¿Represión o garantías?: inicia pulso por multar a quienes paguen por sexo

Una propuesta de ley destinada a desincentivar la prostitución causó revuelo en las redes sociales y en el mundo político. El documento fue presentado por la Representante a la Cámara por Bogotá Clara Rojas con el objetivo de "reducir los actos de violencia en contra de esa población", así como de "evitar que Colombia se vuelva una destino de turismo sexual y de trata", según sus propias palabras.

Entre otras cosas, el texto basado en las legislaciones suecas y francesas, propone sancionar a los clientes de las trabajadoras sexuales con multas que comenzarán en 98.300 pesos (durante los dos primeros años) y aumentarán a 786.900 pesos al noveno año de su entrada en vigor. Los recursos recolectados serán destinados a crear un fondo de atención a las personas en situación de prostitución, bajo tutela de los ministerios de salud y de protección social.

La propuesta de inmediato despertó críticas desde diferentes sectores, especialmente de las trabajadoras sexuales que no encuentran la forma en que esta legislación las pueda proteger, por el contrario, se sienten arrolladas.  Fidelia Suárez, presidenta de la red de Mujeres Trabajadoras Sexuales de Latinoamérica y el Caribe (Redtrasex), aseguró que se trata de una maniobra política por parte de grupos que no tienen en cuenta a las trabajadoras de su gremio y que las quieren usar como "trampolín electoral para satisfacer ambiciones personales".

Lo cierto es que por cuenta de esta discusión, Colombia entró en la puja de dos grandes corrientes que buscan intervenir en el oficio más antiguo del mundo y que se abren camino en otros países: quienes quieren abolirla y los que buscan reglamentarla. Son sistemas opuestos que tienen una lista de aciertos y fracasos en los Estados que están implementando nuevas reglas sobre la prostitución. 

En Colombia, Medicina Legal reportó que el año pasado fueron asesinadas 51 trabajadoras sexuales. Según la Secretaría de la Mujer, existen dos perfiles distintos de personas que ejercen el oficio, lo cual refleja el cambio histórico que ha vivido la prostitución en los últimos años en la capital. (Consultar el informe) De un lado, existe un grupo de mujeres que llegaron a Bogotá hace varios años desde otras regiones del país, generalmente trabajan en la calle, carecen de estudios y son las que más denuncian haber sufrido maltratos físicos y actos de violencia.

Un segundo grupo está conformado por mujeres jóvenes, nacidas en barrios como Kennedy o Barrios Unidos; ejercen su actividad lejos del centro de la ciudad, y aunque también denuncian actos de violencia, en su mayoría no provienen de personas descobocidas sino de su propia pareja. El estudio realizado en el 2015 las describe como mujeres que concluyeron estudios hasta la secundaria y que son las mayores consumidoras de sustancias psicoactivas. Así las cosas, el soporte estadístico señala que el panorama no es blanco y negro. 

Multas llevaron al subregistro

La iniciativa que promueve Clara Rojas no es nueva en el mundo. En esta esquina de la discusión se considera que la desigualdad de género generalizada vulnera los derechos de las mujeres y que esta se refleja en la prostitución. De manera que el uso del cuerpo de la mujer a cambio de un pago es considerada un acto violento que se debe regular sin criminalizar a las "personas en situación de prostitución", las cuáles son víctimas de ese fenómeno. Por eso proponen que se sancione a los clientes y los fenómenos conexos con el fin de reducir al mínimo posible el pago por sexo.

Suecia es uno de los países que ha explorado propuestas como la de Rojas. En ese país se impusieron multas a los clientes de "personas en situación de prostitución" al mismo tiempo que implementaron medidas en contra de la alteración del orden público y el proxenetismo, normas que están en vigor desde 1999. A su favor, esta legislación logró reducir drásticamente la prostitución de calle: 2.500 mujeres ejerciendo en 1999 frente a 100 en 2013. Sin embargo, un estudio de la investigadora de Cience Po paris, Janine Mossuz-Lavau, revela que el fenómeno brotó en otros lugares clandestinos, fuera del alcance de las autoridades y de las asociaciones de ayuda.

