Represión en Venezuela aumentó durante pandemia de covid-19: Human Rights Watch

Human Rights Watch alertó sobre la preocupante actuación de las fuerzas de seguridad y autoridades en Venezuela durante los meses de pandemia de covid-19 en el país latinoamericano. Según la organización dedicada a la defensa de los Derechos Humanos, la ampliación del estado de excepción y las medidas para contrarrestar el virus han sido usadas como "una excusa para reprimir voces disidentes" al régimen de Nicolás Maduro.

Desde el 13 de marzo, fecha en que fue declarado el estado de excepción, el presidente chavista ha prorrogado cinco veces la medida superando el límite constitucional de 60 días, incluso, sin tener la aprobación de la Asamblea Nacional de mayoría opositora.

“En la Venezuela de hoy, no es posible siquiera compartir un mensaje privado via WhatsApp en el cual se critique a los incondicionales de Maduro sin temor a convertirse en objeto de persecución penal”, dijo José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW.

Entre marzo y junio la organización documentó 162 casos de persecución penal, hostigamientos y detención. Mientras que la organización no gubernamental venezolana Foro Penal señaló que hubo al menos 257 detenciones arbitrarias entre marzo y julio. "El decreto autoriza a las fuerzas de seguridad a realizar “inspecciones” cuando las “estimen necesarias” si existe una “fundada sospecha” de que se están violando las disposiciones del decreto", añade el documento con la denuncia.

A los detenidos, señala HRW, se les imutan delitos previstos en la ‘Ley contra el odio, por la convivencia pacífica y la tolerancia‘, aprobada por Maduro en 2017, la cual califica de "absurda y excesivamente amplia" que da paso a una serie de irregularidades del poder judicial en Venezuela.

Entre esos procedimientos está, además, arrestar a personas en las calles que no cumplan con el uso del tapabocas y, así como lo denunció la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) en el mes de julio hubo una “aplicación discrecional” del estado de emergencia por parte de militares que habría conducido a torturas y golpizas a civiles que incumplieron la cuarentena.

Henderson Maldonado, abogado y defensor de DD.HH, salió el pasado 31 de marzo a registrar un presunto abuso de autoridad contra un paciente con enfermedad renal, que buscaba combustible en una estación de suministro, cuando agentes de la Guardia Nacional Bolivariana se acercaron a pedirle su teléfono e identificación.

Según le dijo a HRW, el coronal Franklin Meléndez lo golpeó en su rostro y posterioremente lo esposó a una columna dentro de un destacamento militar durante cinco horas. "No le proporcionaron comida ni agua; tampoco le permitieron usar un baño ni llamar a sus familiares. Un miembro de la Guardia Nacional Bolivariana lo golpeó en la cabeza y en la mano con una botella de agua congelada y le dijo que no merecía vivir"; cita el documento.

Cuando el Movimiento Vinotinto supo del caso, lograron sacar a Maldonado de la celda "en condiciones insalubres" en la que lo dejaron. El defensor fue imputado por  los delitos de resistencia a la autoridad e instigación pública a la violencia, fue liberado con la condición de que se presentara cada 30 días ante el tribunal.

Como este, existen otros casos documentados por la organización que siguen a la espera de una investigación independiente de lo ocurrido. "Los tribunales funcionan con un cronograma limitado (durante la pandemia). Esto ha generado demoras en la tramitación de liberaciones y en el acceso a expedientes por parte de los abogados defensores". Por lo que HRW hace un llamado a que organismos internacionales pongan la lupa en la problemática.