Renunció el árbitro que Germán Vargas cuestionó en pleito del puente ‘acordeón’ Hisgaura

Se trata del arbitro Eduardo Fonseca, quien fue designado por la Cámara de Comercio de Bogotá, junto a Fernando Silva y Fernando Sarmiento, para conformar el Tribunal de Arbitraje que debe decidir el pleito entre la la firma española Sacyr y el Estado colombiano por los enredos en el puente Hisgaura (Santader) y las obras relacionadas, que han costado más de 103.000 millones de pesos. El Tribunal venía trabajando y se espera que entre diciembre y enero profiriera el laudo. Sin embargo, en los últimos días Fonseca fue blanco de serios cuestionamientos por lo que ahora el arbitro decide dar un pasa al costado.

Se esperaba que las obras en cuestión resolvieran un lio “eterno” del departamento de Santander. A pesar de que Bucaramanga está a solo 154 kilómetros de Málaga, el trayecto puede tardar hasta siete horas debido a los largos tramos sin pavimentar y a los precipicios que obligan a manejar con extrema precaución. Por eso, cuando el Fondo Adaptación del Ministerio de Hacienda anunció tres viaductos para agilizar esa ruta, los lugareños recibieron la noticia con la cautela acostumbrada. Pero una vez hecha la licitación y desembolsado el dinero, parecía que finalmente el momento había llegado.

No obstante, todo resultó una frustración más. El contrato fue adjudicado a la compañía española Sacyr por 80.000 millones de pesos, luego adicionados con otros 23.000 millones. Seis años después, nunca comenzaron dos de los puentes y el tercero es el famoso Hisgaura, conocido porque en noviembre de 2018 salieron a la luz imágenes de las extrañas ondulaciones en sus costados que lo hacían ver arrugado como un acordeón. Después de una larga polémica en la que alcanzaron incluso a proponer su demolición, los estudios determinaron que su extraña apariencia no comprometía la estabilidad de la estructura. Con más de 20 meses de retraso, lo entregaron en enero de este año.

No tardaron en aparecer nuevos problemas. Primero, a pocos días de la entrega, se restringió el paso por unos “arreglos pendientes”. Y, posteriormente, en junio, los usuarios denunciaron daños en la capa asfáltica y las barandas. El jalón de orejas a los responsables no se hizo esperar. El director del Instituto Nacional de Vías (Invías) le reclamó al Fondo Adaptación para que requiriera al contratista y ejecutara las intervenciones correspondientes.

En días recientes, Germán Vargas Lleras destapó en su columna dominical el asunto más engorroso relacionado con esta megaobra. Según indicó el exvicepresidente, en uno de los seis otrosíes que firmaron, el Fondo Adaptación y Sacyr pactaron importantes variaciones al contrato original, entre ellas, una cláusula compromisoria. Es decir, acordaron que un tribunal de arbitramento y no un juez de la república dirimiría cualquier conflicto que pudieran tener. Esta disposición nueva toma especial relevancia ahora que la constructora española le reclama al Estado el pago de gastos administrativos por mayor permanencia en la obra y un nuevo reajuste de costos por un total de 42.000 millones de pesos.

Por este motivo, convocaron el tribunal y, tal como convinieron en el otrosí, de mutuo acuerdo eligieron como árbitros a Fernando Silva, Fernando Sarmiento y Eduardo Fonseca. Sobre la imparcialidad de este último surgieron los cuestionamientos por su cercanía con Francisco Martínez, director del departamento jurídico de Sacyr. En su columna, Vargas Lleras señaló que Fonseca es “amigo íntimo” de Martínez. Hay constancia de que ambos son socios fundadores de Consultoría Contractual, una firma de abogados especializada en infraestructura y servicios públicos. Además, se encontró también que el hoy árbitro Fonseca actuó como apoderado del Consorcio del Magdalena Medio (Commsa), del que formó parte Sacyr, en un pleito en 1997.

El artículo 15 del Estatuto de Arbitraje Nacional consagra para todo árbitro el deber de informar si “ha coincidido con alguna de las partes o sus apoderados en otros procesos”. La semana pasada la Procuraduría se pronunció y solicitó al Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá que se aclarara si el artículo 15 había sido violado dada la denuncia de Germán Vargas. Y lo propio hizo la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, dirigida por Camilo Gómez.

Ambos entes cuestionario que Fonseca haya omitido mencionar sus lazos con Sacyr al ser designado como arbitro. El ahora ex arbitro remitió un amplio escrito a la Cámara de Comercio en el que alega que su vinculo con Sacyr data de once años atrás, y que la norma que habla sobre impedimentos se refiere a cercanía o vínculos en los dos últimos años para que se configure el conflicto de interés que debe ser manifestado.

De cualquier forma, Fonseca decidió renunciar. Argumentó que se sentía presionado y que ello lo llevó a perder la serenidad, la ecuanimidad, el equilibrio y hasta la imparcialidad que requiere para desempeñar el rol de árbitro. Al no poder contar con estas condiciones dice que se ve en la obligación de irse.

¿Qué sigue?

Le corresponde ahora a la Cámara de Comercio de Bogotá notificar a las partes y que se de una audiencia en la que se elegirá al reemplazo de Fonseca. El nombre saldrá de los árbitros suplentes que se seleccionaron de mutuo acuerdo desde que se dio el paso hacia la conformación del Tribunal de Arbitramento. Los suplentes son Fernando Pabón Santander y Juan Carlos Expósito Vélez, este último apoderado de Invías en otro pleito, el del puente Pumarejo contra Sacyr. En una audiencia que debe darse en los próximos días se escogerá uno de esos dos nombres para suceder a Fonseca.

El tribunal de arbitramento pretendía proferir su veredicto a más tardar en enero. Con la dimisión de Fonseca, esa fecha nuevamente se verá postergada, pues una vez entre su reemplazo habrá que a el nuevo arbitro se empape del tema y delibere con los otros árbitros. Están en juego miles de millones de pesos y la definición de una obra de infraestructura tan clave como esquiva.