Coca inflada: reportes de erradicación de la Fuerza Pública estarían alterados

Después de seis años, el Gobierno celebró el quiebre de la tendencia al alza de los cultivos ilícitos en el país. En 2018 se registraron 169.000 hectáreas sembradas, mientras que en 2019 hubo 154.000, según el reporte de Naciones Unidas publicado hace tres semanas.

El presidente Iván Duque tomó la noticia como un espaldarazo a la política Ruta Futuro, su apuesta de lucha antidrogas, “que va desde los temas de sustitución, erradicación, desarrollo alternativo y pago por servicios ambientales hasta la ruptura de la cadena de logística y la cadena de lavado de activos, la cadena criminal, enfrentar el microtráfico”, dijo. El mandatario resaltó la integralidad del trabajo, pero gran parte del esfuerzo por disminuir los cultivos se ha concentrado en la erradicación forzada, por encima de la sustitución voluntaria a cargo de las comunidades.

Lo resaltó incluso el representante en Colombia de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), Pierre Lapaque, al entregar el informe. El diplomático afirmó que la erradicación forzada “tuvo una importante incidencia, principalmente en el departamento de Nariño, que dejó de ser el primer productor de coca en el país”. El año pasado, el Gobierno erradicó 94.600 hectáreas a la fuerza y superó ampliamente la meta de 80.000. Este año, antes de la pandemia, se había trazado el objetivo de arrancar 130.000, una meta ambiciosa motivada por las cuotas que pide Estados Unidos, el gran financiador de la lucha antidrogas. Sin embargo, sobre este reporte de hectáreas erradicadas, que la Policía y el Ejército hacen cada año, hay una sombra. 

SEMANA habló con ocho fuentes que conocen de cerca la erradicación, y que han participado en esta desde altos cargos en el Ministerio de Justicia, el Ejército y las Naciones Unidas. También, con erradicadores que han trabajado en los mayores enclaves cocaleros del país y con agentes de la Policía que han investigado el tema. Todos coincidieron en que la cifra de erradicación forzada es exagerada y que esas alteraciones en los reportes se vienen haciendo desde hace al menos diez años. 

Ante la imposibilidad de la aspersión aérea y las dificultades de la sustitución voluntaria, este Gobierno le ha apostado a la erradicación forzosa de la coca. 

Un erradicador, contratista de la Policía Antinarcóticos y que ha trabajado en Tumaco, el Bajo Cauca antioqueño, Putumayo, Cauca y Vichada, le aseguró a SEMANA que solo la mitad del reporte suele ser real. Dice que la otra mitad se produce tras alterar información, como las coordenadas, el tamaño de los cultivos y las fotos de los sembradíos. Por otro lado, un experto –quien no quiso revelar su nombre– que trabajó en medición de cultivos y que ha investigado todos los eslabones del narcotráfico dice que el informe falso, año tras año, ronda el 30 por ciento y tiende a aumentar en los últimos meses del año.

Consultado por SEMANA, el Ministerio de Defensa aseguró que “no ha detectado reportes presuntamente falsos en relación con la erradicación del año 2019. En cualquier caso, si se llegare a detectar presuntos reportes falsos, lo que corresponde es solicitar a las autoridades disciplinarias las investigaciones que correspondan”. La cartera no hizo referencia a informes previos. 

La erradicación forzosa tiene tres modalidades: la hacen civiles protegidos por las Fuerzas Armadas o la Policía y los militares cada uno por su lado. A cada Fuerza le trazan un resultado anual de erradicación. Para este año, por ejemplo, el ministro de Defensa le pidió 65.000 hectáreas a la Policía y un número igual al Ejército. “Si el ministro dice que este año hay que erradicar 50.000, a como dé lugar que hay que erradicar 50.000. Ahí está el error, en a como dé lugar. Teníamos la percepción de que la medición no era exacta, que si había una meta, esa era la que se informaba”, dijo un alto oficial que ha estado a cargo de los programas del Ejército contra los cultivos ilícitos.

El erradicador le contó a SEMANA lo que pasó en una de las últimas fases de trabajo en las que participó, en Villagarzón (Putumayo), a mediados del año pasado. Su relato refleja cómo esa presión por cumplir las metas llega hasta la tropa que se enfrenta a los cultivos. “La comunidad se emputó porque le iban a erradicar, entonces un teniente (de la Policía) llegó a hablar con la gente. Acordaron que, por cada hectárea, el 25 por ciento se soqueaba (cortar la planta desde la base del tronco) y los mismos campesinos la soquearon. El 25 por ciento se arrancaba y ese era para la foto, para decir que se erradicaron 100 hectáreas. Y el 50 por ciento no se tocó, se dejó parado. Incluso me dejaron encargado de medir lo que supuestamente se había erradicado”.

