Reportaje: El olvido de Buenaventura

El grafiti está en una de las esquinas del barrio Juan XXIII en Buenaventura, Valle del Cauca. Las letras en pintura negra son tímidas como si se hubieran escrito con rapidez –o miedo–, no guardan simetría, pero sí exponen el mensaje claro y contundente: “Somos la tierra del olvido”, dice. Quien lo escribió seguramente hacía alusión a promesas incumplidas; a una ciudad presa de la violencia, la inseguridad y los asesinatos en crecimiento; con un solo hospital público, una universidad de carácter nacional sin infraestructura y herramientas adecuadas, un pueblo que resiste en medio de casas rodeadas por el agua, pero sin alcantarillado, ni acueducto.

Las cifras suelen ser crudas, pero necesarias. Así que en este párrafo hagamos un repaso de los números: 1.569 días después de concluido el paro cívico de 2017, en Buenaventura solo se han ejecutado poco más de 37 de los 177 acuerdos que se pactaron entre el Comité del Paro Cívico y el Gobierno nacional; de los 1,6 billones de pesos anunciados para obras en la ciudad –principal puerto sobre el Pacífico colombiano–, se han ejecutado 236.000 millones de pesos, lo que corresponde al 16 por ciento.

Estos datos fueron revelados por el representante a la Cámara Juan Fernando Reyes Kuri, quien citó el pasado jueves a siete ministros a un debate para conocer los avances en lo pactado hace cuatro años en Buenaventura. A la cita solo asistieron dos de los altos funcionarios. “Esto demuestra el desinterés y desprecio por Buenaventura. ¿Quién responde por sus compromisos incumplidos? Mientras tanto la ciudad continúa sin servicios básicos, infraestructura, ni acceso a la justicia. El Ministerio de Salud tiene el 0 por ciento de sus compromisos cumplidos, el de Transporte solo ha cumplido con 10 por ciento y el del Interior con 16 por ciento”, dijo.

Reyes Kuri reveló, además, que el 27 por ciento de Buenaventura no cuenta con servicio de acueducto y el 39 por ciento no tiene alcantarillado. “Estas cifras espantan ¿Cómo es posible que la tercera ciudad más importante del Valle no tenga cómo cubrir sus servicios básicos?”, señaló.

Todo parece indicar que, tras un paro de casi 30 días, reuniones, asambleas y compromisos pactados, las cosas en Buenaventura están peor: en 2017 la tasa de desempleo rondaba 20,7 por ciento, mientras que a corte del primer semestre de 2021, la cifra ascendió 33,9 por ciento. En seguridad, principal queja en el puerto, en 2017 hubo 68 homicidios; en 2018, 91 muertes violentas; en 2019, 113 asesinatos; en 2020, el número descendió a 111; pero en 2021 se dispararon los homicidios, solo en el primer semestre hubo 123.

Leonard Rentería, líder juvenil y participante activo del paro cívico, le explicó a SEMANA que las dinámicas violentas en Buenaventura han cambiado en el último año. Ahora, asegura, los picos de maldad son más largos y cruentos. “Hoy a una persona le pueden quitar la vida porque transita en la calle con una camiseta negra, ya que la prenda de este color identifica a un grupo delincuencial. No habíamos visto nunca que a las personas las tumben de las motos para robarlas y luego pedir extorsión. Esta vez el pico de violencia ha sido más fuerte y más largo que antes”, recalca.

Sus palabras no son sueltas. Según un estudio de la Cámara de Comercio de Buenaventura, de 447 establecimientos comerciales consultados, el 30 por ciento ha sido víctima de un delito. De ese porcentaje, 50 por ciento señala que fueron extorsionados; 37 por ciento víctima de hurto no violento; 29 por ciento de atraco violento y 26 por ciento fue amenazado. El promedio de extorsión por mes podría ser de hasta 6 millones de pesos.

Pero, regresando a las promesas incumplidas del paro, Leonard dice que la principal razón para salir a las calles en 2017 fue la precariedad en la salud. En aquel entonces, el único hospital público, Luis Ablanque de la Plata, estaba intervenido, con una infraestructura paupérrima y sin servicio de UCI. Hoy, cuenta con una sala de cuidados intensivos, pero no como resultado de las protestas, sino por los afanes que trajo consigo la pandemia.

