La cadena de errores que terminó con la renuncia del ministro Botero

La renuncia de Guillermo Botero al Ministerio de Defensa se convierte en uno de los mayores reveses del gobierno de Iván Duque. Durante todo su ejercicio en el cargo, el alto funcionario estuvo envuelto en polémicas de distintos tonos. Desde declaraciones salidas de lugar, como cuando dijo que a algunos líderes sociales los mataban por líos de faldas, hasta duros cuestionamientos que involucran asuntos de derechos humanos, como el asesinato de Dimar Torres y la emisión de directrices en el Ejército que revivieron el temor de los falsos positivos. También tuvo que enfrentar la salida de varios generales por líos de corrupción denunciados por SEMANA.

Con esa estela de escándalos a cuestas, muchos se preguntaron hasta qué punto aguantaría el ministro. La cuerda se tensaba cada vez más con el surgimiento de un nuevo cuestionamiento. Sin embargo, parecía resistir y el gobierno se jugaba su capital político en el Congreso para salvarlo de las mociones de censura. El primero de esos procesos lo sorteó victorioso con el apoyo de los partidos de gobierno y de los que se declararon independientes. Y parecía que la historia se repetiría este martes. Botero llegó al Capitolio con el escándalo fresco, revelado por SEMANA, sobre la participación de un coronel y hasta la creación de un chat para asesinar a Dimar Torres. Hechos que refutaban las declaraciones que él dio en su momento, apuntando a que esa muerte fue un acto fortuito.

Pero el golpe definitivo lo dio el senador Roy Barreras, quien reveló evidencias de Medicina Legal que prueban –y así lo aceptó el mismo Botero- que ocho menores de edad murieron en un bombardeo del Ejército en zona rural de San Vicente del Caguán. Esa denuncia volteó la torta y terminó inclinando a la U, Cambio Radical y los liberales –que lo habían defendido- al lado de los que apoyan la moción de censura. Tras eso, con las cuentas de apoyos en su contra y una plenaria citada para el próximo miércoles, en la que virtualmente resultaría perdedor y retirado del cargo, no le quedó más camino que presentar la carta de renuncia en la noche de este miércoles.

El ministro ha estado en medio de la polémica también por la creciente violencia en el Cauca y el exterminio sistemático de los líderes sociales, fenómeno con pocos resultados respecto a los responsables. Estos son los momentos y situaciones más adversas para el jefe de la cartera militar:

Las directrices que revivieron el temor

Hace unos meses, el Ministro Guillermo Botero tuvo que enfrentar la primera moción de censura en su contra. En aquella ocasión, el motivo fue la investigación publicada por The New York Times, en la que se revelan las directrices que desde la cúpula militar se dieron con el fin de incrementar resultados - incluído el número de bajas en combates- y demostrar efectividad. Esta directriz fue denunciada por la oposición, onegés, instituciones dedicadas a la protección de los derechos humanos y parte de la opinión pública como una puerta para el regreso de los llamados ‘falsos positivos‘. 

El ministro se defendió diciendo que esas órdenes fueron malinterpretadas, y que no había presión hacia los comandantes de unidades para aumentar los resultados. Sin embargo, SEMANA reveló luego varios de esos formatos diligenciados por coroneles y generales de todo el país. Allí quedaba claro que ellos había proyectado duplicar el número de capturas y muertes en sus teatros de operaciones.

El crimen de Dimar Torres

Otro episodio que puso contra las cuerdas al Ministro Botero fue el crimen de Dimar Torres, excombatiente de las Farc que estaba cumpliendo con la paz y vivía  como campesino en el municipio de Convención, en Norte de Santander. Tal como lo reveló SEMANA, Dimar Torres fue asesinado por miembros del Ejército que quisieron, inicialmente, desaparecer el cadáver sepultándolo en una fosa incluso con la motocicleta de la víctima. Luego, al ser descubiertos por la comunidad, los militares implicados trataron de vender la versión de que Torres había muerto en medio de un enfrentamiento. El ministro Botero repitió en Bogotá esa versión. Y ahora se sabe que se trató de un crimen premeditado que lideró un coronel el cual hoy está libre. La realidad de los hechos se descubrió gracias a evidencia técnica (chats) y con el testimonio de varios de los implicados que confesaron a la Fiscalía lo ocurrido.   

En medio de la presión mediática que pedía conocer la verdad sobre el caso de Dimar Torres, el ministro Botero tuvo varias salidas en falso. Aseguró que los soldados habían actuado en “legítima defensa”, pues se había presentado una lucha cuerpo a cuerpo, y hasta sugirió —sin previa investigación— que debió existir alguna motivación tras la muerte del exguerrilero. Estas declaraciones, tildadas de irresponsables por defensores de derechos humanos y congresistas, impulsaron la primera moción de censura contra Botero por presunto encubrimiento de los hechos.  

La corrupción de los generales y la operación silencio

A mediados del año, SEMANA reveló las prácticas irregulares de varios generales que, entre otras cosas, se lucraban a costa de sus puestos. Las denuncias terminaron en el retiro del mayor general Adelmo Fajardo, segundo comandante del Ejército, y en el encarcelamiento del general Jorge Romero, señalado de incidir en la contratación, recibir sobornos y hasta participar en un entramado para venderle salvoconductos de armas a criminales. Cinco generales más fueron retirados de la institución.