El experto explica que las tropas tienen unas metas por cumplir, pero, cuando llegan a los territorios, encuentran otra realidad: los hostigamientos de los grupos armados, la resistencia de las comunidades que viven de la coca, el clima, las minas antipersonal. Sin embargo, las unidades tienen que reportar cada día las metas que les trazan sus superiores, incluso en condiciones que las hacen imposibles de alcanzar. Si no cumplen esos objetivos, vienen los castigos y las anotaciones en las hojas de vida para los oficiales y suboficiales a cargo.

Antes de pasar por Putumayo, el erradicador estuvo en Tumaco, el mayor enclave cocalero del país, en diciembre de 2018. En esa ocasión, explicó, la meta era eliminar 300 hectáreas durante la fase de erradicación. “Entonces un mayor les dijo a los erradicadores: ‘El grupo que me reporte las 300 hectáreas en 35 días lo saco y lo mando a descansar’”. Asegura que un grupo de erradicadores informó sobre más de 300 hectáreas en 35 días, algo imposible por la complejidad de ese trabajo. “En 35 días por mucho mucho se sacan 100 hectáreas. En esa fase de Tumaco se reportaban potreros, y cultivos que habían erradicado hace unos meses volvían y se reportaban. Eso fue un desastre”, dijo.

La erradicación manual forzada se lleva a cabo de tres formas: por civiles protegidos o directamente por policías o por militares. El año pasado, según el Ministerio de Defensa, invirtieron 361.000 millones de pesos en estas labores.

“La Policía es más sofisticada en el proceso. Le dicen a los cocaleros: ‘Ustedes tienen 100 hectáreas, les vamos a erradicar 50’. El Ejército también lo hace, pero no tanto. Y así la comunidad no se les enfrenta. Entonces, se declara erradicada una zona que solo fue parcialmente erradicada. Y al otro año, cuando esta vuelve y aparece con coca, dicen que fue que la resembraron, y es carreta”, explicó el experto. Este reporte del erradicador coincide con los hallazgos de Naciones Unidas en sus estimaciones con imágenes de satélite. Según el Simci, solo el 17 por ciento de las zonas intervenidas con erradicación forzada o voluntaria quedaron libres de coca al final del año pasado. 

Un alto funcionario del Ministerio de Justicia que ha trabajado en política antidrogas durante dos décadas confirma que el informe de hectáreas erradicadas no corresponde a la realidad.

Según le dijo el Ministerio de Defensa a SEMANA, controlan el reporte de erradicación forzada de la siguiente manera: “Las unidades de la fuerza pública realizan erradicación diaria de cultivos ilícitos y reportan la cantidad erradicada mediante un dispositivo GPS, que captura imágenes antes y después de la erradicación. Esta información es transmitida y cargada a la plataforma del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (Simci) de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito–UNODC. De igual forma, la información de erradicación es reportada mediante poligrama o radiograma a las unidades operativas menores y mayores centrales, quienes se encargan de revisar y consolidar las cifras de cada una de las Fuerzas”.

Alterar los registros, explican el experto y el funcionario del ministerio, es fácil porque verificarlos es muy difícil. Primero, porque los reportes son confidenciales, y es difícil que alguien que no haga parte del proceso acceda a las coordenadas de ubicación de los cultivos o a los informes detallados de erradicación. “Entregan un reporte agregado, indivisible e inverificable”, afirma un analista y académico. Y también porque hacen los informes desde áreas peligrosas a las que solo entran las Fuerzas del Estado, a donde no pueden llegar por su cuenta civiles que contrasten los resultados reportados. “Se necesita mucha capacidad para medir eso. Hay territorios donde hay coca que son inexpugnables, que si los técnicos van, los pueden matar. Que si el Ejército llegaba y se iba, los medidores tenían también que irse”, explica un general del Ejército. 

De medir las hectáreas erradicadas se encargan topógrafos que viajan con las tropas. Ellos tienen que enviar la información del cultivo al sistema de monitoreo de la fuerza pública. Pero es un sistema fácilmente vulnerable, explican el experto y el erradicador, con solo enviar fotos y coordenadas falsas del cultivo. “También reportan un perímetro erradicado mucho más grande de lo que realmente era el cultivo. El que mide se va a caminar con el GPS por áreas donde no hay coca”, dijo un agente de la Policía que ha investigado este tipo de casos.