“La razón principal que nos llevó a parar fue el tema de salud y la promesa de una Ciudadela Hospitalaria, que hoy es lamentablemente una idea. Cuatro años después no se ha logrado poner el primer ladrillo”, subraya Leonard. El alcalde de Buenaventura, Víctor Vidal, quien fue uno de los voceros más visibles del paro y luego aspiró a un cargo de elección popular, argumenta que su administración ha hecho algunos avances en esta materia, como por ejemplo la identificación del lote para construir el complejo de salud. “Ya estamos en los trámites”, dice.

El mandatario local reconoce que hay algunas cosas de los acuerdos que deben ser priorizadas, como el plan maestro de acueducto. En inversión educativa, precisa, “la administración ha tenido dificultades, pero estamos adjudicando un contrato por 8.000 millones de pesos para infraestructura en planteles escolares. Aunque sigue siendo insuficiente porque la historia de la educación en Buenaventura es complicada. Estamos hablando de colegios construidos hace más de 30 años”, agrega.

En la enumeración de los pendientes recalca que no ha habido avance en el fortalecimiento de la Universidad del Pacífico, para la cual se pidieron recursos por más de 5.000 millones de pesos, pero que al día de hoy no se ha girado ni un solo centavo. La ministra de Educación, María Victoria Angulo, defiende su gestión de esos señalamientos y asegura que ha cumplido con compromisos que “ni siquiera están establecidos en el acuerdo”, entre esos el incremento de 47 por ciento en recursos para la Universidad del Pacífico. No obstante, ese ministerio tiene un porcentaje del 44 por ciento de incumplimiento con lo pactado en 2017: de 84 acciones firmadas, solo ha ejecutado 24.

En materia de vivienda, denuncia Vidal, “hay varias cosas pendientes, el acuerdo hablaba de 10.000 viviendas rurales. Aunque sé que hubo un cambio de normatividad y hay un vacío sobre quién asume ese compromiso. Se han hecho 160 viviendas rurales”.

Los jóvenes en medio de la violencia

Uno de los compromisos que más entusiasmo generó en la juventud bonaverense fue la construcción de una Casa de la Cultura, proyecto que aún está por materializarse completamente. “El tema de la inseguridad pasa también por la poca oportunidad que tienen los jóvenes para ocupar sus tiempos libres en cultura, deporte o acceder a oportunidades laborales”, cuenta Leonard.

Según cifras que él ha recogido con su colectivo de trabajo, desde inicios de 2021 a hoy se han presentado 15 suicidios en Buenaventura, “la mayoría de ellos no superan los 28 años de edad. La juventud se debate entre el suicidio, emigrar del territorio para buscar oportunidades, ser reclutados por grupos al margen de la ley, estar entre los que disparan o reciben los disparos”, dice con cierta resignación.

El ministro del Interior, Daniel Palacios, cree que la lamentable situación de Buenaventura no es solo culpa del Gobierno nacional. Para él, la poca ejecución de las administraciones locales, así como los hechos de corrupción que han obligado a rotar cinco alcaldes en menos de tres años son un agravante para que los acuerdos se retrasen. “Para avanzar necesitábamos ponernos de acuerdo, no todo son recursos, también es gestión y, por eso, el cumplimiento no solo está ligado a una ejecución de un recurso. Nadie niega en Colombia que hay una deuda histórica con Buenaventura y estamos haciendo grandes inversiones”, enfatizó Palacios.

Desde el sector público-privado de Buenaventura compran la tesis del ministro Palacios. “Indudablemente, en la ciudad falta trabajo conjunto para materializar lo que está estipulado en los acuerdos. Buenaventura tiene un reto de plantearse proyectos de alto impacto en infraestructura que mejoren la calidad de vida en la ciudad. (...) Necesitamos profesionales técnicos y estructuradores de proyectos para trabajar en esos desafíos.”, puntualiza Milaydi Garcés, presidenta de la Cámara de Comercio de Buenaventura.

A este ritmo de ejecución, cumplir con todo lo pactado tardaría 25 años. Ya para entonces, las necesidades serán otras. Buenaventura, a través de su puerto, le entregó en impuestos a la Nación más de 146.160 millones de pesos el año pasado. Pero de ese dinero es poco lo que regresa –o se ve en las calles de la ciudad–. El olvido parece una cruz que se arrastra de administración en administración sin hallar verdaderos culpables. Mientras tanto, todo reposa en el papel.