Las pobres cifras de la restitución de tierras

“La restitución empezó ya", sentenció el presidente Juan Manuel Santos recién asumió su Gobierno. Sin embargo, con lo que él y pocos no contaban es que el proceso de reparación de los más de seis millones de víctimas de desplazamiento iba a encontrar tantas "trabas".

Siempre se supo que la puesta en marcha de la Ley de Víctimas no iba a ser fácil. Pero es ahora, cuando se cumplen cinco años de su implementación, que se tienen claramente definidos los múltiples obstáculos que enfrenta el proceso de reparación.

De las 87.118 solicitudes presentadas ante los estrados, sólo una minoría, apenas 2.943, han sido resueltas judicialmente en favor de las víctimas. Un mínimo porcentaje comparado con las miles presentadas hasta ahora, sostiene la Fundación Forjando Futuros en un balance que hizo de este proceso y que fue divulgado este viernes.

Han pasado poco más de cinco años desde cuando el Gobierno puso a andar el proceso de restitución y sólo el 3,4 % de las solicitudes han sido falladas para devolver millones de hectáreas que fueron despojadas violentamente.

En este tiempo se han emitido 1.500 sentencias y ya son evidentes los desafíos: hectáreas sembradas de minas antipersonal, amenazas contra los campesinos reclamantes y desarticulación institucional. El reporte, titulado “Han pasado cinco años y la restitución de tierras no avanza”, es un análisis de las sentencias que han emitido los jueces de tierras desde diciembre del 2011.

El 94 % de esas sentencias se fallaron en favor de las víctimas, a las que se devolvieron 2.645 predios, un total de 197.927 hectáreas.

Según la Fundación, de este grupo se han beneficiado 1.456 familias de 31 comunidades indígenas del Alto Andágueda (Chocó), y 762 familias afrodescendientes que también resultaron beneficiadas en procesos de restitución colectiva en Renacer Negro, en Timbiquí.

Forjando Futuros es una ONG que apoya procesos de reparación de las víctimas que ha dejado el conflicto en Urabá y Antioquia, liderada por Gerardo Vega, quien advierte que la lentitud de los casos "se ha acentuado mucho más". Explica que "la expectativa que había al comienzo eran cifras estimadas en 360.000 casos, ahora se dice que no. Que son 78.000 los que se han recibido”.

Para Vega las cosas no han mejorado en este tiempo, “se ha hecho más lento, más costoso y con más trámites. Se burocratizó el proceso en el Gobierno y hay falta de voluntad política para avanzar”, señaló.

Entre las observaciones que hacen, puntualizan en varios puntos que han entorpecido más los procesos. Uno de ellos tiene que ver con los asesinatos de los líderes reclamantes de tierras, la poca gestión de procesos colectivos que puede beneficiar a más víctimas. Finalmente, "la microfocalización, la autorización del ministro de Defensa para saber dónde, sí o no, autoriza el proceso".

Garantizarles a los casi ocho millones de víctimas del conflicto que los vejámenes que sufrieron no se van a repetir no ha sido una tarea fácil. Más desde cuando el Gobierno puso andar el proceso de restitución de tierras a sabiendas de que los enfrentamientos y hostigamientos se mantenían vivos.

De acuedo con el informe, el departamento que más sentencias ha conseguido a su favor es Córdoba, en donde de 3.094 solicitudes presentadas, 691 han fallado a favor.

En los últimos lugares se encuentran Amazonas, Arauca, Atlántico, Bogotá, Boyacá, Caquetá, Casanare, Guainía, Guaviare, Huila, La Guajira, Quindio, Risaralda, Vaupés y Vichada, quienes cuentan con un vergonzoso porcentaje del 0 % de solicitudes resueltas judicialmente.

No ha sido una tarea fácil. El entorpecimiento de los procesos también corre por cuenta de terceros ocupantes. Es decir, quienes hoy habitan o tienen los títulos de propiedad de las tierras despojadas de los reclamantes, quienes pueden actuar por su propia cuenta o tienen vínculos o contactos con sectores armados ilegales.