPM. “Si la justicia falla en nuestra contra, nosotros también debemos proceder a demandar al consorcio, de alguna manera nos estamos blindando”. 

Es vital para Antioquia que el proyecto entre a operar y cumpla los compromisos energéticos. Rendón confirmó que este entrará en operación con cuatro unidades en 2022 y que se mantiene con los diseños originales. Aseguró que le hacen seguimiento diario al proyecto, que han desarrollado todas las tareas de acuerdo a lo planeado y que han reducido los riesgos a la mínima expresión. Confía en que a pesar del proceso de conciliación contra el consorcio constructor, los contratistas continuarán honrando la palabra y cumpliendo los contratos. Si el primero de noviembre no logran la conciliación, las diferencias entrarán en un litigio.

Una de las dudas en la conciliación es por qué no se incluyó a la otra aseguradora, Mapfre. Según el gerente de EPM, porque esta firma ha reaccionado y está haciendo coberturas. De hecho, ya hizo un primer desembolso por 150 millones de dólares y está estudiando otras indemnizaciones. “Pero además porque tiene la cláusula compromisoria de resolver cualquier diferencia por vía de tribunal de arbitramento. No se puede llamar a un proceso de responsabilidad contractual porque tiene un tratamiento por separado”, dijo el directivo.

El alcalde deja claro que su principal interés es que el proyecto se salve, además de tener verdaderas buenas relaciones con el empresariado. Lo que sí es evidente es que está cumpliendo una promesa de campaña: cambiar el modelo administrativo de EPM. Nadie sabe si es un acierto o una herida de muerte.