Ni al fiscal ni a los magistrados los convence la reforma a la justicia

El próximo martes la reforma a la justicia que impulsa el gobierno en el Congreso iniciará su trámite en la Cámara de Representantes, pero lo hará con el viento en contra y prácticamente con el pie izquierdo. Magistrados de las altas cortes, el fiscal general y el presidente de la Cámara, el liberal Alejandro Carlos Chacón, le lanzaron críticas al proyecto lo que le augura un futuro a la iniciativa del gobierno de Iván Duque.

Las críticas se produjeron en el foro que adelantó el propio presidente de la Cámara, como antesala a su debate en la comisión primera. Y aunque el gobierno defendió su iniciativa con las ministras de Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, y de Justicia, Gloria María Borrero, la principal conclusión de quienes intervinieron es que el actual proyecto no resuelve los problemas de acceso a la justicia que reclaman los ciudadanos y que no fue concertada con la rama judicial.

Chacón aseguró que el actual gobierno cometió el error de los anteriores de presentar un proyecto de reforma constitucional que solo se concentra en la cúpula de la rama judicial pero no en los graves problemas estructurales que los ciudadanos esperan resolver.

Dijo que los verdaderos problemas se concentran en la falta de jueces y funcionarios en los juzgados y que eso no lo contiene el proyecto, Decir lo contrario, aseguró, es “mentirle al país”.

El presidente de la Cámara también consideró que el proyecto del gobierno no le garantiza la autonomía a la rama judicial y que esta solo se asegura con un presupuesto acorde a las necesidades de los despachos judiciales. De lo contrario, la rama judicial “quedará arrodillada” al poder Ejecutivo, como ya lo está la rama legislativa. “No permitiremos que les violenten los recursos para que les quiten el poder. Lo que reclaman es presupuesto y lo que hace el proyecto es colocarles las rodilleras a los jueces y fiscales”.

El fiscal general Néstor Humberto Martínez aseguró que una reforma a la justicia no se debe concentrar solo en los temas de arquitectura y gobierno judicial, sino que debe atender otras fórmulas para que el desempeño de la justicia sea más ágil. Por ejemplo propuso darles otro tipo de tratamiento a ciertas conductas penales.

Aseguró que hay insuficiencia de recurso humano para atender la demanda en materia penal y que la congestión y la carga laboral han empezado a hacer crisis. Dijo que desde cuando era ministro de Justicia, en 1994, conocía el mismo número de jueces que hay ahora. Por eso señaló que “el sistema penal es absolutamente insuficiente”.

Martínez dijo que la Fiscalía tiene represadas más de 100 audiencias de imputación de cargos en el país, y aseguró que sistema penal acusatorio ha fracasado. “El aparato de justicia es insuficiente”.

Esos temas, según el fiscal, los ha dialogado con el gobierno y se hace urgente una solución, y la vía para ello son con proyectos de ley y no con una reforma constitucional.

Coincidió con el presidente de la Cámara en que la autonomía de la rama judicial pasa por la asignación de recursos porque ahora para tener un mayor presupuesto hay que tramitarlo ante al poder ejecutivo. De esa forma, dijo “la tal autonomía no existe”.

Martínez le propuso al gobierno como fuente de recursos para la rama judicial los bienes que se incautan al narcotráfico. Dijo que por ese concepto, en dos años se han incautado activos por 12 billones de pesos. “Ahí hay más recursos que los de la ley de financiamiento”, dijo.

Otro de los asuntos que el fiscal consideró que deben resolverse con urgencia es el hacinamiento carcelario, por lo que tiene que ser un capítulo de cualquier reforma a la justicia.

El fiscal general también señaló que una reforma a la justicia debe tener pleno consenso con la rama judicial.  

“Nos incumplieron”

Edgar Sanabria, presidente del Consejo Superior de la Judicatura reconoció que el gobierno invitó a las altas cortes a construir la reforma, pero que en las reuniones que sostuvieron con el presidente Iván Duque les propusieron un plazo para presentar sus propuestas para el mes de octubre. Por ese se declaró sorprendido cuando el gobierno la presentó en el Congreso el 13 de septiembre. “Ahí empieza parte del tropiezo que ha tenido esta reforma”.

“Creo que aquí se interpretó mal al presidente Iván Duque. En las reuniones con nosotros (altas cortes) nos dijo que él era gobernante por 4 años, y nos dijo trabajen primero en leyes y los grandes problemas en corto y mediano plazo y dejemos para el final la reforma constitucional”, dijo Sanabria al señalar que lo que sucedió fue al revés.