El programa Simci, de Naciones Unidas, le explicó a SEMANA que para comprobar la información que reciben de la fuerza pública la comparan con sus datos de imágenes satelitales de los cultivos. “Cuando empezó, se identificaron problemas en el registro, por lo cual se inició el desarrollo de la plataforma en 2018”, dijeron. Con esa plataforma, que aún no está lista, buscan “que se garantice una validación objetiva y verificable”.

Naciones Unidas también explicó que el reporte de erradicación de la fuerza pública puede influir en los resultados que el organismo internacional entrega anualmente, en los que contabilizan la cantidad de cultivos ilícitos que hay en el país. Según el último informe, entregado el mes pasado, Colombia disminuyó 15.000 hectáreas de coca en 2019. “La información validada en la plataforma se utiliza para hacer ajustes de temporalidad”, explicó el Simci. Es decir, si este organismo había registrado una hectárea de coca con sus satélites y luego la fuerza pública indica que erradicó esa misma hectárea después de que se tomó la imagen, el Simci puede eliminarla del reporte. Pero solo lo hace si supera sus estándares de verificación.

El experto y el erradicador confirmaron que a final de año se suman más hectáreas falsas, porque entonces el Simci ya ha terminado de tomar sus fotos satelitales. Y así miembros de la fuerza pública pueden alterar el informe de Naciones Unidas, que tiene gran impacto mediático e internacional, y sirve cada año para medir el avance de la lucha contra el narcotráfico. 

En 2019, la fuerza pública reportó 94.600 hectáreas de coca erradicadas, superando el objetivo de 80.000. Para este año determinaron una meta de 130.000. 

El erradicador señaló otra modalidad de burla del reporte que ha aplicado en varias regiones donde ha trabajado. Lo denominan “cultivo móvil”. Explica que desentierran matas de coca de un lugar y las llevan a algún matorral donde no había nada. Allí vuelven a sembrarlas, toman las fotos y reportan el matorral como un área erradicada. “Lo digo porque yo lo hice en el Putumayo, en junio pasado, y en Tumaco lo hice en diciembre de 2018”, aseguró. También afirmo que recurrieron a ese método porque las comunidades no los dejaban erradicar, y la presión por reportar se mantenía sobre la unidad de Policía. “Lo importante era que las matas no quedaran con las hojas volteadas porque Naciones Unidas verifica la foto”.

El alto funcionario del ministerio dijo que esos reportes alterados son una forma de justificar los altos costos de la erradicación forzada. “Los costos económicos y humanos son una salvajada, y la única forma de justificarlos es inflar resultados”. Solo el año pasado, nueve uniformados y un civil murieron en labores de erradicación. Al menos 60 resultaron heridos, la mayoría por minas, y muchos sufrieron amputaciones. Desde 2005, cuando se inició el programa de erradicación manual forzada, estas campañas han dejado más de 1.000 muertos, heridos y amputados. Y hoy existen más cultivos que al comienzo.

Además, solo el año pasado el país invirtió 361.000 millones de pesos en estos trabajos. Actualmente, 10.400 soldados y 1.883 policías participan en las modalidades de erradicación manual, según le explicó el Ministerio de Defensa a SEMANA. Otros analistas militares cuestionan el impacto en la seguridad que tiene desplegar tal cantidad de efectivos para aumentar las estadísticas de erradicación forzada, lo que disminuye el pie de fuerza necesario para el control territorial y la lucha contra el crimen organizado.

Estos reportes en los que se suman más hectáreas que las realmente erradicadas vendrían ocurriendo desde hace años, coinciden todas las fuentes. Y han pasado inadvertidos no solo por la dificultad de verificarlos, sino también porque a todos los que intervienen en la erradicación les conviene, agregan.

Los informes inflados no son un secreto en las Fuerzas. De hecho, las fuentes le dijeron a SEMANA que en la Embajada de Estados Unidos hay preocupación por esta situación.

El desafío de la erradicación manual ha sido una tarea titánica para el país. Los altos costos, la dificultad de la topografía, la oposición de los cocaleros, la amenaza de las organizaciones criminales, la casi nula presencia del Estado y las minas antipersonal revelan que despejar las miles de hectáreas de coca de un país como Colombia es un esfuerzo monumental.

La combinación de esas dificultades y la exigencia natural de resultados puede haber llevado a que la falta de control y transparencia haya generado unos incentivos perversos en el manejo de las estadísticas.

La lucha contra las drogas y las economías ilegales necesita certeza sobre sus cifras, ya que la erradicación de la coca es la punta de lanza. Por eso, la transparencia en sus reportes debería estar garantizada.