Si bien esos actos de corrupción habían ocurrido en el gobierno anterior, varios de los generales cuestionados terminaron ascendidos por este gobierno a cargos de mayor responsabilidad, pese a que ya tenían investigaciones en su contra. SEMANA además reveló todo un plan de silenciamiento, que incluye amenazas de muerte a fuentes y periodistas, para que todos esos casos de corrupción quedaran sepultados, así como para dar con quienes revelaron las directrices publicadas por The New York Times.

Las pruebas falsas en la ONU

El presidente Iván Duque le entregó a Naciones Unidas un dossier de 128 páginas que, según él, contenía las pruebas de la alianza entre el gobierno venezolano y grupos ilegales colombianos. No obstante, los cuestionamientos contra Botero y la cúpula militar vinieron cuando el diario El Colombiano y la agencia AFP revelaron que algunas de las fotos de incluidas en el informe contenían información falsa. Estas fotos, que supuestamente documentaban con fechas y lugares las actividades del ELN en Venezuela, resultaron ser tomadas en Colombia en fechas anteriores que no se correspondían con el informe. 

Precisamente, en el debate de moción de censura en contra del ministro de Defensa que tuvo lugar la noche del martes en el congreso, el senador Roy Barreras increpó a Botero sobre este episodio y la labor de la inteligencia militar: “¿Es tan de baja calidad?”, cuestionó, al tiempo que le dijo al ministro que él fue quien debió asumir el costo político y no el general Oswaldo Peña Bermeo, jefe de Inteligencia que salió del cargo tras el escándalo internacional.

Las versiones encontradas sobre la muerte de Flower Yain Trompeta

El lunes 21 de octubre, la comunidad de la vereda La Laguna, en el municipio de Corinto ,Cauca, denunció el asesinato de un joven supuestamente a manos del Ejército Nacional. De acuerdo con la información difundida por los campesinos, a las 10:30 de la mañana "se escuchan disparos de arma de fuego y el sobrevuelo de helicópteros". Horas más tarde, hallaron el cuerpo de Flower Yain Trompeta, un joven que según los denunciantes “se lo llevaron vivo de su parcela” y que, luego, apareció baleado y con heridas que darían cuenta de una aparente tortura. 

Esa fue la primera versión entregada por varios colectivos campesinos en Cauca. Ante el revuelo de esa denuncia tan seria, el ministerio de Defensa y el Ejército revelaron más detalles de lo sucedido, pero las versiones de las partes no concuerdan. El Ejército señaló que Trompeta era un disidente de las Farc y que habría muerto en combate. Al día siguiente del presunto asesinato, el ministro de Defensa, Guillermo Botero, dio una declaración a Caracol Radio en donde retomó la hipótesis que mencionaron los campesinos. "Aparentemente fue muerto en desarrollo de una operación militar.

El jefe de cartera también expresó que la Tercera División del Ejército –que hacía presencia en la zona– le entregó un reporte que solo dará a conocer cuando la Fiscalía General lo coteje y añadió que debido a este hecho, los militares quedaron a disposición de la Fiscalía. Y ahí surgen las versiones encontradas: líderes de la Zona de Reserva Campesina de Corinto que recogieron testimonios del hecho, le dijeron a SEMANA que la comunidad no reportó ningún combate en la zona, tan solo unos disparos sobre las 10:30 a.m. Para ellos, Trompeta no pertenecía a ningún grupo armado, lo califican como un trabajador de la vereda.

Este miércoles, tras el debate que lo tiene en la cuerda floja, Botero hizo un pronunciamiento con el que trató de defenderse. Respecto al caso de Trompeta aseguró que según Medicina Legal el cuerpo no registra hechos de tortura. Pero eso fue todo, no profundizó en mayores detalles, simplemente dijo que el caso estaba en manos de la Fiscalía.  

La muerte de ocho niños en un bombardeo

 Este martes, en el debate de moción de censura, el senador Roy Barreras denunció: “Ministro usted le escondió a Colombia que ese día bombardeó siete niños y quizás son cuatro más, porque las pruebas de Medicina Legal muestran que otros cuatro cuerpos llegaron tan despedazados, que solo pudieron identificar que tenían menos de 20 años. Llegaron restos de cadáveres que se calculan están entre los 15 y 20 años”.

El senador soportó sus revelaciones con un informe de Medicina Legal que está fechado el 19 de septiembre y en este se detallan las edades, identidades y estado de los cuerpos. Entre los muertos hay una niña de 12 años. La Fiscalía confirmó que hubo ocho menores de edad muertos.

Cuando fue su turno de replicar en el Capitolio, Botero confirmó la muerte de los menores pero señaló que el ejército desconocía de su presencia en el campamento. "Cuando esta operación se hizo no se sabía de la presencia de menores. Se revisó clarísimamente la legislación, los abogados conceptuaron posiblemente que el señor Gildardo Cucho era una amenaza para la seguridad nacional y que como tal se podía bombardear el sitio".

El ministro aseguró que este tipo de operaciones tiene control judicial y señaló que el bombardeo estuvo soportado en una investigación de las Fiscalías 114 y 135 especializadas de la dirección contra las organizaciones criminales. "Correspondería a las autoridades competentes a la luz de las normas del Derecho Internacional Humanitario la infracción de la que es responsable el Grupo Armado Organizado por utilizar menores como parte al parecer de su estructura de seguridad", señaló.