Rechazó los señalamientos del gobierno de que el Consejo Superior de la Judicatura es ineficiente y que por eso había que suprimirlo. “Hoy nos encontramos ad portas de que si la reforma no sale adelante es por el lobby que hizo en el Senado el Consejo Superior de la Judicatura".

El magistrado también aseguró que la propuesta de reforma a la justicia presentada por el gobierno no enfrenta los problemas de impunidad, congestión y morosidad de la justicia.

El magistrado Luis Guillermo Guerrero, de la Corte Constitucional, se abstuvo de dar pronunciamientos sobre el contenido de la reforma, entre otras porque este alto tribunal tiene que revisarla si el Congreso la aprueba.

Sin embargo manifestó que el objetivo de una verdadera reforma tiene que solucionar los problemas de acceso a la justicia para los ciudadanos, y que la reforma debe construirse con los magistrados y los jueces. “Tenemos que hacer un diseño claramente consensuado. (Los jueces) son los que de verdad conocen las necesidades”.

Liberales rechazan el proyecto

Por si fuera poco el Partido Liberal, que es el de mayor número de curules en la Cámara de Representantes, pidió postergar el debate de la reforma para la siguiente legislatura.

El expresidente César Gaviria, jefe del Liberalismo aseguró que el proyecto de la Ministra de Justicia contiene “graves problemas” que en criterio de la colectividad “ponen en riesgo la autonomía de rama judicial y restringen injustificadamente la tutela.

También señaló que el tema del precedente judicial, uno de los que se ha salvado de la reforma, necesita el consenso de las altas cortes. Y aunque manifestó que no pretende el hundimiento de la iniciativa, sí pidió que el gobierno atienda las sugerencias de los magistrados.

“Ojalá la Ministra atienda nuestro pedido y no viva en permanente amenaza con su renuncia ante la negativa del Partido Liberal de avanzar con esta reforma”.

Gobierno se defiende

La ministra Gloria María Borrero reiteró que sí hubo un diálogo previo con las altas cortes antes de presentar el proyecto, pero como Cambio Radical y el Centro Democrático habían presentado sus propias iniciativas de reforma a la justicia, el gobierno se vio obligado adelantar el momento de presentarla ante el Congreso.

Dijo que la reforma judicial es un conjunto más amplio y no se reduce al acto legislativo que empezará su trámite en la Cámara de Representantes, y que a partir del próximo año empezará a traer al Congreso los otros proyectos de ley ordinaria y ley estatutaria que complementan la reforma estructural que el presidente Iván Duque planteó durante la campaña.

Ese conjunto de normas, según la Ministra, contienen una reforma al Código Penal que crearía nuevos tipos penales u sanciones, ajustes al sistema penal de adolescentes, reforma al código contencioso administrativo, estatuto de defensa jurídica del Estado.

El gobierno también promoverá el aumento de recursos para la rama judicial que empiecen a ejecutarse en la vigencia de 2020, y se comprometió a que el Gobierno no va a disminuir recursos el próximo año a pesar de las restricciones presupuestales.

Sobre la actual reforma, pidió que se reconociera que el gobierno aceptó no tocar la tutela, y aclaró que el objetivo del gobierno al hacer modificaciones era evitar los abusos de esta figura.

También recordó que el proyecto atendió el clamor de los magistrados de las altas cortes de que no se les impusieran nuevas inhabilidades, por eso la propuesta contiene elevar el periodo a doce años y la posibilidad de que se pensionen una vez terminado su ejercicio en las altas cortes.

Por eso la ministra Borrero le pidió al Congreso no desaprovechar los dos debates superados y aprobar la reforma, con el compromiso de que el próximo año, para la segunda vuelta se, enriquecería con nuevas propuestas. Para ello se comprometió con foros regionales y una mesa técnica con las altas cortes para analizar el precedente judicial y el presupuesto de la rama.  “Esta oportunidad no la podemos perder. Lo único que quiere el presidente Iván Duque es contribuir a que los colombianos tengan una mejor justicia”.

La ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez manifestó que el gobierno no va a imponer una idea porque respeta la independencia del Congreso y el poder judicial, pero también pidió que se apruebe la reforma con la promesa de que si hay propuestas pendientes se examinen el próximo año mediante nuevos proyectos.

Este parece ser el último intento del gobierno por salvar la reforma, proyecto que además tiene el calendario en contra. Este viernes, después de una larga controversia con la ministra de Justicia, el presidente de la Cámara enviará el expediente del proyecto a la comisión primera, faltaría que los representantes designados rindan ponencia para dar comienzo al tercer debate, que debería aprobarse antes del 7 de diciembre para que pase a la plenaria en la última semana del periodo legislativo. Un trámite muy difícil.