Judicial
Representantes de paz | De los 16 designados por el Gobierno, cinco están pedidos en extradición
Cuatro son solicitados por la justicia de los Estados Unidos, mientras que uno es requerido por las autoridades españolas.
De los 16 representantes de paz, vinculados con grupos armados ilegales, designados recientemente por el gobierno de Gustavo Petro, cinco cuentan con pedidos de extradición. Esta información fue entregada por el fiscal general, Francisco Barbosa, a su salida del Departamento de Justicia, en Washington.
SEMANA pudo establecer que cuatro de los representantes designados son requeridos por los Estados Unidos por diferentes delitos, mientras que al otro lo esperan las autoridades españolas.
En el encuentro, que se extendió por varias horas, el Fiscal General manifestó su preocupación ante toda la cúpula del Departamento de Justicia por los alcances de las resoluciones emitidas recientemente por el Gobierno de Gustavo Petro para adelantar acciones en contra de organizaciones dedicadas al narcotráfico.
“Se habló de lo que ha venido ocurriendo en Colombia, especialmente en las últimas cuatro semanas, luego de las discusiones que ustedes conocen y que se han venido planteando en el país y que serán también objeto de reunión el próximo lunes en la ciudad de Bogotá con el presidente Gustavo Petro”, detalló.
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Igualmente, se puso de presente la posición del organismo de no levantar las capturas con fines de extradición que existen en contra de los integrantes de las banda criminales de los Pachenca y el Clan del Golfo mencionados en los decretos. “Es una decisión que está respaldada también por el gobierno de los Estados Unidos o por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos”.
El jefe del ente acusador aseguró que desde el primer momento se apoyó el proyecto de la Paz Total que presentó el Gobierno. “Y por supuesto que ha sido un motivo de discusión en Colombia en los últimos días. “El proyecto de levantar esas órdenes de captura frente al ELN, se hizo y se colaboró, pero cuando estamos frente a actores que tenían órdenes de captura con fines de extradición no teníamos un marco jurídico constitucional para hacer eso”.