Las pruebas de la Fiscalía contra Silvia Gette por homicidio de ganadero

Luego de que la Fiscalía confirmara este fin de semana que encontró elementos suficientes para imputar a la exrectora de la Universidad Autónoma del Caribe Silvia Gette Ponce como presunta responsable del homicidio del arquitecto y ganadero Fernando Cepeda Vargas, se conocieron las pruebas del ente acusador en el caso.

Todo empezó en 1987, cuando Gette, de nacionalidad argentina, llegó al país con la compañía Pepe Bronce, un espectáculo itinerante para adultos. En Bogotá conoció a Mario Ceballos Araújo, exmagistrado del Tribunal Administrativo del Atlántico, quien fundó en 1967 la Universidad Autónoma del Caribe.

La pareja se instaló en Barranquilla, donde Gette empezó a trabajar en la universidad donde Ceballos oficiaba como rector. La mujer ejercía el puesto de ‘coordinadora artística’ de la institución y, de a poco, empezó a ganar notoriedad por su aparición en un espacio televisivo de la Uniautónoma en el canal regional Telecaribe.

El tiempo pasó y, como esposa del rector, fue ganando poder en las decisiones de la universidad. Pero su llegada no cayó bien en varios sectores del claustro, a tal punto que, en 1995, Gette se declaró víctima de un complot y denunció penalmente al entonces vicerrector Antonio Vallejo, la hija del rector, María Paulina Ceballos, y el esposo de esta, Fernando Cepeda Vargas.

Los tres fueron capturados y señalados por la Fiscalía por el delito de concierto para delinquir agravado. Sin embargo, cuando el caso fue trasladado a Medellín en 1999, un juez absolvió a los acusados.

Ese mismo año, el abogado de Gette, John Jairo Ramírez, encendió el ventilador y confesó ante la Fiscalía que, con dinero de la Uniautónoma, había sobornado a fiscales e investigadores del caso. Según dijo, le pagaban una suma mensual al detective que recogió las pruebas para la investigación del ente acusador, e incluso le dieron un aguinaldo de cinco millones de pesos.

La declaración llevó a la apertura de una investigación contra Silvia Gette. En 2001, el abogado ratificó sus denuncias, y un año después, en agosto de 2002, fue asesinado por un sicario en una calle de Barranquilla.

Fernando Cepeda Vargas (esposo de María Paulina Ceballos, como se señaló anteriormente) se empecinó en el proceso contra Gette y a los pocos meses, el 22 de agosto de 2003, también fue asesinado en la capital del Atlántico.

Las razones de su asesinato no fueron objeto de indagación durante años, hasta que, en 2011, dos paramilitares desmovilizados señalaron a Gette como responsable de los crímenes.

Se trata de Édgar Ignacio Fierro, alias Don Antonio, y Jhonny Acosta Garizábalo, alias 28; ambos declararon ante la Fiscalía que Silvia Gette les pagó 150 millones de pesos por el asesinato de Fernando Cepeda.

Ahora, la Fiscalía cree que Gette “sería determinadora del delito de homicidio agravado” y basa su acusación en testimonios recopilados en la investigación. Estos señalan que la mujer tuvo “una supuesta diferencia personal con el ganadero” por la que habría pagado una alta suma de dinero a jefes del Bloque Norte de las extintas autodefensas para que lo asesinaran.

“Esta versión fue reafirmada por varios postulados a Justicia y Paz, entre ellos, Édgar Ignacio Fierro, alias Don Antonio, entonces cabecilla del Frente José Pablo Díaz de las AUC, estructura que ejecutó el crimen”, detalló el ente acusador en un comunicado.

La Fiscalía explica que una fiscal delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá da credibilidad a los testigos del caso, toda vez que Gette fue condenada a seis años de prisión por el delito de soborno tras demostrase que, en febrero de 2013, intentó persuadir al paramilitar Don Antonio y otros miembros de su grupo ilegal para que cambiaran sus declaraciones y no la culparan por el homicidio.

A principios del pasado mes de abril, María Paulina Ceballos fue absuelta en el caso del homicidio de su esposo, proceso por el que se defendía desde septiembre de 2014. Tras declararla inocente, un juez de Bogotá condenó a Martha Lucía Pinilla, una exinvestigadora del CTI que la incriminó y protegió a Gette, al parecer, a cambio de 80 millones de pesos.

La resolución de acusación del ente investigador revoca también una decisión que precluyó la investigación a favor de Gette, quien permanece privada de la libertad en la cárcel El Buen Pastor de Barranquilla pagando nueve años de prisión por otro caso, el desfalco a la Universidad Autónoma del Caribe.