“Retorno del paramilitarismo”, la escalofriante alerta temprana de la Defensoría para Casanare

La Defensoría del Pueblo emitió la alerta temprana 008 de 2021 sobre cinco municipios del departamento del Casanare debido a las amenazas de grupos sucesores del paramilitarismo como consecuencia de los avancen que habrían logrado los grupos guerrilleros del ELN y facciones disidentes de las FARC.

Como es usual, la entidad informó al ministro del Interior, Daniel Palacios, sobre los detalles de la alerta temprana sobre el departamento y los habitantes de los municipios Sácama, La Salina, Támara, Yopal y Aguazul, en Casanare, así como la población que habita en los municipios de Pajarito, Paya y Pisba, en Boyacá.

Las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) publicaron un panfleto amenazante que conoció la Defensoría, en el que informan que harán una limpieza social con el objetivo de mantener al Casanare “libre de guerrilla”, específicamente de los integrantes del ELN y de los frentes 28 y 10 de las disidencias de las FARC, que estarían presentes en los municipios mencionados. Es decir, “el retorno del paramilitarismo a los municipios del departamento de Casanare se da como consecuencia de los crecientes avances que al parecer han logrado los grupos guerrilleros”, según el documento de la entidad dirigido a Palacios.

En el documento, los delincuentes advierten sobre posibles extorsiones para financiarse a los empresarios, comerciantes, transportadores, quienes se dedican a actividades de hidrocarburos, ganaderos y arroceros, entre otros. Además, el panfleto dice que la personas que ejercen liderazgos sociales y la defensa de los derechos humanos están en riesgo, pues dicen que obstaculizan su actividad represiva.

“A los empresarios les vamos a pedir un pequeño aporte del 3 % de sus ganancias por contratación que sabemos será suficiente para nuestro sostenimiento. A los ganaderos y arroceros, cuando pasemos a visitarlos por sus fincas les iremos dando a conocer personalmente el apoyo que requerimos de su parte porque sabemos que son un gremio que ha sido muy afectado por ladrones y por delincuentes de FARC y ELN”, amenazan los delincuentes de las AGC en el mismo panfleto que motivó la alerta temprana.

Las amenazas se han presentado también en videos y más panfletos que circulan en las redes sociales, mensajes telefónicos a sus víctimas, secuestros extorsivos, instalación de artefactos explosivos e incluso homicidios selectivos. Un ejemplo de ello es lo que sucedió en noviembre en Aguazul, cuando las calles y las señales de tránsito fueron pintadas con siglas del grupo paramilitar, tan solo dos meses después de que el frente 28 de las disidencias de las Farc enviara un video extorsionando a los contratistas e ingenieros del mismo municipio.

De hecho, la Defensoría señala que quienes están bajo mayor riesgo son los líderes sociales de los corregimientos de Cupiagua, Plan Brisas y Cunamá, de Aguazul, junto con los de El Morro, que comprende 18 veredas del municipio de Yopal. Por tanto, es posible que puedan presentarse amenazas, señalamientos, atentados contra la integridad personal, homicidios selectivos, masacres, secuestros y desapariciones forzadas.

“La preocupación y el temor, han impedido que la población denuncie formalmente ante las autoridades correspondientes. A pesar que quienes han decidido comentar lo sucedido a las autoridades, habrían recibido como respuesta la negación de la presencia de dichos grupos armados ilegales en el territorio”, dice el documento.

Por todo esto, hay una creciente percepción de inseguridad entre la ciudadanía, tanto en las calles de los centros urbanos como en las carreteras intermunicipales del Casanare, por la desconfianza en la gestión de las autoridades de todo tipo, así como factores de riesgo como el consumo de sustancias psicoactivas que dinamizan el narcotráfico y narcomenudeo; los delitos y robos callejeros, a viviendas y vehículos; el incremento de la indigencia y la presencia de población migrante en altas condiciones de vulnerabilidad y precariedad socioeconómica. La Defensoría señala que todas estas expresiones de la problemática social de los municipios señalados exacerban la xenofobia y desconfianza hacia los venezolanos que han sido tan socialmente estigmatizados.

El llamado que hace la Defensoría del Pueblo es a adoptar medidas de prevención y protección urgentes para proteger a la población civil, especialmente en los sectores que tienen mayor riesgo de sufrir agresiones violentas. Además, la entidad aclara que el Estado debe considerar las alertas tempranas emitidas en el pasado para los municipios de La Salina y Sácama, así como Corozal y Paz de Ariporo, en relación con las amenazas de posibles incursiones de sectores del paramilitarismo en el territorio.