En el otro extremo están quienes estiman que el trabajo sexual es un empleo como cualquier otro que debe ser regulado por un marco legal que limite las agresiones de las que puedan ser víctimas las "trabajadoras sexuales". Para ellos, eso se puede lograr a través de la oferta de derechos laborales y de salud, así como de espacios de trabajo que no reduzcan el recurso al servicio sexual sino que lo legalicen como un acuerdo consensuado de prestación de servicio entre dos personas mayores.

En Holanda la prostitución y los burdeles han sido legalizados en el marco de una normativa que ordena su protección. Como resultado, algunas de las trabajadoras sexuales han tenido acceso a derechos laborales y de salud que han mejorado sus condiciones cotidianas, pero muchas siguen sin registrarse formalmente. En tanto que a pesar del endurecimiento de las leyes contra la explotación infantil y la trata de personas, que acompañó la legalización, las estadísticas son todavía borrosas respecto al aumento que puede existir en materia de explotación sexual, de acuerdo con lo que indicó el informe del relator nacional sobre el tráfico de personas de los países bajos, publicado en 2014.

En Colombia, esta última ha sido la postura que desde las altas cortes se ha impartido en garantía de los derechos de las mujeres que escogen este oficio. Para quienes son víctimas, el alto tribunal viene ordenando al gobierno medidas de protección que les permitan salir de esta situación de vulnerabilidad y reubicarlas en otras formas de trabajo.

Sin embargo, hasta ahora Colombia no ha podido hacer una regulación en la materia, argumento que recoge Rojas para impulsar su iniciativa. "Hace más de un año se presentó en el Congreso una propuesta de reglamentación impulsada por el senador Armando Benedetti que no prosperó. Ellas mismas reconocen que la mayoría no tiene un contrato estable porque detrás hay un negocio. Les tocan condiciones de trabajo muy precarias, pero tampoco quieren formar parte de un estudio de caracterización, ni tampoco registrarse ni censarse", explica la parlamentaria, quien asegura que para lanzarse al ruedo con esta propuesta, consultó a varias asociaciones de trabajadoras sexuales que tienen una postura muy distinta a la de Fidelia Suárez.

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Fidelia es una reconocida lider que agremia a un sector de las trabajadoras sexuales del país. Ella indica que responderá a la iniciativa de Rojas con su propio proyecto de ley, que busca saldar la deuda que tiene el Estado con las trabajadores sexuales con el fin de garantizarles los derechos de salud integral y derechos laborales a través de una reglamentación integral del oficio, al igual que ocurre con cualquier otro sector de la población.

Aunque en Colombia, existen castigos para los delitos de trata de personas y de explotación infantil, así como regulaciones de los espacios en los que se puede ejercer la actividad, no hay un marco jurídico específico que proteja los derechos de las personas que ejercen voluntariamente la prostitución. De manera, que Fidelia Suárez lo que pide es que se adapten las medidas legales a la cultura y a las características de la población del país en el que serán implementadas. "No se puede copiar tal cual un modelo de un país a otro sin tomar en cuenta sus particularidades", dice.

En este sentido, la protección que propone debe ir enmarcada a la protección cuando exista recurrencia de su exposición a actos violentos y enfermedades de transmisión sexual, la imposibilidad de salirse de la profesión por carecer de alternativas para generar recursos para su familia y el inicio al trabajo sexual desde la temprana infancia, combinado con un trasfondo de circuitos de trata de persona y de estructuras del crimen organizado que suelen dominar las zonas en las que se concentra la prostitución en el país.

Con este diagnóstico, comienza la puja para la protección de las trabajadoras sexuales. Aunque por ahora, las caras visibles sean Fidelia Suárez y Clara Rojas, a la controversia habrá que sumar otros grupos que también tienen influencia como la Iglesia Católica y los cristianos cada vez más numerosos en el país. ¿Represión o garantías? este es el pulso que apenas comienza con el fin de definir el futuro de la prostitución. 

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