El 2024 será un año crítico para Colombia

Colombia volvió a encender las alarmas sobre el abastecimiento futuro del gas natural. En efecto, la Unidad de Planeación Minero Energética (Upme) informó que, si la demanda sigue al ritmo actual, el país enfrentará en 2024 un déficit que obligaría a incrementar, de forma sustancial, sus importaciones.

Ese escenario resulta muy complejo porque afectaría a los hogares, la movilidad pública y privada, la industria y las térmicas que dependen de ese combustible. Cálculos de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) indican que en la última década las reservas probadas de gas pasaron de 13,5 años a 9,8 años. Esto ocurre porque varios campos ubicados en la costa norte y en los Llanos ya están en la etapa de declinación productiva. 

En el sector industrial y el domiciliario, el país no prevé crecimientos significativos en la demanda futura, por lo menos en el corto plazo. Pero nuevos actores que se abastecen de gas están cambiando la ecuación del consumo. 

Por un lado, los buses de los sistemas de transporte masivo impulsados con gas, principalmente, en Bogotá. Por el otro, las plantas térmicas a gas, que en el futuro respaldarán las energías renovables no convencionales eólicas y solares, pasarán de generar menos de 50 megavatios en 2018 a 2.500 megavatios en 2022. Eso tras la subasta que realizó el Ministerio de Minas el año pasado.

El gas también es un actor clave para la transición energética, pues les dará confiabilidad a las energías renovables, cuya naturaleza variable depende en buena medida de las condiciones metereológicas de sol y vientos. 

Además de actuar como respaldo, el gas sustituirá, en principio, a otros combustibles que provocan altas emisiones como la gasolina, el ACPM y el carbón. Según el Plan Energético Nacional desarrollado por la Upme, en 2050 la demanda de electricidad generada en su mayoría por gas y energías renovables superará la de combustibles líquidos.

Hoy el país consume el 48 por ciento de combustibles líquidos, mientras que el gas natural y la energía eléctrica representan un 30 por ciento. Se espera que esta relación se invierta en las próximas tres décadas, lo que significará que la demanda de gas y energía eléctrica pasará a 46 por ciento. Para lograr este cambio en la matriz energética, el Ejecutivo debe adoptar medidas que garanticen desde ya el abastecimiento de gas.

Ministra de Minas, María Fernanda Suárez.

Para enfrentar estos escenarios, la ministra de Minas, María Fernanda Suárez, explica que el Gobierno ya tiene una hoja de ruta para evitar un eventual desabastecimiento y garantizar la transición. Y, por eso, existe el reto de buscar nuevas fuentes de gas en yacimientos convencionales.

El año pasado, la ANH hizo un esfuerzo importante para reactivar el sector con el proceso de asignación de áreas y la firma de contratos offshore (costa afuera). Sin embargo, resulta insuficiente, pues Colombia cuenta con aproximadamente 3 terapies cúbicos de gas, muy lejos de países como Venezuela, con cerca de 500, o Argentina, que llega a 15.

En este punto, el desarrollo de los yacimientos no convencionales –o fracking– se convierte en la gran alternativa para el país. No solo permitiría aumentar las reservas de gas y de petróleo, sino que, de paso, sería una fuente importante de ingresos.

El Ministerio de Minas estima que un eventual desarrollo de fracking aumentaría las reservas de gas natural y de crudo, que podrían pasar de 9,8 años a 35 o 50 años, y de 8 a 22 años, respectivamente.

También sería una gran opción de ingresos para el erario. El MinMinas considera que el PIB podría aumentar 10 por ciento, la inversión extranjera directa un 40 por ciento y surgirían 68.000 puestos de trabajo.

A pesar de la impopularidad de esta técnica, sobre todo entre los ambientalistas, el ministerio les apuesta a los no convencionales. Los interesados esperan en unas semanas conocer el decreto con los lineamientos para adelantar actividades de exploración de los Proyectos Piloto Integrales de Investigación (PPII): estos forman parte de las recomendaciones de la comisión interdisciplinaria de expertos y fueron autorizados por el Consejo de Estado.

Cabe recordar que el Consejo de Estado mantiene suspendido el fracking en el país por el principio de precaución, pero sí autorizó desarrollar los PPII, en tres etapas: condiciones previas, exploración y monitoreo, y evaluación. 

La ministra Suárez está haciendo todo lo posible para acelerar el proceso. Pero aún hay mucho trecho entre la exploración y la explotación, y no es claro si el país podrá implementar el fracking hasta que este tribunal tome una decisión al respecto. Por el momento hay más dudas que certezas.

El Gobierno tiene claro que el tiempo corre y no se puede dar el lujo de depender solo de un eventual desarrollo del fracking. Por eso, el ministerio ya tiene listo un plan de inversiones que garantizará a largo plazo el suministro de gas importado.

De acuerdo con la ministra, el plan contempla ocho grandes obras de regasificación y transporte que costarán cerca de 800 millones de dólares, recursos que deberán salir de las tarifas de gas y electricidad de los colombianos.

La construcción de la regasificadora del Pacífico, en Buenaventura, tendrá un costo aproximado de 327 millones de dólares. Representará el 10 por ciento del consumo del total nacional y asegurará el suministro del suroccidente del país.

El panorama es complejo. Aunque lo ideal sería tener un cambio en la matriz energética más limpia en el corto plazo, eso no es posible. El gas y el petróleo seguirán necesitándose y el año 2024 está a la vuelta de la esquina. La seguridad energética está en juego en el país; por eso, todas las opciones deberán estar sobre la mesa.